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El gobierno de EU canceló plan que pudo en riesgo a miles de trabajadores

El gobierno de EU canceló plan que pudo en riesgo a miles de trabajadores

Tras dos años de disput legal, el gobierno de Washington decidió cancelar programa que pudo en duda a miles de trabajadores.

Polémico y demandado

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la AFL-CIO celebraron el miércoles la decisión tomada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de derogar, en un plazo de 30 días, un programa de seguridad ideado bajo la administración del ex presidente George W. Bush y que puso en riesgo de despido a miles de trabajadores extranjeros y estadounidenses.

El programa, conocido como "No Match" o "No Concordancia", formaba parte de un polémico y cuestionado sistema de verificación de empleo que se apoyaba en la información almacenada en la base de datos de la Administración del Seguro Social (SSA).

Un reglamento del programa fue publicado por primera vez en junio 2006, pero fue detenido por fallos de procedimiento y vuelto a publicar en 2007.

Una demanda entablada por la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) permitió que una corte de California congelara el proyecto porque su ejecución, dijo el dictamen de un juez federal, podía causar "muchas dificultades" a las empresas y a sus empleados, y porque los demandantes demostraron "que serán dañados de manera irreparable [los derechos de trabajadores] si (...) se permite implementar la norma".

Millones en duda

El gobierno federal aseguró meses después que había atendido las recomendaciones de la Corte y aseguró que un nuevo reglamento permitirá a los empleadores resolver las discrepancias que aparezcan en las cartas emitidas por la Administración del Seguro Social ("No-Match" o "No-Concordancia").

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Las cartas del "No Match" se despacharían cuando la SSA determinara que la información de un trabajador no concordaba con los datos del empleador, poniendo de inmediato en duda el contrato y fijando un plazo de 30 días para que el empleado aclarara su situación. Si lo hacía dentro del término señalado, perdía su empleo.

Los demandantes argumentaron ante las cortes que la base de datos del SSA tenía errores y que no había garantías de que la información guardada era exacta, lo que comprometía no sólo la seguridad laboral de trabajadores extranjeros, sino también de residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses.

¿Qué opina de la decisión adoptada por el DHS, de cancelar el "Programa No Match"? Comente aquí.

Datos inciertos

ACLU precisó que si bien el programa del "No Match" nunca fue implementado, "habría obligado a los empleadores a despedir a sus trabajadores sobre la base de las discrepancias en los registros del Seguro Social", situación que tildó de grave.

En caso se haberse puesto en vigor, las cartas de "No Concordancia" hubiesen desafiado los derechos civiles y causado un impacto devastador en la economía de Estados Unidos, agregó la ACLU en un comunicado.

"Estamos muy satisfechos de que el DHS abandonó sus esfuerzos de utilizar a la Administración del Seguro Social en el envío de cartas de control migratorio", dijo Jennifer Chang Newell, abogado del Proyecto de Inmigración de la ACLU. "El programa causó que decenas de miles de ciudadanos de Estados Unidos y otros trabajadores autorizados para laborar en el país estuvieran a punto de perder sus empleos".

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Resultado "inaceptable"

Chang agregó que la puesta en vigor del programa hubiese resultado "inaceptable", sobre todo en los difíciles tiempos económicos que vive el país.

"Esperamos que la administración -del Presidente Barack Obama- se centrará ahora en hacer cumplir los derechos laborales de todos los trabajadores y poner fin a la explotación laboral y la discriminación", precisó Chang.

A su vez, Richard Trumka, Presidente de The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), la principal organización sindican de Estados Unidos, dijo que la derogación del programa era "una victoria real para los trabajadores".

Agregó que el programa "No Match" fue una defectuosa e ineficaz herramienta de ejecución de las leyes migratorias que afectó a ciudadanos de Estados Unidos y otros trabajadores que estaban autorizados para laborar legalmente en el país.

Trumpka agregó que la forma para solucionar el problema migratorio pasa por una reforma migratoria amplia que incluya un sistema "que respete los derechos de los trabajadores, proteja nuestras fronteras y cuide a los empleadores responsables".

Llegó, aunque tarde

El National Immigration Law Center (NILC), una de las organizaciones que también demandó en las cortes la derogación del "No Match", también se congratuló con la decisión del DHS de derogar el programa, pero advirtió que era un poco tarde.

