publicidad

Gobernadores exigen reforma

Gobernadores exigen reforma

Gobernadores demócratas de EU temen que la falta de una reforma migratoria cause fricciones entre los estados.

Reforma amplia

Un grupo de gobernadores demócratas manifestó frustración por la ausencia de medidas federales para impulsar una reforma migratoria, y señalaron que esto podría causar fricciones entre los estados que buscan aplicar prohibiciones propias para combatir la inmigración indocumentada.

"Necesitamos una política federal amplia. No podemos resolver este asunto estado por estado y ése es el único recurso que nos queda", indicó la gobernadora del estado de Kansas, Kathleen Sebelius, ante periodistas en la Escuela Clinton de Servicio Público en el centro de Little Rock, la capital del estado de Arkansas.

Sebelius, presidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas, habló en esa institución acompañada por la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano; el gobernador de Arkansas, Mike Beebe, y el gobernador de Tenesí, Phil Bredesen.

Los cuatro gobernadores también planeaban llevar a cabo una ronda de encuentros privados sobre políticas de salud pública el jueves por la tarde.

Culpan al presidente

Tras una discusión en grupo de una hora con estudiantes de la escuela, los gobernadores dijeron a los periodistas que lo único que les quedaba era responder con sus propios planes para combatir la inmigración ilegal ante el fracaso de las propuestas del presidente George W. Bush en ese tema en el seno del Congreso en este año.

publicidad

"Quizás las quieran abordar después de las elecciones presidenciales, pero hasta entonces, los estados van a tener que trabajar por su cuenta", indicó Napolitano, quien aprobó una iniciativa de ley a principios de este año que permite al gobierno de Arizona revocar las licencias de comercio a los patrones que contraten a sabiendas a inmigrantes ilegales.

Bredesen indicó que la falta de una ley federal ha dejado a los estados preguntándose cómo pueden aplicar las medidas en contra de la inmigración ilegal.

"Tenemos todo tipo de familias, donde los padres son inmigrantes ilegales y los estudiantes son ciudadanos estadounidenses. Hasta que el gobierno federal decida, por ejemplo, qué vamos a hacer con esas familias, no tenemos poder para abordar estos temas. Ya no puedo deportar a alguien como gobernador mientras no verifique su status legal. Esas son leyes federales, y está en ellos ayudarnos en ese proceso", indicó Bredesen.

Debate truncado

La reforma migratoria exigida por el grupo de gobernadores demócratas fue detenida por el Senado el 28 de junio debido a falta de apoyo bipartidista.

Un plan tripartita elaborado en secreto entre los meses de marzo y abril por negociadores demócratas, republicanos y de la Casa Blanca, propuso una ley basada en un fuerte componente de seguridad nacional que incluía una vía para legalizar a indocumentados que se encontraban en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2007 y carecieran de antecedentes criminales.

publicidad

El proyecto fue enviado al Senado, instancia que comenzó a debatirlo a fines de mayo. Pero republicanos y demócratas dejaron la puerta abierta para la presentación de enmiendas y la iniciativa quedó a medio camino a comienzos de junio.

A mediados de ese mes, los líderes de ambos partidos dispusieron reanudar las conversaciones, pero el día 28 la propuesta fue desestimada al no contar con un mínimo de 60 votos de los 100 escaños del Senado.

Derrumbe de esperanzas

Demócratas como republicanos se culparon del fracaso, mientras 12 millones de indocumentados vieron frustradas sus esperanzas de legalizar sus permanencias en Estados Unidos.

La propuesta de mayo iba a permitir que los indocumentados obtuvieran, tras el pago de una multa,  una visa temporal de residencia válida por tres años. Durante ese tiempo serían fichados por el gobierno para recibir la autorización de iniciar un proceso para recibir la residencia permanente.

Una vez chequeados por el FBI y obtenido el permiso para la segunda fase, los favorecidos deberían pagar una segunda multa, salir del país e iniciar un trámite de residencia en la embajada de Estados Unidos, gestión que podía demorar un año.

Lluvia de críticas

La recomendación desató fuertes críticas entre grupos que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, quienes exigían una reforma migratoria amplia que no obligara a los beneficiarios abandonar sus familias y exponerlos a un trámite que no garantizaba el retorno a Estados Unidos.

publicidad

También criticaron las multas, que ascendían a unos $13,000 por cada inmigrante favorecido con la reforma.

La cancelación del debate dejó la vía libre para que gobiernos municipales y estatales tomaran iniciativas propias para hacer frente al problema de la inmigración indocumentada en el país.

Reformas a medias

Un reporte divulgado en agosto por la Conferencia Nacional de legislaturas Estatales reveló que en los últimos dos años las legislaturas de los estados, ante la ausencia de medidas del gobierno federal sobre inmigración -y en particular del Congreso-, han debatido 1,404 medidas y aprobado 170 leyes.

Uno de los estados más afectados por este tipo de leyes es Arizona, donde el miércoles entraron en vigor varias medidas para combatir la inmigración indocumentada.

Una de las medidas vigentes niega todo tipo de ayuda a los extranjeros sin estatus legal de permanencia y obliga a los funcionarios públicos denunciar la presencia de extranjeros ilegales a las autoridades del servicio de inmigración.

El fracaso anterior

Entre noviembre de 2005 y mayo de 2006 el Congreso también debatió una reforma migratoria que al final tampoco fue aprobada.

La Cámara de Representantes había aceptado una ley que criminalizaba la estadía indocumentada y el Senado respondió con una legislación que rechazó la decisión de la Cámara Baja y optó por aprobar un plan de reforma que incluía una vía de legalización para la mayoría de los 13 millones de inmigrantes indocumentados.

publicidad

El 3 de junio de 2006 el entonces liderazgo republicano del Congreso canceló la convocatoria del Comité de Conferencia -instancia que debía armonizar las dos versiones- bajo el argumento que el plan senatorial no era congruente con la política de seguridad nacional del gobierno federal.

publicidad
Contenido Patrocinado
En alianza con:
publicidad
publicidad