publicidad

Desafían ley de Prince William

Desafían ley de Prince William

Un boicot económico es la respuesta de grupos hispanos de Virginia a la resolución antiinmigrante votada en Prince William.

Desafían ley de Prince William 9e890811e916479793c3d577dcb75608.jpg

Se quedan donde están

Un boicot económico de una semana, durante la cual no comprarán nada en el condado, es la respuesta de grupos hispanos de Virginia a la resolución antiinmigrante votada en Prince William que niega a los indocumentados el acceso a los servicios comunitarios disponibles.

"Nadie se va a ir" de la ciudad, advirtió Ricardo Juárez, portavoz del grupo Mexicanos sin Fronteras. "Nos sentimos arrinconados y acorralados porque la reforma migratoria ha fracasado. Además, nos vemos perseguidos por leyes como ésta. Pero si preguntamos ¿qué vamos a hacer?, la respuesta unánime es que nadie se va a ir" de Prince William.

La reforma mencionada por Juárez era el proyecto que discutió el Senado entre el 21 de mayo y el 28 de junio.

publicidad

Redactado en secreto por negociadores demócratas, republicanos y la Casa Blanca, el plan se basaba en un fuerte componente de seguridad nacional y agregaba una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en el país y carecen de antecedentes criminales.

Pero demócratas y republicanos, al igual que en 2006, no se pusieron de acuerdo y abortaron el proyecto, decisión que dejó la puerta abierta a los gobiernos locales para que tomen la iniciativa y combatan por la inmigración ilegal con ordenanzas y normas municipales.

Según un informe de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, en los últimos dos años las legislaturas de los estados de Estados Unidos, ante la ausencia de medidas del gobierno federal sobre inmigración, han debatido 1,404 medidas y aprobado 170 leyes.

La ley de Prince William

El 10 de julio, apenas dos semanas después de terminado el debate en el Senado, la junta de supervisores de Prince William aprobó por unanimidad una resolución para negar a ciertos inmigrantes el acceso a los servicios comunitarios disponibles.

La ordenanza exige que todos los funcionarios de agencias gubernamentales, y también el personal de las distintas dependencias del gobierno del condado, verifiquen si los extranjeros que hacen uso de los servicios del condado viven legalmente en Estados Unidos.

También ordena que los agentes de las policías locales investiguen el estatus migratorio de cualquier persona detenida por haber violado una ley estatal o una ordenanza del condado, independientemente del "origen nacional, la etnia o la raza" del individuo.

publicidad

La norma otorgó al personal del condado 90 días para completar un estudio de los servicios que podrían negarse a los indocumentados, y cómo podría implementarse tal programa.

Iniciativa republicana

La iniciativa de Prince William fue propuesta por el representante republicano John T. Stirrup (Gainesville), quien recomendó además que las agencias de policía locales lleguen a acuerdos con el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS) lo antes posible para ejecutar la ordenanza.

El acuerdo recomendado permitirá a las autoridades del condado designar a los oficiales que estarán autorizados para reforzar la ley de inmigración y entregar a los indocumentados a las autoridades federales.

Autorizar a los departamentos de policía municipales y estatales para que su personal ejerza funciones como agentes de inmigración es un plan ideado por el departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ley de inmigración de 1996 permite que el servicio de inmigración llegue a acuerdos con autoridades estatales y locales para que la policía realice este tipo de funciones.

Movilizaciones pacíficas

Pero desde el mismo día en que se aprobó la ordenanza, el grupo 'Mexicanos sin Fronteras' tiene puesto el grito en el cielo.

Juárez explicó que entre el 23 y el 26 de julio se han llevado a cabo tres reuniones en las ciudades de Woodbridge, Dumfries y Manassas (todas ellas en Virginia), a las que asistieron más de 3,500 personas, quienes participaron en la elaboración del calendario de movilizaciones para oponerse a la medida.

publicidad

En la tercera de esas reuniones, celebrada el día 26 de julio, cientos de personas abarrotaron la Iglesia Católica All Saints para discutir la ordenanza. Los participantes, unidos en un solo grito, expresaron que apoyarán un boicot para presionar al condado a que se retracte de la medida.

"Vamos a realizar un boicot económico por el cual no compraremos absolutamente nada en el condado entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre", dijo el activista en una rueda de prensa en nombre de todos los inmigrantes del condado, pero liderada por Mexicanos sin Fronteras.

Compre en otro lado

Juárez, que llamó a la comunidad a que se anticiparan al boicot y que compraran con anticipación y fuera de Prince William lo que fueran a necesitar, explicó que se haría una excepción con los negocios del condado que están regentados por inmigrantes de cualquier país.

Otra de las medidas, acordadas por unanimidad, es la de la convocatoria de una marcha el día 2 de septiembre en la que se espera una respuesta masiva, "no sólo de la comunidad inmigrante, sino también de otros muchos grupos que han enviado mensajes de solidaridad con nuestra causa", dijo Juárez.

El portavoz del grupo anunció además un paro laboral para el día 9 de octubre, en el que esperan que nadie vaya a trabajar en Prince William, ni los residentes legales ni los indocumentados.

"Hemos recibido mensajes de apoyo de ciudadanos anglosajones y afroamericanos que están en contra de lo que ocurre y que apoyan nuestras movilizaciones con el objetivo común de anular esta ley", aseguró Juárez.

publicidad

Más allá de Prince William

El sentimiento antiinmigrante no se reduce sólo a Prince William.

Por eso los activistas acordaron organizar una caravana en la que una delegación de familias y trabajadores inmigrantes visitarán el condado de Loundon, la ciudad de Culpeper (ambos en Virginia) y otros lugares en los que se han promovido iniciativas parecidas.