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Marielena Hincapié, Directora Ejecutiva de la entidad, dijo que lamentablemente en momentos que la tasa de desempleo se encuentra en un nivel histórico, la decisión del gobierno de rescindir el programa "debió haber llegado mucho antes".

Hincapié fustigó que el gobierno haya puesto en duda la estabilidad laboral de miles de trabajadores sobre la base de datos inciertos. Dijo que de haber persistido el DHS, "el Estado habría puesto en peligro el sustento económico de millones de estadounidenses".

La directora reclamó además al DHS que ponga por escrito la derogación del "No Match" para que los empleadores no sigan creyendo que el plan está en vigor y sigan tomando decisiones que afecten los derechos de sus trabajadores.

Historia del plan

El plan fue lanzado por el DHS a mediados de 2006. En septiembre de 2007 un tribunal de California aceptó una demanda interpuesta por la AFL-CIO, quien demandó al gobierno federal para que cancelara el programa de verificación de empleo conocido como "No-Match".

La demanda se basó en que la ejecución del programa pondría a miles de trabajadores en riesgo de perder sus puestos de trabajo debido a que la base de datos de la Administración del Seguro Social (SSA) está plagada de errores y es el instrumento que el gobierno usaría para enviar las cartas de "No-Match".

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El proyecto castigaba a los propietarios de empresas que contrataran a inmigrantes sin papeles.

La jueza federal, Maxine Chesney, concedió una orden temporal a favor de los demandantes en la que prohibió la emisión de las notificaciones que planeaba enviar la SSA con el respaldo del DHS, como parte de una serie de medidas del gobierno de Washington en su lucha por combatir la inmigración ilegal.

El primer dictamen

El fallo preliminar fijó el 1 de octubre de 2007 para tomar una decisión en firme.

Pero ese día, el juez Charles Breyer escuchó los alegatos de las partes y otorgó más tiempo para estudiar los nuevos argumentos de ambas partes en el caso.

La orden resultó necesaria porque "está claro (...) que los denunciantes podrían sufrir daños irreparables" si el gobierno aplicara su plan tal como está formulado, según explicó el juez.

En qué consistía

El "No-Match" era un programa de verificación de empleo regulado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una de las 23 agencias que integran el DHS.

Consistía en cotejar los nombres de los trabajadores con los formularios W/2 y determinar que correspondían a la misma persona.

Un programa paralelo, denominado E-Verify -al que por ahora acceden voluntariamente los empleadores-, también está conectado a la base de datos de la SSA.

Iguales o nada

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Si el número de Seguro Social aportado por el empleador no es idéntico al número registrado por el gobierno, este recibiría una carta de la SSA notificándole la 'No-concordancia' y le daría un plazo para arreglar el problema.

En el caso que los datos hubiesen sido aportados por el empleador (por medio del formulario I-9) y estos no coincidieran con los registros de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) respecto a la autorización de empleo del trabajador, la carta sería enviada por el DHS.

"No-Match" concedía un plazo de hasta 90 días a los empleadores para reparar las diferencias. Si no lo hacían y el trabajador no aportaba las pruebas necesarias para corregir el error, el patrono procedería a su despido.

Estudios adversos

A finales del año pasado la AFL-CIO recordó que el propio Inspector General del SSA concluyó que más del 70 por ciento de las discrepancias con la base de datos de la agencia federal corresponden a trabajadores ciudadanos estadounidenses.

El sindicato recalcó que las discrepancias entre los nombres de los trabajadores aportados por las empresas y los datos en poder del SSA puede ser el resultado de muchos factores, entre ellos errores humanos inocentes, cambios de nombre debido a matrimonio o divorcio o el uso de múltiples apellidos.

La ACLU añadió que otros estudios han encontrado que la propuesta de 'No-Match' iba a tener un impacto negativo significativo sobre los costes económicos de los empleadores y de los inmigrantes que sí cuentan con permiso para trabajar en Estados Unidos y cuyos nombres erróneamente aparezcan en la cuestionada base de datos del SSA.

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Un análisis encargado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos a Richard B. Belzer en 2008, que posee un doctorado en política pública de la Universidad de Harvard, encontró que más de 165 mil trabajadores legales el año pasado pudieron perder sus puestos de trabajo a causa de su incapacidad para resolver las discrepancias con la base de datos del SSA.

El costo para los empleadores sería de por lo menos $1,000 millones por año, concluyó el estudio.

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