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El debate de la reforma migratoria arranca el 8 de junio en Washington

El debate de la reforma migratoria arranca el 8 de junio en Washington

El comienzo del debate de la reforma migratoria tiene fecha. El presidente Obama sostendrá el 8 de junio un primer encuentro.

El primer paso

MIAMI - El comienzo del debate de la reforma migratoria tiene fecha. El presidente Barack Obama sostendrá el 8 de junio un primer encuentro con legisladores demócratas y republicanos "para empezar la discusión política" sobre un proyecto bipartidista que permita la legalización de millones de indocumentados, según conoció Univisión.com.

El debate había sido anunciado por la Administración cuando el propio presidente dijo que convocaría a una reunión de expertos a comienzos del verano, y que confiaba que para finales de otoño el Congreso recibiría un proyecto de reforma, pero hasta ahora no se conocía una fecha concreta.

"La Casa Blanca convocó a congresistas para el 8 de junio", dijo a Univision.com Luis Miranda, vocero hispano de la Administración. Ese día se reunirán "miembros de los dos partidos en el Congreso para iniciar el debate de la política de la reforma migratoria".

"La idea es comenzar a trabajar en un debate más intenso este año", agregó.

La citación fue hecha por la Casa Blanca.

Después de la primera reunión política bipartidista, la Casa Blanca podría convocar al resto de actores del plan de reforma, entre ellos activistas, religiosos, abogados, sindicalistas y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

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Según el congresista Jared Polis (demócrata de Colorado) existe "un firme proceso de construcción de una coalición nacional" de grupos civiles que están trabajando a fin de que "se apruebe este año una amplia reforma de inmigración".

Plan integral

A mediados de abril y tras reiterar su compromiso de impulsar una reforma migratoria en el curso de 2009, Obama dijo que apoya un plan integral que atienda tanto las necesidades de seguridad del país como el enorme costo humano que sufren los inmigrantes indocumentados, cuyo número alcanzaría los 11.9 millones de acuerdo con cifras recientes del Pew Hispanic Center.

Si bien la incertidumbre económica es demasiado grande como para que Obama se arriesgue a presentar una propuesta de legalización, la Casa Blanca aseguró el miércoles que el plan sigue en curso tal y como el presidente lo dijo en su campaña.

Obama prometió que durante su primer año de mandato enviaría al Congreso un proyecto de reforma, plan que de acuerdo con los bosquejos señalados por su campaña incluiría una vía de legalizar a aquellos indocumentados que llevan tiempo en el país, pagan impuestos, cancelen multas y hablen inglés, entre otros requisitos.

¿Qué opina del paso dado por la Casa Blanca, de fijar fecha para el inicio del debate migratorio? Comente aquí.

Debate complejo

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Pero el proyecto final no dependerá únicamente de lo que diga la Casa Blanca.

Fuentes del Congreso consultadas por Univision.com aseguraron que el proyecto de reforma "deberá ser amplio" para que capte la atención y el compromiso del mayor número de congresistas y evitar los fracasos ocurridos durante los debates de 2006 y 2007.

"El tema migratorio es bastante complejo", advirtió José Parra, vocero hispano de la oficina de Harry Reid (demócrata de Nevada), líder de la mayoría en el Senado. "Es obvio que no todos votarán a favor de la propuesta que envíe la Casa Blanca".

Cuestión de votos

La tercera semana de abril, cuando las dos principales organizaciones sindicales de Estados Unidos, la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) y 'Change to Win' anunciaron su unión de fuerzas para participar en el debate nacional que se avecina, Eliseo Medina, vicepresidente ejecutivo de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), previno que no se contaba con el número suficiente de votos en el Senado y que estaban "trabajando en eso".

El Senado tiene 100 asientos y se requieren 60 para aprobar la reforma. Los demócratas tienen 57 curules más los dos votos independientes, pero "no damos por hecho que todos los demócratas votarán a favor", subrayó Medina en esa ocasión.

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Fuentes del Senado consultadas el miércoles respecto a la advertencia de Medina, dijeron que la decisión de cada senador dependerá del tipo de proyecto que se redacte en la instancia que organiza la Casa Blanca.

