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Entregan informe sobre redadas

Entregan informe sobre redadas

Cientos de niños víctimas de redadas masivas padecen trastornos mentales serios,  pobreza y desarraigo familiar.

Sumidos en el horror

Más de 500 niños víctimas de redadas en Colorado, Nebraska y Massachussets padecen trastornos mentales serios, condiciones de pobreza y desarraigo familiar. No son inmigrantes, sino ciudadanos estadounidenses con plenos derechos. Otros tres millones podrían correr la misma suerte en corto plazo.

La denuncia fue hecha por el Consejo Nacional de La Raza (NCLR, el grupo hispano más grande de Estados Unidos) y está consignada en una investigación cuyo informe Pagando el Precio: El Impacto de las Redadas de Inmigración Sobre los Niños en Estados Unidos revela los horrores que han vivido familias víctimas de leyes antiinmigrantes, donde los grandes damnificados son los más pequeños de la sociedad.

El informe, realizado por The Urban Institute con el patrocinio de La Raza, culpa al Congreso federal por el daño infringido a los niños tras el fracaso del debate de la reforma migratoria y su incapacidad de lograr una solución al problema que plantean 12 millones de inmigrantes sin papeles en este país.

Por tal motivo, La Raza pidió al Congreso estadounidense comprometerse con una investigación que permita establecer las irregularidades que pudieron cometerse durante las redadas para que, si es el caso, corrija las políticas que ejecuta el departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés).

La combinación entre el miedo desatado tras las redadas, el aislamiento y la pobreza que desencadenaron los arrestos y las posteriores deportaciones, acarrean en los niños serios problemas de salud mental tales como depresión, trastornos, ansiedad, estrés post traumático e incluso pensamientos suicidas, resalta el informe.

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Resultados "sorprendentes"

"Los resultados del informe son sorprendentes", dijo Janet Murgia, presidenta de La Raza. El número de niños separados de sus padres como consecuencia de las redadas es "significativo". El estudio reveló que "por cada dos inmigrantes detenidos, un niño se queda desamparado".

Agregó que del total de niños impactados por la política antiinmigrante del gobierno de Washington, "dos tercios son ciudadanos de Estados Unidos o residentes legales permanentes".

"Existe una necesidad urgente de que el Congreso y la Administración (del Presidente George W. Bush) revisen la política nacional de inmigración y las prioridades para hacer cumplir la ley", advirtió Murguia. "Y también analizar el impacto que están teniendo en la comunidad las decisiones políticas que toma el gobierno".

Daños que no se miran

Según el informe, en Estados Unidos hay unos 5 millones de niños con por lo menos uno de sus padres indocumentado.

El aumento de las actividades de observancia de la ley de inmigración por parte del gobierno "ha puesto cada vez más a estos niños en situación de riesgo de ser separados de sus familias", precisó.

Y a ésto se agregan las "dificultades económicas" y los "traumas psicológicos" que se desencadenan después de una redada masiva como las realizadas en Colorado, Nebraska y Massachussets, "que sirvieron de base para la elaboración del documento".

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Aumentaron siete veces

Los investigadores explicaron que la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE, por sus siglas en inglés), encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración, "aumentó" el ritmo de redadas en los últimos años "para detener" a inmigrantes indocumentados.

"El número de inmigrantes indocumentados detenidos en los centros de trabajo creció más de siete veces, pasando de 500 a 3,600 entre 2002 y 2006", subrayó.

Las acciones del ICE incluyen actividades de observancia (inteligencia), allanamientos, arrestos, deportación de inmigrantes que han cometido delitos, operaciones de detención y deportación de puerta a puerta, y allanamientos a gran escala de presuntos indocumentados en lugares de trabajo.

Todas fueron iguales

En diciembre de 2006 el ICE ejecutó en plantas procesadoras de carne de la empresa Swift&Co. una redada en el marco de la operación "Wagon Train" y detuvo a 1,297 trabajadores indocumentados. Más de 1,000 agentes de ICE, respaldados por policías estatales y locales, irrumpieron en las sitios y arrestaron a los inmigrantes bajo cargos administrativos.

"Otras 274 personas, residentes legales y ciudadanos estadounidenses, fueron arrestados y luego deportados por tener antecedentes criminales", se lee en el informe.

Más del 79 por ciento de los niños afectados por esa redada no tenía más de 10 años de edad.

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En marzo de 2007 una redada similar se llevó a cabo en New Bredford, Massachussets, en una fábrica perteneciente a un contratista del Pentágono donde se confeccionan mochilas y artículos de cuero para los soldados que participan en las guerras de Afganistán e Irak.

