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En los últimos tres años fiscales el gobierno de Barack Obama ha roto récords de deportaciones. Más de 392 mil fueron expulsados en el año fiscal 2010 y más de 397 mil en el año fiscal 2011.

Falta de reforma migratoria pesa en la campaña de Obama

Falta de reforma migratoria pesa en la campaña de Obama

El incumplimiento de la promesa hecha en 2008 y los sucesivos récords de deportaciones le están cobrando factura al Presidente Obama.

En los últimos tres años fiscales el gobierno de Barack Obama ha roto ré...
En los últimos tres años fiscales el gobierno de Barack Obama ha roto récords de deportaciones. Más de 392 mil fueron expulsados en el año fiscal 2010 y más de 397 mil en el año fiscal 2011.

Latinos demandan señales concretas que apunten hacia la legalización de indocumentados

El incumplimiento de la promesa hecha en 2008 de empujar una reforma migratoria en el primer año de su mandato y los sucesivos récords de deportaciones en los años fiscales 2009, 2010 y 2011 le están cobrando factura al Presidente Obama en su campaña de reelección.

A la lista se agregan las dudas en torno a los cambios anunciados en agosto del año pasado a la política de deportaciones y la persistencia en la ejecución del programa federal Comunidades Seguras, que enfatiza "asegura el gobierno- en la deportación de extranjeros con antecedentes criminales.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes y batallan por una reforma migratoria calificaron el martes de insuficiente el anuncio del gobierno de cambios en su política de deportaciones, y advirtieron que las expulsiones persisten.

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“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sólo pretende eliminar la colaboración de fuerzas de tarea con el programa 287(g), pero no los acuerdos basados en el encarcelamiento”, dijo Patty Kupferm, del Fondo de Educación de la organización pro inmigrante America’s Voice.

El Plan 298(g)

La Administración Obama anunció que había suprimido la “fuerza de tarea”, que supone que las policías locales pregunten la situación migratoria de las personas que sean detenidas en la calle o en un alto en el tráfico.

La Sección 287(g) de la Ley de Inmigración vigente desde 1996 permite al gobierno federal hacer acuerdo con las policías locales (estatal y municipal) para que su personal realice funciones como agentes de inmigración. La medida permaneció dormida hasta después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011, cuando fue activada por el entonces secretario de Justicia, John Aschcroft.

El programa fue reemplazado por el polémico plan Comunidades Seguras, que se apoya en una gigantesca base de datos y que permite a las autoridades federales averiguar el estado migratorio y los antecedentes criminales de extranjeros procesados y condenados por la justicia. También facilita verificar antecedentes criminales y migratorios de extranjeros detenidos en cárceles estadounidenses.

Persisten las dudas

Pese a los cambios anunciados, Kupferm señala que la política que persiste faculta a algunos oficiales de seguridad como agentes de migración en las prisiones, para determinar la condición migratoria de los reclusos, reportó la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex).

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Según el DHS, Comunidades Seguras es un programa técnico de intercambio de información que excluye el perfil racial, pero Kupferm cuestiona que no se apegue a su mandato de enfocarse en autores de crímenes o delitos graves y que los individuos constituyan una amenaza para la seguridad nacional.

La activista subrayó que ambos programas, tanto el Plan 287(g) como Comunidades Seguras, han lesionado la relación entre los inmigrantes y las policías locales que, dijo, es esencial para combatir el crimen.

Datos confusos

El gobierno de Obama reitera que la mayoría de los deportados en los últimos tres años fiscales (más de 392 mil en el año fiscal 2010 y más de 397 mil en el año fiscal 2011, ambos récord de expulsados) tenían antecedentes criminales, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes dicen lo contrario.

Tanto el Foro Nacional de Inmigración (NIF) como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) aseguran que entre seis a siete de cada 10 expulsados por el gobierno no tenían antecedentes que representaran una amenaza seria para la seguridad de Estados Unidos.

Kupferm dijo que 56% o no habían cometido crimen alguno, o sólo eran responsables de un delito menor como una violación de tránsito.

“En algunas regiones del país estos porcentajes son mucho más altos”, remarcó.

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Adelina Nichols, de Alianza Latina de Georgia para los Derechos Humanos, dijo que las comunidades de ese estado “continúan sufriendo los efectos devastadores del abuso y la perfilación racial de los hispanos e inmigrantes”, con base en el programa federal 287(g).

Anuncio de agosto

El 18 de agosto del año pasado el gobierno anunció su intención de aplazar, por tiempo indefinido, la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió a la población indocumentada que la medida adoptada por el gobierno -y que afecta la política de deportaciones- no se trataba de una “amnistía", y recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan gestiones no autorizadas.

Consulte un abogado

AILA añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración, y que por nada se pongan en contacto con las autoridades de inmigración, porque "pueden ser arrestados y puestos en proceso de deportación".

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"Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos", subrayó AILA.

En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe "tener cuidado" y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.

En Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de indocumentados, según datos del DHS y del Pew Hispanic Center (un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios). Unos 300 mil de ellos, que tienen órdenes de deportación reunirían los requisitos para que una corte de inmigración revise sus casos.

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