"Hay por un lado un ambiente de angustia y miedo por el futuro que nos espera, pero por otro está la decisión por parte de la comunidad de que no vamos a dejar que las cosas se queden así, hay una decisión muy contundente de salir a luchar por esto", aseguró Juárez.

La asociación en defensa de los derechos de los inmigrantes también anunció la puesta en marcha de una línea telefónica de emergencia para la denuncia de abusos y de varias campañas de información, de educación y de denuncia.

Como los tres mosqueteros

Jaime Contreras, presidente de la Coalición de Inmigrantes de la Capital Nacional, dijo que aunque los esfuerzos están enfocados en los residentes de Virginia, espera que la comunidad de toda la región participe.

"Como comunidad debemos practicar el dicho que dice que 'un daño contra uno es un daño contra todos'. Si esto pasó en Prince William, quién nos garantiza que no va a pasar en otros condados", afirmó Contreras.

En un comunicado difundido el fin de semana, Mexicanos Sin Fronteras dijo que "(la junta de supervisores) ignoró la oposición mayoritaria de quienes testimoniaron, ignoraron las recomendaciones de abogados defensores de derechos civiles, ignoraron la oposición del Jefe de Policía y despreciaron e ignoraron la voz de los inmigrantes".

publicidad

A pesar de no sentirse bienvenida, la comunidad inmigrante no piensa marcharse y continuará la lucha contra una resolución que dicen "está diseñada para dividir la comunidad por medio de la promoción de la xenofobia y el odio".

Estudio alarmante

El motivo principal de la abundancia de iniciativas antiinmigrantes en las legislaturas estatales -y varias ciudades- ha sido "la incapacidad" del Congreso federal y del gobierno del presidente George W. Bush para reformar la ley de inmigración, según el estudio presentado la semana pasada en Boston, Massachussets, por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

"Los Estados han salido a 'la cancha' y hacen lo que pueden, porque la falta de acción sería irresponsable", afirmó la senadora demócrata en Texas Leticia Van de Putte, que preside la conferencia.

Las legislaturas estatales han considerado este año dos veces y media más iniciativas sobre inmigración que en 2006, y el número de las que se han convertido en ley duplica las 80 nuevas normas promulgadas el año anterior, según la Conferencia.

Lluvia de ordenanzas

El Congreso de Luisiana (sur) aprobó una ley que prohíbe al Estado dar licencias de conducir a los extranjeros hasta que haya revisado sus antecedentes criminales.

La legislatura de Arkansas (sur) aprobó otra ley que prohíbe que las agencias del Estado firmen contratos con empresas que emplean a inmigrantes indocumentados.

publicidad

La de Oregón (noroeste) determinó que sólo los abogados pueden realizar consultas sobre inmigración, mientras que en Arizona (suroeste) los empresarios que a sabiendas contraten a indocumentados pueden ser castigados con la suspensión de su permiso para ejercer.

"El mensaje de nuestros votantes es fuerte y claro, están frustrados porque el gobierno no ha tomado medidas necesarias para asegurar la frontera", resaltó Timothy Bee, republicano que preside el senado de Arizona.

Una ley en Tennessee (este) convirtió en crimen en lugar de delito civil la contratación de trabajadores indocumentados y estipuló que se castigue con multas de hasta $50,000.

En 19 de los 50 estados de la Unión las nuevas leyes prohíben la contratación de trabajadores indocumentados, en tanto que once estados promulgaron 15 leyes que restringen o niegan los servicios públicos para inmigrantes indocumentados.

En Carolina del Norte se han producido decenas de arrestos de inmigrantes por agentes de las policías locales que actúan junto con agentes federales del servicio de inmigración.

Richard Rocha, vocero de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE, por sus siglas en inglés), dijo que las redadas en ese estado "son normales", y que los agentes de la entidad andan en busca de indocumentados convictos por manejar ebrios, fugitivos con órdenes de deportación y criminales.

publicidad

Hazleton inconstitucional

A pesar de la arremetida en varios estados, el pasado 26 de julio un juez federal le devolvió el aliento a la población inmigrante de Estados Unidos cuando dictaminó que una ordenanza aprobada en el verano pasado en Hazleton, Pensilvania, que prohibía alquilar de viviendas y dar empleo a indocumentados, inconstitucional.

En un dictamen de 206 páginas emitido en la localidad de Scranton (Pensilvania), el juez James Munley prohibió de forma "permanente" que la ciudad de Hazleton ponga en marcha una ley aprobada en 2006, que además sanciona a quienes den empleo a inmigrantes sin papeles, y declara el inglés como idioma oficial.

En resumen, el magistrado determinó que la tarea de regular la inmigración en Estados Unidos recae sobre el Gobierno federal, y que la ley de Hazleton atropella los derechos constitucionales de sus habitantes, así como los reglamentos estatales y federales sobre acceso a vivienda.

No se rinden

Michelle Waslin, analista del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el principal grupo hispano de Estados Unidos, opinó que el fallo "ojalá envíe un mensaje de que medidas extremas contra los inmigrantes no serán toleradas, y que el Congreso debe aprobar una reforma migratoria para no dar pie a propuestas como la de Hazleton".

La ACLU, la mayor organización pro derechos civiles de Estados Unidos, calificó el fallo de Hazleton de "victoria" y "un duro golpe para quien intente promover la discriminación".

publicidad

También dijo que la decisión del juez es un "claro mensaje a aquellos alcaldes y funcionarios, así como a aquellas ciudades y condados de todo el país, que se plantean medidas antiinmigrantes".

publicidad
Contenido Patrocinado
En alianza con:
publicidad
publicidad