La mayoría de los arrestados fueron trabajadores latinos, principalmente de México, Guatemala y Honduras, "pero a nivel nacional una cuarta parte de los indocumentados apresados por el ICE son originarios de otras regiones fuera de América Latina", aclara el informe.

Los efectos inmediatos

Los procedimientos utilizados por el ICE en las redadas hicieron difícil organizar el cuidado de los niños cuando sus padres fueron detenidos.

Muchos, dice el informe, ocultaron al momento de ser detenidos la información de que tenían niños por temor a que el gobierno les quitara su custodia.

También muchos firmaron documentos de salida voluntaria y abandonaron el país antes de que pudieran ponerse en contacto con abogados de inmigración, con sus familias, o con los consulados de sus países de origen.

"En los lugares de detención había un acceso muy limitado a teléfonos para que los arrestados pudieran comunicarse con sus familias y muchos fueron trasladados a remotos centros de detención fuera de los estados en los que fueron arrestados", aseveró el estudio.

Sin embargo, resalta el documento que "algunos padres solteros y otros que estaban cuidando niños fueron puestos en libertad el mismo día de la redada, pero otros permanecieron varias noches y días encarcelados".

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En los días y semanas siguientes a las redadas, de manera informal familiares y redes de la comunidad asumieron importantes responsabilidades en el cuidado de los niños y demás personas que quedaron abandonadas en las residencias de los trabajadores detenidos.

De puerta en puerta

Tras la redada masiva en las plantas de Swift&Co., en Greenley (Colorado) y Grand Island (Nebraska), el servicio de inmigración continuó allanando casas durante una semana para arrestar a inmigrantes indocumentados.

"Algunos fueron detenidos el mismo día de la redada y otros después", "los agentes buscaron puerta por puerta a un puñado de sospechosos de robo de identidad en el transcurso de varios días".

La Señora "Q", una trabajadora detenida en New Bedford, Massachussets, en marzo y que pidió mantener su nombre en reserva, dijo que "ese mismo miedo lo tuvimos nosotros. Es terrible, muy intenso".

"Y la gente entonces se escondió. Pensaban que los arrestarían y les quitarían a sus hijos. Fueron momentos muy difíciles, de mucho temor".

En recinto militar

El informe de La Raza también explica que a los detenidos en Grand Island se les trasladó a un campamento de la Guardia Nacional en Iowa, donde fueron procesados inicialmente, y que en ese lugar fueron identificados, se les tomó huellas digitales y los datos fueron cotejados con bases de datos del gobierno federal.

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"Luego se determinó si los arrestados podían ser puestos en libertad, quedaban detenidos o se les permitía la salida voluntaria del país".

La Raza denunció que en la mayoría de los casos el gobierno no avisó a los consulados sobre el arresto de los trabajadores indocumentados, sino hasta después que muchos de ellos fueron deportados de Estados Unidos.

Las conclusiones

La Raza y The Urban Institute concluyeron que el principal responsable del peligro que se cierne sobre otros 3 millones de niños estadounidenses, es el Congreso federal, instancia que no ha llegado a un acuerdo para reformar la ley de inmigración.

"Hay 12 millones de inmigrantes indocumentados en el país en situación de riesgo de detención y deportación, y alrededor de cinco millones de niños, de los cuales 3 millones son ciudadanos de Estados Unidos", advierte.

Agrega que la falta de una reforma amplia niega el empleo a padres de hijos estadounidenses, y con ello los sume en la pobreza y aumenta los riesgos en otras áreas tales como salud y educación.

También criticó la aprobación de recursos para aumentar la capacidad de detención del ICE y la deportación de inmigrantes indocumentados en vez de darles una oportunidad para que regularicen su estadía.

Respuestas más efectivas

La Raza también recomendó mejorar los mecanismos de respuesta de la comunidad ante eventuales y nuevas redadas, y tener vigentes mecanismos de ayuda para atender a niños que se queden sin la protección de sus padres.

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"No tienen capacidad de respuesta, no están preparados para actuar ante una redada masiva, no tienen recursos, ni el liderazgo ni la infraestructura que se necesita".

"Por cada dos adultos detenidos en una redada, por lo menos un niño resulta afectado", apunta. "Y dos terceras partes de esos niños son ciudadanos estadounidenses".

Los verdaderos héroes

Pese a los innumerables fallos y carencias, el estudio insistió en resaltar el esfuerzo y la dedicación de las familias de los detenidos, amigos, organizaciones comunitarias, iglesias y entidades públicas que actuaron durante y después de las redadas.

"Ningún niño quedó desamparado", acotó, pero lamentó que todos ellos, sin excepción, sufrieron traumas severos que pudieron ser evitados por las autoridades.

"Ellos son quienes pagaron el precio de las redadas ejecutadas por agentes del servicio de inmigración", concluye el informe.

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