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Eligios a fallo de Hazleton

Eligios a fallo de Hazleton

El principal grupo hispano de EU urgió al Congreso a que reanude el debate y apruebe una reforma migratoria justa.

Ley discriminatoria

La ordenanza de la ciudad de Hazleton, Pensilvania, y otros similares en todo el país que prohíbe a patronos arrendar propiedades o dar empleo a indocumentados, "no seguirán en pie", dijo el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la principal organización hispana de Estados Unidos al conocer el fallo de un juez federal que declaró inconstitucional una ley aprobada el verano pasado.

El Consejo elogió el dictamen del magistrado James Munley, de 206 páginas, que prohibió de manera "permanente" poner en vigor la ley, advirtió que la tarea de regular la inmigración en Estados Unidos recae en el gobierno federal y que la ley de Hazleton atropella los derechos constitucionales de sus habitantes, así como los reglamentos federales sobre acceso a vivienda.

"El reglamento público hubiera facilitado actitudes y acciones extremas tales como seleccionar personas en base a su raza, discriminación y la negación de beneficios a inmigrantes con papeles", dijo La Raza en un comunicado.

La NCLR agregó que quienes presentaron el reglamento público en julio de 2006 "explotaron el tema de la inmigración para su propio beneficio político", y que "ellos sabían que la propuesta no era una manera efectiva de solucionar el tema de la inmigración".

"También sabían que sería peleado en la corte", dijo Janet Murguía, presidenta de NCLR. "La decisión deja claro que tratar de regular la inmigración a nivel local crea problemas enormes para la comunidad entera y no concuerda con la ley".

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Culpó al Congreso

La Raza culpó al Congreso estadounidense por no aprobar una reforma migratoria "integral, responsable y práctica", y enfatizó que "como resultado (del fracaso del debate migratorio) se ha creado un ambiente en el que estados y comunidades en todo el país han tratado de regular la inmigración a través de leyes locales".

"A pesar de nuestra frustración justificada por la falta de una acción positiva en el Congreso, no debemos dejar la razón ni la sensatez a un lado", indicó Murguía. "Desafortunadamente, la inmigración no se puede regular por estado e intentos locales han tenido un impacto negativo tanto en las comunidades de inmigrantes como para ciudadanos estadounidenses".

Murgía añadió que "esperamos que la decisión del juez Munley disuada a ciudades que piensan aprobar reglamentos similares de hacerlo y que usen su energía para presionar al Congreso para que cumpla con su trabajo".

Debate inconcluso

El 28 de junio el Senado dio por concluido el debate de la reforma migratoria después que demócratas y republicanos no lograron los votos suficientes (60 sobre 100) para aprobar un proyecto redactado entre abril y mayo junto con negociadores de la Casa Blanca.

La iniciativa se basó en un fuerte componente de seguridad nacional e incluyó una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que se encuentran en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2007.

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Los favorecidos iban a recibir primero una visa de residencia temporal a cambio de una multa de $1,000, someterse una verificación de identidad y antecedentes criminales por parte de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y ser clasificados conforme un complejo sistema de puntos.

En un plazo no mayor a tres años, el residente temporal que pasara los chequeos del FBI y aprobara con un mínimo de 65 sobre 100 el sistema de puntos, pagaría una segunda multa de $4,000 y tendría que ir a su país de origen a gestionar en la embajada estadounidense la residencia permanente, trámite que dilataría un año.

No pierden la esperanza

Murgía dijo que a pesar del fallo del debate en el Senado, "la comunidad latina sigue esperanzada de que una reforma migratoria integral pueda ser y va a ser aprobada".

"Los estadounidenses han sido claros en su deseo de tener una solución a nuestro sistema de inmigración disfuncional", apuntó y dijo que la comunidad hispana de Estados Unidos "seguirá estando en contra de reglamentos inefectivos y dañinos a nivel estatal y local", como los de Hazleton.

"Presionaremos a nuestros representantes en Washington, DC para que rechacen propuestas destructivas que solo hacen cumplir la ley y aprueben una reforma migratoria integral", concluyó.

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