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Diario exige difundir la política federal de deportaciones

Diario exige difundir la política federal de deportaciones

Diario Los Angeles Time exigió al gobierno difundir sus directrices cuando deciden deportar a miles de indocumentados.

Crecimiento alarmante

LOS ANGELES - Las autoridades de inmigración estadounidenses deben difundir sus directrices cuando deciden deportar a miles de inmigrantes indocumentados, publicó el viernes el diario Los Angeles Times.

"En los últimos años el número de indocumentados detenidos que aceptaron perder sus derechos para permanecer en Estados Unidos pasó de 5,500 cinco en 2004 a 35 mil en lo que va del año", resaltó el periódico.

En uno de sus editoriales, Los Angeles Times señaló que en total cerca de cien mil personas han aceptado abandonar el país bajo el precepto de "Remoción estipulada", que ha estado aplicando el departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"No sorprende que se conozcan reportes problemáticos en donde inmigrantes han señalado que han sido alentados para autodeportarse sin conocer que tienen el derecho a una audiencia con un juez de migración", resaltó.

Demanda en curso

Grupos defensores de inmigrantes demandaron al DHS y agencias federales exigiendo que divulguen sus procedimientos para informar derechos a detenidos.

"En los últimos dos años, autoridades migratorias han encarpetado cientos de páginas de documentos en respuesta a peticiones de información, y en donde no tiene récords que comprobar", apuntó el diario.

El miércoles tres organizaciones no lucrativas presentaron una demanda en una corte federal de distrito en San Francisco pidiendo que obligue al gobierno a entregar reportes bajo el Acta de Libertad de Información.

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No existen récords

De acuerdo a un memorando interno del gobierno, esos récords no existen y se ha explicado que las oficinas son consistentes con procedimientos escritos para revisar y aprobar las órdenes de remoción estipulada.

Los Angeles Times expresó que lo que se requiere saber es cómo son informados los inmigrantes de sus derechos y en casos por ejemplo de víctimas de crímenes, personas que enfrentan persecución en sus países de origen.

Asimismo para quienes se les podría permitir su estancia en Estados Unidos bajo circunstancias que les garantizaría quedarse aquí y si se les advierte de cómo quedaran sus récords cuando aceptan la deportación.

¿Qué piensa usted de la política de deportaciones del gobierno de Estados Unidos? ¿Cree que la detenga para darte tiempo al Congreso para que debata una reforma migratoria? Comente aquí.

Severos castigos

De igual forma habló de los casos de los que son deportados y que en caso de reingresar de manera ilegal al país se les notifica sobre las penalidades criminales a que podrían enfrentarse.

"Las remociones estipuladas no son necesariamente negativas, pero la justicia requiere de medidas de seguridad apropiadas para ser aplicadas y mucha más transparencia con aquellos que se supone deben aplicarlas", concluyó Los Angeles Times.

Récord de deportaciones

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A principios de noviembre el gobierno federal confirmó que durante el año fiscal 2008 deportó a 349,041 extranjeros, un 20 por ciento más que las deportaciones ejecutadas el año anterior, pese al pedido de organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes para que Washington frene los operativos hasta que el Congreso debata y apruebe una reforma migratoria.

Durante el año fiscal 2007 la agencia arrestó y deportó un total de 288,663 extranjeros, detalla un comunicado publicado en su página de Internet.

El gobierno dijo que las cifras demuestran el éxito de un programa orientado a frenar el ingreso ilegal, detener el robo de identidad y expulsar del país a extranjeros que han cometido delitos y violado las leyes de inmigración.

Se desconoce cuántos de esos deportados renunciaron a sus derechos sin saber exactamente qué tipo de documentos firmaron mientras se encontraban detenidos en prisiones del ICE.

Más en el 2009

Julie L. Myers, subsecretaria del DHS, dijo que los resultados "reflejan un progreso constante", y que el ministerio seguirá en esa línea.

El reporte detalló que un tercio de los indocumentados deportados en el año fiscal 2008 tenía antecedentes criminales.

Agregó que el número de deportados con antecedentes criminales aumentó en tres veces al número de expulsados en el año fiscal 2007.

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La agencia agregó que sus equipos continuarán buscando extranjeros sin papeles con antecedentes criminales en cárceles municipales, estatales y federales, a quienes abrirá procesos de deportación.

La Sección 287(g)

En la tarea de búsqueda de indocumentados participan agentes de policías municipales y estatales amparados por la Sección 287(g), aprobaba por el Congreso en 1996. El programa le permite al servicio de inmigración hacer acuerdos separados con las policías para incorporarlas en la ejecución de la ley federal de inmigración estadounidense.

La ICE dijo que en la primavera de 2009 al menos 50 agencias de policía local estarán actuando en todo el país, y que la meta para 2011 es que todas las agencias firmen la aceptación al programa.

A su vez, el gobierno reiteró que más de 100 grupos especiales de agentes federales del ICE seguirán buscando unos 540 mil indocumentados con orden de deportación que se quedaron en Estados Unidos para apresarlos y expulsarlos del país.

Proyecto frenado

Mientras el gobierno divulga cifras y la justicia resuelve la demanda para garantizar los derechos de los detenidos por el servicio de inmigración, en el Senado sigue detenido un proyecto de ley dirigido a vigilar las redadas y proteger los derechos de residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses.

Los senadores demócratas Edward Kennedy (Massachussets) y Robert (Bob) Menéndez (Nueva Jersey) patrocinaron a finales de septiembre un proyecto de ley para salvaguardar a inmigrantes legales y estadounidenses sorprendidos en las redadas que encabeza el DHS.

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El proyecto, denominado "Protección de Ciudadanos y Residentes de Allanamientos y Detenciones Ilegales" (S3594) busca establecer normas reguladoras en el desarrollo de redadas y detenciones de indocumentados por agentes federales del servicio de inmigración.

Tanto Kennedy como Menéndez sostienen que con frecuencia los allanamientos son realizados con tal amplitud que acaban siendo detenidos residentes legales y ciudadanos estadounidenses que trabajan junto a indocumentados.

La 'Ley Orantes'

La iniciativa legal es parecida a la puesta en vigor de la Ley Orantes, que obliga a los policías al detener a un sospechoso de delitos penales informarle sobre sus derechos, entre ellos solicitar un abogado, una llamada telefónica o permanecer callados hasta no hablar con un representante legal.

Menéndez aseguró que continuará defendiendo la idea.

"No podemos permitir que el fervor para deportar trabajadores indocumentados prive de los derechos constitucionales que pertenecen a todos y cada uno de los ciudadanos estadounidenses y residentes legales", insistió el legislador, hijo de inmigrantes cubanos.

"En Estados Unidos de América protegemos a nuestros ciudadanos y tratamos con respeto a los seres humanos", apuntó.

Organizaciones cívicas  -entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU- destacaron la iniciativa de ley Kennedy-Menéndez.

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