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EU cerca a indocumentados

EU cerca a indocumentados

El jefe de la seguridad de EU advirtió que el gobierno incrementará la ejecución de leyes sobre inmigración ilegal.

Con todo el peso de la ley

El jefe de la seguridad de Estados Unidos, Michael Chertoff, advirtió el miércoles que el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) incrementará la ejecución de leyes sobre inmigración ilegal, incluyendo en los sitios de trabajo, a falta de una reforma migratoria amplia.

Chertoff volvió a lamentar el fracaso del debate de la reforma migratoria en el Senado que habría permitido legalizar a millones de extranjeros sin estatus legal de permanencia en el país, y agregó que incluso la administración del presidente George W. Bush respaldaría que se incrementen las legislaciones sobre inmigración.

"No deberíamos tener un parche de leyes. Deberíamos tener una reforma integral de inmigración, pero no la tenemos ahora", puntualizó Chertoff en un discurso pronunciado en Boston, Massachussets, ante la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

"Lo que puedo decir es que ciertamente estamos utilizando todas las herramientas legislativas que tenemos y todos los recursos de los que disponemos para solucionar el problema" (de la inmigración indocumentada), añadió.

"Con todo lo que tenemos"

Tanto en su discurso como en una breve entrevista con The Associated Press, Chertoff no ofreció detalles específicos sobre lo que llamó "sacar filo a las herramientas".

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"Actualmente estamos analizando todas las herramientas de que disponemos, sin que el Congreso actúe", dijo el secretario.

"Vamos a ver dónde podemos afilar algunas de esas herramientas. Vamos a aplicarle a este asunto todo lo que tenemos a nivel federal para intentar hacer frente a nuestro problema de inmigración", añadió.

La Conferencia Nacional de legislaturas Estatales entregó un informe a principio de semana en el que reveló que en los últimos dos años las legislaturas de los estados, ante la ausencia de medidas del gobierno federal sobre inmigración -y en particular del Congreso-, han debatido 1,404 medidas y aprobado 170 leyes.

El caso de Hazleton

Una de las más polémicas fue la aprobada en el verano pasado por el Concejo de Hazleton, Pensilvania, que prohibió a patronos arrendar propiedades y dar empleo a indocumentados, y conceder autorización a las policías locales para arrestar indocumentados y entregarlos al DHS para que el ministerio proceda a deportarlos.

Un año más tarde, un juez federal dictaminó que la tarea de regular la inmigración en Estados Unidos recae sobre el Gobierno federal, y que la ley de Hazleton atropella los derechos constitucionales de sus habitantes, así como los reglamentos estatales y federales sobre acceso a vivienda.

El fallo fue saludado por organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, entre ellos el Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés) y la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), quienes tildan este tipo de legislaturas como medidas antiinmigrantes".

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La verificación de empleo

Uno de los programas citados por Chertoff y que ya se encuentra en funcionamiento es el Programa de Verificación de Empleo, coordinado por el DHS y la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Anunciado por primera vez por Bush en junio del año pasado, el plan obliga a los patronos a registrarse en un programa federal que determina si los trabajadores son legales o si emplean documentos falsos para laborar en Estados Unidos.

Si la SSA detecta una duda, envía una carta al trabajador y al empleador y fija un plazo de hasta 60 días para aclarar diferencias de datos. Si en ese plazo no se aclara, el patrono debe despedir al empleado y el DHS puede proceder a su captura y deportación.

Con el dedo en el renglón

Bush dijo el año pasado que los empleadores estadounidenses que ya se encintraban usando el sistema "a menudo descubren que los nombres de sus trabajadores no corresponden a los números de Seguro Social" que estos entregaron a sus patronos cuando fueron contratados.

El mandatario agregó que el sistema imperante no permitía a los agentes del DHS enterarse de las cartas que enviaba la SSA, pero que con el nuevo sistema de verificación las autoridades federales podrían entonces "velar por el cumplimiento de la ley".

"El gobierno federal tiene la responsabilidad de garantizar que las empresas tengan una manera clara y segura de verificar los documentos de trabajo", dijo Bush. "Si esperamos que la gente cumpla con las leyes que prohíben que contraten a alguien ilegalmente, tenemos la responsabilidad aquí en Washington, D.C. de ayudar a verificar los documentos", agregó.

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La ley del Real ID

En otra parte de su discurso, Chertoff también hizo referencia a la ley del Documento de Identificación Real (Real ID Act), aprobada por el Congreso en 2005.

El Real ID crea una licencia nacional de manejo que será activada en los 50 estados de Estados Unidos y servirá como cédula nacional de identidad.

La ley autoriza además a caza recompensas a perseguir y arrestar inmigrantes en cualquier parte de Estados Unidos, permite la deportación de inmigrantes antes de que concluyan los procesos de apelación y elimina el derecho de utilizar la Ley de Habeas Corpus, vigente desde la guerra civil, entre otras restricciones.

Además exigiría la interconexión a nivel federal de las bases de datos que recogen registros de todos los estados del país.

Reglamento en camino

El reglamento del Real ID está siendo elaborado por el DHS desde su aprobación en abril de 2005 y se espera que sea dado a conocer a finales de este año y puesto en vigor el primer trimestre de 2008.

Sin embargo, la ley cuenta con la oposición de los estados de Georgia, Maine, Montana, Nuevo México, Vermont, Washington y Wyoming, quienes han advertido que no cumplirán con las disposiciones y que seguirán emitiendo sus propias licencias de conducir.

En Estados Unidos no existe una licencia nacional de manejo y cada estado se regula por sus propias leyes.

Chertoff consideró el miércoles que la puesta en marcha de esta medida no es una obligación para los estados.

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Sin embargo, dijo que si éstos no cumplen con el plazo establecido por el Gobierno, que se extendió hasta diciembre de 2009, los estados que se opongan no pueden esperar que estos documentos tengan validez federal.

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