Proyectos anexados

"Hay que considerar el tipo de proyectos que anexen, qué se hará con los trabajadores agrícolas, con los estudiantes sobresalientes y con los trabajadores profesionales", dijo un funcionario a condición de mantener su nombre en reserva.

Otro comentó que cada senador tiene una estrategia de elección para mantenerse en el puesto y que no respaldará la reforma si ésta afecta sus posibilidades reales de ganar la elección de medio tiempo de 2010.

Las fuentes también dijeron que en el proceso de debate habrá que convencer tanto a senadores demócratas como republicanos, y reiteraron que el proyecto final de reforma debe considerar estas "limitaciones".

Tiempo en contra

A su vez, Parra señaló que otro factor importante a considerar en el debate 2009 "es el tiempo en que podamos movernos en esta legislación. Antes de la reforma migratoria tenemos el debate de la reforma de salud, que está pautada para que finalice antes de otoño. Después vendría la reforma migratoria, pero el debate previo podría extenderse, demorarse más allá del tiempo previsto".

Algunos proyectos que podrían agregarse a la reforma integral de inmigración, como la denomina la Casa Blanca, serían la Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros -Dream Act-, que daría residencia a miles de estudiantes sobresalientes, y la Ley de Empleos, Oportunidades, Beneficios y Seguridad para los Trabajadores Agrícolas (AgJOBS), que legalizaría a unos 3 millones de campesinos en un plazo a ser fijado por el Congreso.

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Ambas iniciativas de ley fueron revividas en ambas cámaras del Congreso y se espera que sean agregadas al proyecto de reforma migratoria que comenzará a ser redactado a partir del 8 de junio, de acuerdo con los planes de la Administración.

Amenaza de bloqueo

La gran duda en los pasillos del Congreso sigue siendo la advertencia lanzada por el senador Jon Kyl (republicano de Arizona) en abril, quien dijo que era "prematuro" hablar de reforma migratoria en estos momentos y que el debate anunciado por la Casa Blanca corre el peligro de fracasar, como ocurrió entre 2005 y 2007 bajo la administración del ex presidente George W. Bush.

"Creo que hay varios pasos que debemos tomar antes de hablar de una legislación a nivel federal, como es asegurar nuestra frontera, frenar el tráfico de drogas y enfrentar la violencia generada por los carteles mexicanos", dijo Kyl durante una audiencia especial celebrada en el Capitolio de Phoenix.

En 2006 Kyl lideró un proyecto migratorio en el Senado que, de haber sido aprobado, hubiese aumentado la capacidad de la Patrulla Fronteriza, reforzaría los sistemas de vigilancia en el límite territorial con México y expulsaría a todos los indocumentados en un plazo de cinco años.

El plan, presentado junto con el senador John Cornyn (republicano de Texas), proponía asignar millones de dólares adicionales para la adquisición de nuevos equipos que serían usados para detener el cruce de indocumentados hacia Estados Unidos.

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Redadas y deportaciones

También propuso incrementar la contratación de nuevos inspectores de inmigración que serían destinados a los diferentes puertos de entrada, y la adquisición de aviones-robots no tripulados del tipo UAV, así como la instalación de modernas cámaras de vigilancia en la frontera.

Kyl también recomendó, en 2006, aumentar los fondos para la implementación de un programa de deportación expedita, algo similar a las recomendaciones contenidas en la polémica Ley Real ID, aprobada por el Congreso en abril de 2005.

Entre otras restricciones, el Real ID impide que los indocumentados tengan acceso licencias de conducir, limita el asilo político y permite la construcción de nuevas barreras en la frontera entre México y Estados Unidos.

Otra de las recomendaciones del Plan Cornyn-Kyl señalaba que los 12 millones de indocumentados que viven en el país dispondrían de un plazo de cinco años para salir de Estados Unidos, y que quienes no lo hicieran dentro de ese plazo pagarán una multa de $2 mil por cada año de permanencia ilegal.

El proyecto de ley que rechazado por una mayoría en el Senado.

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