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Expertos hablaron de reforma migratoria, legalización y seguridad fronteriza

Expertos hablaron de reforma migratoria, legalización y seguridad fronteriza

Aunque no hay fecha prevista para el inicio del debate ni propuestas bipartidistas, expertos en reforma migratoria indicaron que...

Planes, pero...

WASHINGTON - Aunque no hay fecha prevista para el inicio del debate ni propuestas bipartidistas concretas, expertos en reforma migratoria indicaron que el tema de la legalización debe ir separado de la política de seguridad del gobierno federal estadounidense.

El pasado 13 de noviembre, la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, esbozó los lineamientos generales de la reforma migratoria que quiere la Casa Blanca, pero aclaró que el debate y el proceso de aprobación de la ley que cambie la política vigente es una tarea que sólo le compete al Congreso.

El Centro de Política Migratoria (IPC), durante la entrega de la cuarta serie de recomendaciones para elaborar la reforma, advirtió que la política migratoria de Estados Unidos se ha centrado durante demasiado tiempo "en la deportación y la criminalización de los inmigrantes".

El informe añadió que sus técnicas (ejecutadas por el DHS) basadas en la fuerza no han logrado desterrar de forma efectiva la inmigración ilegal (que se acuerdo al último estudio del Pew Hispanic Center (PEW) asciende a 11.6 millones).

Redadas y deportaciones

El ejemplo más claro de estas tácticas (represivas) está, según los expertos, en la frontera, donde las tácticas contra la entrada ilegal de inmigrantes se mezclan con el combate a la violencia que rodea los puertos de entrada y al narcotráfico, según un reporte de la Agencia Española de Noticias ( Efe).

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Además de atribuir esos asuntos de forma exclusiva a las agencias de seguridad correspondientes, y no a las que se encargan de controlar la inmigración, el Gobierno debe "informar a la población de las políticas de frontera" que se van a aplicar en su comunidad.

Para ello, los expertos citados por IPC proponen la creación de una Comisión Estadounidense-Mexicana de Revisión de la Frontera, además de exigir al Congreso federal de Estados Unidos informes regulares sobre las muertes en la frontera, mejorar las vías de comunicación con las comunidades y ampliar la formación de los agentes de las patrullas fronterizas.

¿Qué opina de la idea de separar el tema de la legalización de indocumentados de la seguridad en la frontera? Comente aquí.

Cárceles deficientes

En cuanto a los agentes que actúan en el interior del país, el IPC propone mejorar los estándares en los centros de detención que utiliza el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y asegurar el acceso de los inmigrantes a información y asesoría jurídica, detalló Efe.

Según los expertos, en la legislación estadounidense debería ampliarse la discreción judicial, para "considerar las circunstancias individuales" y evaluar cada caso de inmigración "por sus propios méritos", además de fijar la detención como "último recurso".

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En términos generales, el IPC considera que todas las acciones policiales deberían depender del Gobierno federal, y que éste tendría que asegurarse de que no existen prácticas racistas antes de relegar esta tarea a agencias locales.

Reporte de la OEA

A finales de julio y tras varios meses de indagaciones y visitas a centros de detención de indocumentados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

El informe fue dado a conocer cuatro meses después que la Comisión fuera autorizada por el DHS a visitar algunos centros de detención, la mayoría creados o reformados bajo la administración del ex presidente George W. Bush (2001-2009).

"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó la CIDH en un comunicado publicado en su página web.

Estadía preocupante

Las difíciles condiciones en las que viven miles de inmigrantes en centros de detención en Estados Unidos preocupan seriamente a la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

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En marzo de este año, la entidad denunció que cientos de extranjeros que no han sido acusados de cometer delito alguno en Estados Unidos "son alojados durante meses y en condiciones deplorables".

Mónica Ramírez, abogada del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en California, dijo a Univision.com que desde 2003, cuando fue creado el DHS, han muerto 90 inmigrantes en distintas cárceles.

"De ellos siete eran mujeres y 17 se trataba de inmigrantes cubanos. No conocemos todas las causas de estos fallecimientos, el gobierno no aporta información y muchas veces nos enteramos de lo que ocurrió por versión de familiares. El secretismo predomina", destacó.

Drogas y expulsiones

La ACLU también denunció que inmigrantes detenidos por el ICE son drogados al momento de ser deportados de Estados Unidos.

"No hay registros sobre el número total de personas que fueron drogadas el año pasado. No es muy alto el número, pero es significante y no es justificado. Las personas no pueden ser drogadas en contra de su voluntad", sostuvo Ramírez.

De acuerdo con el ICE, en el año fiscal 2008 (del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre del año siguiente) fueron deportados casi 350 mil inmigrantes, la mayoría originarios de Latinoamérica.

En el mismo período se ejecutaron más de 1,200 redadas en puestos de trabajo, donde fueron arrestados más de 33 mil inmigrantes.

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Reforma pendiente

El 13 de noviembre Napolitano dio a conocer lineamientos de un plan de reforma migratoria que respalda la Casa Blanca, pero advirtió que el cambio a las leyes de inmigración y la aprobación de un camino hacia la legalización de millones de indocumentados será un proceso "rígido" pero "justo".

A juicio de la jefa de la seguridad de Estados Unidos, las medidas policíacas implementadas a partir del 20 de enero "posibilitan" la reforma inmigratoria, y aseguró que éstas, entre las que destacan la implementación del plan 287g (que autoriza a policías locales arrestar indocumentados), la verificación de empleo (E-Verify) y la captura y deportación de extranjeros con orden final de deportación y antecedentes criminales no serán frenadas.

La legalización

Del camino a la residencia para millones de indocumentados, Napolitano dijo que la reforma migratoria que debata el Congreso "debe formular las bases legales para hacer que millones de inmigrantes ilegales salgan de la clandestinidad, exigirles que se registren y paguen los impuestos que deben y verificar que paguen las multas que deberán abonar como requisito para la obtención del estatus legal".

Y agregó: "Permítanme enfatizar lo siguiente: Nunca tendremos pleno cumplimiento de la ley ni seguridad nacional mientras tantos millones sigan en la clandestinidad".

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Añadió que el gobierno debe asegurar de que estas personas (los indocumentados que califiquen para la legalización) pasen a ser contribuyentes plenos y que paguen lo que les corresponde y que eso "beneficiará a nuestra economía y facilitará que se penalice a empleadores inescrupulosos o abusivos que no cumplan con la ley".

Advirtió, sin embargo, que "una vía rigurosa y justa para obtener estatus legal exigirá que los inmigrantes ilegales cumplan con una serie de requisitos, entre ellos, registrarse, pagar una multa, someterse a una revisión de antecedentes penales, abonar todos los impuestos y aprender inglés".

Agenda demorada

Durante la campaña presidencial 2008 el entonces candidato demócrata Barack Obama prometió entregar en el curso de su primer año de mandato un proyecto de reforma al Congreso.

El 5 de marzo envió al legislativo un proyecto de reforma de salud que confiaba su aprobación antes del receso de agosto, pero el pleno de ambas cámaras demoró el debate a causa de desacuerdos y enmiendas, lo que retrazó una agenda que incluye, antes del debate migratorio, la reforma energética y de combustibles, el cambio climático y la reforma de educación, entre otros.

El atraso postergó hasta el primer trimestre de 2010 el posible inicio del debate de la reforma migratoria, un tema que tiene preocupados no sólo a los demócratas, sino a casi 12 millones de indocumentados en Estados Unidos.

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