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Diario exige legalización

Diario exige legalización

The New York Times urgió a la Casa Blanca y al Congreso a que "abran un camino" amplio a la legalización.

Falta firmeza y valentía

El periódico estadounidense The New York Times urgió el domingo a la Casa Blanca y al Congreso a que "abran un camino" a la legalización para los 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país, en medio de severas medidas contra la inmigración ilegal que se llevan a cabo desde finales de 2005.

"El año nuevo comenzó con un renovado optimismo, ante la posibilidad de una sensible reforma migratoria en Washington", dijo el periódico. Y agregó: "la esperanza está justificada, pero el tiempo es corto y el cambio real requerirá todavía de firmeza y valentía".

"La ciudadanía debe ser la clave", apuntó The New York Times en un editorial titulado "Somos Estados Unidos".

"La idea de un camino ganado a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados no fue mencionada por el presidente (George W.) Bush en su sexto informe sobre el Estado de la Unión, aunque ha continuado diciendo sus acostumbradas palabras favorables por una reforma", puntualizó.

El diario insistió en que el nuevo Congreso demócrata y los Republicanos moderados "no deben temer hacer frente a los demagogos antiamnistía", y subrayó que al contrario, "deben llevar" al presidente Bush "a una solución".

The New York Times lamentó además que el debate de la reforma migratoria haya perdido su balance y dejado de lado la humanidad del inmigrante y, por el contrario, se haya enfocado en la aplicación de duras medidas contra personas que son parte del disfuncional sistema de inmigración.

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Debate inconcluso

En diciembre de 2005 la Cámara de Representantes aprobó una reforma que entre otras medidas criminalizaba la estadía ilegal, aceleraba las deportaciones, aumentaba el presupuesto y el personal de la Patrulla Fronteriza y autorizaba construir un muro en la frontera con México.

En mayo de 2006 el Senado aprobó un plan amplio que mantuvo la seguridad en la frontera, deshechó la criminalización e incluyó un camino a la residencia y luego a la ciudadanía para la mayoría de los 12 millones de indocumentados.

Ambos planes debían ser compaginados por el Comité de Conferencia, pero el 3 de septiembre el liderazgo republicano congeló el debate aduciendo que el plan de la Cámara Alta no era congruente con las políticas de seguridad nacional.

Un mes más tarde el Congreso aprobó la denominada Ley del Muro.

Ambas decisiones -cancelación del debate y la nueva ley de seguridad en la frontera-  hizo que los republicanos perdieran el liderazgo de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio tiempo del 7 de noviembre.

Nada es igual que antes

"Mucho ha cambiado" desde las históricas marchas del año pasado de millones de personas por una legalización (amplia y justa) y contra medidas punitivas contra los indocumentados, señaló el periódico.

Denunció que el gobierno de Washington "a todos los niveles está trabajando para mantener a los inmigrantes no deseados en su lugar: en el otro lado de la frontera, en detención o en el temor, desplazándose silenciosamente en la economía subterránea sin recursos de las leyes ni protecciones que esperan los nacidos en el país".

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El editorial citó como ejemplo que Bush pidió en su nuevo presupuesto 3 mil agentes adicionales para la Patrulla Fronteriza y $3,000 millones adicionales para construir el muro de 700 millas (1,126 km) en la frontera con México.

A esta petición presupuestaria de la Casa Blanca se suman miles de millones de dólares para "militarizar la frontera" desde la década de 1990, indicó.

Clima antiinmigrante

The New York Times mencionó otras medidas duras como las redadas masivas en centros de trabajo llevadas a cabo por el departamento de Seguridad Nacional (DHS) y en la que participan agencias estatales de seguridad.

Además recordó la presentación de legislaciones antiinmigrantes a nivel local y estatal, y la detención de inmigrantes sin derecho a fianza, así como la negación de su acceso a abogados, la deportación sin apelación y el castigo por infracciones menores.

Advirtió el matutino que el Departamento de Justicia quiere expandir su colección rutinaria de ADN para incluir a los indocumentados detenidos, creando una amplia base de datos que arrastrará a personas inocentes, las cuales serían tratadas como sospechosos criminales.

El periódico criticó que la burocracia federal, conocida por sus retrasos y mal servicio a los inmigrantes, quiere incrementar sustancialmente el precio de la solicitud para la ciudadanía, lo cual consideró como "una afrenta para nuestros valores nacionales" por su alto costo.

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Un análisis preparado por Univision Online determinó que el costo de la reforma migratoria para los indocumentados, sólo en tarifas, ascendería a más de $53 mil millones.

Las apelaciones a fallos del servicio de inmigración también registrarán un fuerte incrementoa partir de junio.

Resurgió el KKK

El periódico alertó, por otro lado, sobre un incremento en la actividad del grupo racista Ku Klux Klan, enfocada principalmente en el odio contra los inmigrantes, según lo documentó en un informe la Liga contra la Difamación.

"La aplicación de las leyes no se puede ignorar. Castiguen a los inmigrantes que ingresan ilegalmente, háganles pagar impuestos y multas, restrinjan su habilidad de trabajar con documentos fraudulentos y falsificados. Pero abran un camino hacia su inclusión total en la vida de este país", urgió el diario.

Manifestó que la alternativa a una ciudadanía ganada, que sería la explotación o el hostigamiento, "repetiría solamente la forma en que este país se ha avergonzado a sí mismo en innumerables puntos de su historia".

El anuncio de Chertoff

El viernes, el jefe de la seguridad de Estados Unidos, Michael Chertodff, dijo en México que ve viable que antes de dos años se apruebe una reforma migratoria que beneficiaría a más de once millones de indocumentados en ese país.

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Chertoff declaró ante los miembros de la Cámara estadounidense de Comercio en México que la Casa Blanca impulsa una reforma "justa y humana", aunque no incluiría una "amnistía" para los inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos procedentes de América Latina.

"La respuesta es sí", enfatizó el funcionario al responder si creía "viable" que la medida se apruebe en los dos años que le restan de mandato al presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

Añadió que la propuesta de la Casa Blanca no considera conceder la "amnistía" a los indocumentados, sino buscar un mecanismo "práctico y que respete la ley" para regularizar su estadía en Estados Unidos.

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