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Fecha para verificar empleo

Fecha para verificar empleo

A partir del 26 de diciembre los patronos deberán completar un formulario por cada uno de los trabajadores extranjeros contratados.

Uno para cada empleado

A partir del 26 de diciembre los patronos deberán completar un formulario por cada uno de los trabajadores extranjeros contratados en sus empresas. Quien no cumpla con este requisito podrá ser sancionado, advirtió el servicio de inmigración por medio de un comunicado.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)  precisó que el registro debe hacerse por medio del nuevo Formulario I-9, el cual fue revisado y ampliado para ajustarlo a los nuevos requerimientos de seguridad.

"Todos los empleadores están obligados a completar el Formulario para cada uno de los empleados contratados en Estados Unidos", apuntó la agencia.

En cuanto a la supervisión de la orden, Dan Kane, portavoz nacional de la USCIS, dijo a Univision.com que esa tarea estará a cargo de la Immigration and Customs Enforcement (ICE), "agencia que se encarga de esas funciones".

Plan nacional de seguridad

La verificación de empleo forma parte de las políticas de seguridad del gobierno federal para combatir la inmigración indocumentada.

El pasado 17 de septiembre la USCIS activó 'en línea' el programa E-Verify, sistema que revisa las fotografías de las autorizaciones de empleo y de las tarjetas verdes o green card de los trabajadores foráneos y las compara con su base de datos.

Para poder verificar la identidad de un trabajador, el empleador debe llenar un Formulario I-9 y solicitar al gobierno que revise los datos de identidad del empleado.

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Gigantesca base de datos

El sistema de verificación se encuentra conectado con las bases de datos del Social Security Administration (SSA) y del departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), herramientas que reúnen datos de millones de personas, tanto ciudadanos como residentes legales en Estados Unidos.

E-Verify es la segunda parte del Sistema Básico de Verificación de Empleo (EEVS, por sus siglas en inglés) que fue aprobado por el Congreso en noviembre de 2003, activado en respuesta a los ataques terroristas de 2001.

El sistema, al que los empleadores acceden por teléfono o Internet, faculta al gobierno federal para que verifique la identidad de cualquier trabajador extranjero, coteje su nombre y números de identidad con otras bases de datos, y compruebe que tiene visa y permiso para laborar en el país.

Sistema paralelo

Como si no bastara, un segundo sistema fue habilitado en julio por el DHS.

Se trata del ICE Mutual Agreement between Government and Employers (IMAGE), otra "herramienta" del gobierno para hacer más riguroso el control sobre los centros de trabajo y fortalecer la batalla que éste libra en contra de la inmigración ilegal.

Un tercer plan, impulsado por el DHS, se basa en el envío de cartas a empleadores advirtiéndoles sobre reglas más severas a quienes contraten a indocumentados.

Pero éste sistema, por ahora, se encuentra suspendido por orden de un juez federal de San Francisco.

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Defienden la herramienta

Emilio González, director de USCIS, dijo a mediados de septiembre que E-Verify ayudará a los patronos "a detectar algunas formas de fraude de identidad" que pudieran cometer trabajadores recién contratados.

La USCIS explicó que el sistema coteja las fotografías de las autorizaciones de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y de las tarjetas de residencia de los trabajadores (green card) con las imágenes almacenadas en el DHS, y también la veracidad de los números de Seguro Social.

La base de datos de la USCIS cuenta con información de al menos 15 millones de imágenes obtenidas de archivos de la agencia y que pertenecen a personas que no son ciudadanas de Estados Unidos.

"E-Verify también tiene acceso a la base de datos del SAA (Social Security Administration) que cuenta con más de 425 millones de expedientes, y a la base de datos del DHS, que tiene registrados más de 60 millones de expedientes", confirmó la USCIS.

Acceso ilimitado

La USCIS  agregó que el sistema se traduce en una mejora de programas de verificación activados por primera vez en 1997 y actualizados en 2003, en el que las empresas voluntariamente pueden chequear por Internet los datos de identificación de sus empleados extranjeros.

A principios de septiembre Univision Online pudo conocer que al 3 de agosto la USCIS ya tenía registrados unos 23 mil empleadores en el sistema, quienes habían a su vez registrado más de 140 mil empresas.

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Con esos datos, la agencia había hecho unas 4.2 millones de verificaciones.

La USCIS determinó que cerca del 93 por ciento de las verificaciones requeridas fueron resueltas de manera afirmativa y que el 7 por ciento de ellas arrojaron datos erróneos, y que el 95 por ciento de los casos fueron aprobados y el 1 por ciento fueron rechazados.

González apuntó que E-Verify no es todavía una herramienta definitiva en el esfuerzo del gobierno por combatir la inmigración indocumentada.

