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Freno a ley antiinmigrate

Freno a ley antiinmigrate

Un juez federal bloqueó partes de una ley antiinmigrante de Oklahoma por considerar que violan la Constitución de EU.

Detalles del fallo

OKLAHOMA CITY, Oklahoma - Un juez federal bloqueó el lunes partes de una ley antiinmigrante de Oklahoma por considerar que las medidas probablemente son inconstitucionales, reportó The Associated Press.

Se trata del segundo fallo judicial en menos de una semana que afecta a una ordenanza en contra de los inmigrantes indocumentados. El 29 de mayo un juez federal anuló una ley aprobada por el Concejo de Farmers Branch que prohibía a los propietarios alquilar casas y negocios a inmigrantes sin papeles.

Al igual que el fallo en Oklahoma City, el juez dijo que la ley era inconstitucional y que el control de la inmigración indocumentada en Estados Unidos es una tarea que le corresponde al gobierno federal.

El juez de distrito Robin J. Cauthron emitió una orden preliminar en la que prohibió la implementación de cláusulas de la ley que imponen penalizaciones a empresas que no cumplan con el sistema federal de verificación de empleados.

El magistrado emitió la orden con relación a una demanda presentada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Cámara de Oklahoma y otros grupos empresariales, que argumentaron que el sistema de verificación electrónica es voluntario bajo la ley federal y que las empresas no deberían estar sujetas a penalizaciones estatales, dijo AP.

"Por medio de penalizaciones civiles severas, la ley de Oklahoma injustamente pasa la responsabilidad de la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno a las espaldas de los empresarios", dijo Robin Conrad, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio estadounidense, en un comunicado.

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Lluvia de prohibiciones

Las cláusulas en vigor desde noviembre en Oklahoma prohíben, además, que los indocumentados reciban servicios públicos financiados con impuestos y declaran delito transportar o albergar a indocumentados, algo criticado enérgicamente por las agencias sociales que trabajan con la comunidad de inmigrantes.

La estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil. Los grupos sociales, entre ellos el Consejo Nacional de La Raza, el principal grupo hispano de Estados Unidos, han denunciado que las leyes y ordenanzas antiinmigrantes en las ciudades y estados criminalizan una falta que la ley federal no la contempla como un delito criminal grave.

Ocho meses en vigencia

La ley del estado e Oklahoma entró en vigor en noviembre del 2007, pero las cláusulas referentes a las empresas iban a aplicarse a partir del 1 de julio de 2008.

Cauthron dijo que los demandantes probablemente establecerían que la medida estatal se adelanta a la ley federal de inmigración.

El fiscal general Drew Edmondson defendió la ley. "Nosotros intentaremos superar este obstáculo cuando el asunto sea analizado en una audiencia sobre una prohibición permanente", dijo.

El representante republicano Randy Terrill, que introdujo la ley, predijo que el caso sería apelado si los demandantes ganan.

La verificación de empleo

El sistema de verificación de empleo (E-Verify) fue ideado por el gobierno de Washington en respuesta a los ataques terroristas de 2001 y con el propósito de controlar a la totalidad de los trabajadores extranjeros en el país.

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E-Verify se encuentra conectado con las bases de datos de la Administrciòn del Seguro Social (SSA) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), herramientas que reúnen datos de millones de personas, tanto ciudadanos como residentes legales en Estados Unidos.

El programa es la segunda parte del Sistema Básico de Verificación de Empleo (EEV) que fue aprobado por el Congreso en noviembre de 2003.

Sistema voluntario

El sistema, al que los empleadores acceden voluntariamente -por teléfono o internet- faculta al gobierno federal para que verifique la identidad de cualquier trabajador extranjero, coteje su nombre y números de identidad con otras bases de datos, y compruebe que tiene visa y permiso para laborar en el país.

La ley de Oklahoma volv'ia obligatorio un sistema federal que señalaba lo contrario.

Un segundo sistema fue habilitado en julio del año pasado por DHS. Se trata del ICE Mutual Agreement between Government and Employers (IMAGE), otra "herramienta" del gobierno para hacer más riguroso el control sobre los centros de trabajo y fortalecer la batalla que libra en contra de la inmigración ilegal.

Un tercer plan paralelo impulsado por el DHS, basado en el envío de cartas a empleadores advirtiendo sobre reglas más severas a quienes contraten a indocumentados, por ahora se encuentra suspendido por orden de un juez federal de San Francisco.

La ley de Farmers Branch

La semana pasada, cumplido un año y medio después de que el Concejo Municipal de Farmers Branch, Texas, aprobara una ley que prohibía a los propietarios alquilar sus negocios y casas indocumentados, un juez federal dictaminó que la ordenanza -respaldada por un referendo- es i constitucional.

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Sólo el gobierno federal puede regular la inmigración indocumentada en Estados Unidos, concluyó el juez federal de distrito Sam A. Lindsay.

La ciudad no sometió el asunto al gobierno federal, violando la cláusula de supremacía en la constitución, que le permite al gobierno del país desplazar a leyes locales, agregó el magistrado.

Historia de la ley

En noviembre de 2006 el concejo municipal de Farmers Branch aprobó por unanimidad una serie de medidas antiinmigrantes, una de las cuales prohíbe a los propietarios de empresas que contraten indocumentados, y el alquiler de propiedades a extranjeros sin estatus legal de permanencia en el país.

Otro de los reglamentos hizo del inglés el idioma oficial de la localidad, mientras que una tercera ordenanza concedió poderes extraordinarios a la policía local para que investigue si sospechosos bajo custodia son indocumentados.

Celebran el fallo

Para la activista Elizabeth Villafranca, el fallo de Farmers Branch es uno de los mejores alicientes que puede tener la comunidad hispana de la zona que últimamente ha sido "bombardeada" por un clima antiinmigrante.


"Mucha gente ya se ha ido de aquí y los que se han quedado vivían con temor e incertidumbre. Pero ahora parece que éste es el mejor paso para seguir luchando y tratar de cambiar la política que reina en el Concejo Municipal de Farmers Branch", aseveró.

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"Los propietarios de departamentos también deben tomar esto como un anticipo de los esfuerzos de una comunidad que no da sus brazos a torcer", agregó.

En lo que va de 2008 más de 1,300 leyes similares han sido debatidas en al menos 34 estados de Estados Unidos.

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