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El alguacil "más duro" de EU volvió a desafiar al gobierno: arrestó a 93 indocumentados

El alguacil "más duro" de EU volvió a desafiar al gobierno: arrestó a 93 indocumentados

Las últimas dos semanas han sido inquietantes para miles de inmigrantes en Arizona: al menos 93 fueron arrestados en varias batidas.

Mano dura

PHOENIX, Arizona - Las últimas dos semanas han sido inquietantes para miles de inmigrantes en Arizona. La oficina del alguacil Joe Arpaio, en el condado de Maricopa, reportó el arresto de 93 indocumentados en diversos operativos. Arpaio es tildado como el sheriff "más duro" de Estados Unidos.

Según el reporte, una de las batidas ocurrió el martes cuando agentes al mando de Arpaio detuvieron a 32 extranjeros como resultado de una investigación en el norte de Phoenix.

Diecisiete de los arrestados iban a bordo de un vehículo.

Los extranjeros sin papeles de estadía legal en Estados Unidos admitieron haber pagado entre $1,200 y $3,000 para ingresar al país, según explicó la oficina del alguacil de Maricopa en el comunicado.

Otros 19 inmigrantes fueron encontrados en una casa de seguridad.

Según el reporte, los 32 indocumentados enfrentan cargos bajo la ley estatal anticoyote que permite a las autoridades presentar cargos de "conspiración" a los indocumentados por pagar los servicios de un traficante de personas.

¿Campaña personal?

Arpaio reiteró que está comprometido con los ciudadanos de Estados Unidos –a pesar de haber sido electo sólo por los electores de Maricopa- para continuar aplicando las leyes y detener a los inmigrantes sin papeles.

A mediados de julio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la puesta en vigor de un nuevo reglamento para ejecutar una sección de la ley de inmigración que aprobó el Congreso en 1996 y que faculta al servicio de inmigración establecer acuerdos con las policías locales para arrestar a indocumentados.

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Denominada Sección 287(g), la medida fue activada por el Departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 2001. Arpaio la aceptó, pero se niega a aceptar las nuevas reglas del DHS, uno de cuyos objetivos es ubicar, detener y deportar a extranjeros con antecedentes criminales.

El DHS dijo que la nueva regla evitará que se cometan detenciones arbitrarias y se elimine el debido proceso a los extranjeros que permanecen indocumentados, permitiéndoles su día en corte tal y como lo señala la Constitución.

¿Debería el gobierno federal obligar al alguacil Joe Arpaio cumplir con el nuevo reglamento de detención de indocumentados publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)? Comente aquí.

Investigación federal

Arpaio actualmente se encuentra bajo investigación por parte del Departamento de Justicia por acusaciones de prácticas de perfil racial en las detenciones de hispanos.

A principios de agosto el alguacil advirtió al DHS que no tenía intenciones de "reportar sus actos" al gobierno federal y que continuaría arrestando a indocumentados.

El nuevo reglamento del DHS se concentra en quienes han cometido delitos más graves, y establece tres niveles de prioridad sobre los inmigrantes que deben ser detenidos.

Los inmigrantes hallados culpables o arrestados por delitos graves de drogas u otros ilícitos como homicidio, violación, robo o secuestro, son la prioridad.

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Los otros dos niveles incluyen a inmigrantes hallados culpables antes de delitos menos graves. Pero la gente cuyo único delito es encontrarse ilegalmente en el país no es cubierta por el programa.

Programa nacional

Al menos 77 agencias de policía local (estatal y municipal) han firmado el acuerdo 287(g), incluyendo la oficina de Arpaio, quien la dicho que el nuevo programa equivale a una amnistía para los indocumentados.

Alessandra Soler Meetze, directora general de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona, dijo que su organización no considera que las agencias locales deban tener autorización de hacer detenciones por infracciones de las leyes de inmigración, y señaló que Arpaio ya ha abusado demasiado de su poder.

"Es un alguacil rudo, y representa el ejemplo más claro y visible de por qué estas ordenanzas 287(g) son malas para las comunidades locales", dijo. "Arpaio demuestra lo que ocurre cuando no hay supervisión federal alguna de un programa que realmente ha llevado a algunos abusos graves a los derechos civiles".

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