El Formulario I-9

La verificación de empleo se solicita por medio del Formulario I-9 en el que los patronos especifican el estatus migratorio del trabajador, el número de residente (número de Alien) registrado en la autorización de empleo y el número de Seguro Social.

Una vez enviado esos datos, el gobierno verifica los datos y envía al empleador la imagen de la persona almacenada en sus bases de datos para que sea cotejada por el patrono.

"La herramienta es a prueba de fraude", aseguró González. "Ayuda a mantener la mano de obra legal y protege los empleos para los trabajadores autorizados de Estados Unidos", agregó.

El funcionario dijo además que la verificación es gratis.

El propósito de este formulario, se lee en parte de sus instrucciones, "es documentar que cada empleado nuevo (ciudadano o no ciudadano) contratado después del 6 De noviembre de 1986, está autorizado a trabajar en Estados Unidos".

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Lluvia de críticas

Pero el optimismo del gobierno choca con la crítica y el rechazo de sindicatos y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, quienes ven en la medida una forma de negar la posibilidad aprobar una reforma migratoria que incluya una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

Carlos Saavedra, de la Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition (MIRA), dijo a principios de septiembre a Univision.com que a medida que el gobierno implemente los sistemas de verificación de empleo, en la misma medida aumentarán las redadas.

"Esta acción que está tomando el gobierno es un error tremendo para Estados Unidos", advirtió Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).

"Es una tragedia para los inmigrantes", agregó.

El sindicalista advirtió luego que las verificaciones de empleo "perjudicarán los intereses económicos de Estados Unidos en vez de tomar acción para revivir la reforma migratoria".

"Lo que vamos a ver con esto es un abuso completo. Muchos trabajadores serán despedidos, habrá una dislocación tremenda en la economía porque estamos hablando de aproximadamente del 10 o 12 por ciento de la mano de obra de este país, que es indocumentada".

Y agregó: "No hay manera de que el gobierno pueda sacar a esta gente de los centros de trabajo sin que se desplome la actividad en la agricultura, en los hoteles, restaurantes, servicios. Y si se junta esto con las redadas, pues todo parece como un terrorismo domestico en contra de los inmigrantes".

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Plagado de dudas

Previo a la puesta en vigor de la primera fase del programa de verificación de empleo, en 2003, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (AILA) emitió varios comunicados en los que advirtió que contenía errores "graves" y "peligrosos".

AILA precisó que el programa piloto desarrollado por el DHS fue revisado y cuestionado en 2004 por el General Accounting Office (GAO, Oficina del Inspector General de la Fiscalía de Estados Unidos) y pidió al gobierno extender las revisiones por un mínimo de seis meses, pero que la solicitud no fue atendida.

La revisión, dijo AILA, fue requerida "debido a defectos" en el diseño del sistema de verificación.

La asociación también advirtió que el plan republicano dio poderes especiales a los gobiernos estatales y locales "para usar el programa y comprobar el estatus de inmigrantes y ciudadanos", funciones que por ley le corresponden sólo al gobierno federal estadounidense.

Sin embargo, González reiteró que E-Verify es voluntario y garantiza al gobierno que todos los trabajadores chequeados por tienen  autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.

Cartas en suspenso

Además del E-Verify e IMAGE, el gobierno federal iba a enviar a partir del 12 de septiembre notificaciones a los patronos acerca de sanciones más severas en caso de que hayan contratado, a sabiendas, trabajadores indocumentados.

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Pero a finales de julio un juez federal de San Francisco, California, dio curso a una demanda interpuesta por la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) la mayor confederación de sindicatos de Estados Unidos, quien demandó al DHS para que cancele el envío de la correspondencia y, por ende, el sistema de verificación de empleo.

La jueza Maxine Chesney concedió una orden temporal a favor de los demandantes en la que prohibió la emisión de las notificaciones de "no concordancia", que se planeaba enviar desde la Administración deL Seguro Social, como parte de una serie de medidas en la lucha contra la inmigración ilegal.

Derechos en peligro

Según la demanda de la AFL-CIO, los nuevos reglamentos publicados por el DHS y que iban a ser agregados a las cartas de la SSA, amenazaban con violar los derechos de los trabajadores y afectar de manera injusta a sus empleadores.

En el fallo provisorio, Chesney subrayó que la corte necesita "espacio" antes de tomar cualquier decisión sobre la legalidad de las nuevas sanciones encaminadas a detener la contratación de indocumentados.

La magistrado federal fijó una siguiente audiencia sobre el tema para el 1 de octubre, fecha en que, dijeron algunos, resolverá definitivamente la demanda, pero ese día la corte amplió el plazo del estudio del programa para someterlo a una revisión a fondo y determinar si el proyecto viola los derechos de los trabajadores.

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