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Demián Bichir urge a reforma migratoria en Estados Unidos

El actor mexicano nominado al Oscar dijo que es urgente una reforma migratoria que incluya una vía de legalización para millones de trabajadores.

La carrera del actor mexicano ha cambiado radicalmente desde su nominaci...
La carrera del actor mexicano ha cambiado radicalmente desde su nominación al Oscar a principios de año.

Nominado al Oscar pide darle nombre a los 11 millones de indocumentados

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El actor mexicano Demián Bichir, nominado al Oscar como mejor actor en la película "A Better Life", dijo que es urgente una reforma migratoria en Estados Unidos que incluya una vía de legalización para millones de trabajadores.


"Es urgente una reforma migratoria, una amnistía, para darle personalidad, rostro, nombre, una identificación a estos millones de indocumentados", dijo el actor a una emisora de la estación Televisa en el Distrito Federal de México.

Bichir añadió que la reforma migratoria sería "una forma de agradecerles (a los millones de trabajadores indocumentados) todo lo que hacen por la economía de Estados Unidos".

La nominación de Bichir al Oscar se debe a su papel en la película "A Better Life", dirigida por Chris Weitz. En ella interpreta la vida de un jardinero mexicano indocumentado.

Bichir dijo que esperaba que la película contribuya a que los estadounidenses cambien su visión ante el problema migratorio, y añadió que el tema "no es un problema político, es un problema humano".

Promesa de Obama

En declaraciones anteriores, Bichir dijo, al referirse a la reforma migratoria, que se trataba de "una oportunidad maravillosa para que (el Presidente Barack) Obama cumpla lo que prometió hace cuatro años”.

Durante la campaña presidencial 2008 Obama ofreció que durante el primer año de su mandato empujaría una reforma migratoria comprensiva, pero la crisis económica, las guerras en Irak y Afganistán y el debate de la reforma de salud, entre otros temas, postergaron el debate en el Congreso.

En 2010 la Administración no consiguió un acuerdo bipartidista para garantizar la aprobación de la reforma en ambas Cámaras del Congreso y en noviembre de ese año los demócratas perdieron el control de la Cámara de Representantes y debilitaron el poder de los demócratas en el Senado.

Los republicanos advirtieron entonces que no apoyarían ninguna iniciativa de ley que incluya una vía de legalización para indocumentados.

Año difícil

Durante 2011 en al menos 30 estados presentaron su propia legislación migratoria, aunque en 20 fueron rechazadas. En otros cinco, estas leyes podrían ser consideradas y en los cinco restantes - Alabama, Utah, Indiana, Georgia y Carolina del Sur- legislaciones en contra de la llegada de inmigrantes sin autorización fueron. El Departamento de Justicia ha presentado demandas contra varias de esas legislaciones.

Aproximadamente 820 mil inmigrantes sin autorización para residir en Estados Unidos habitan en los cinco estados donde se aprobaron dichas leyes, según datos del Hispanic Pew Center.

La misma organización calcula que al menos otro millón de inmigrantes, en la misma situación de incertidumbre legal, viven en los cinco estados donde este tipo de legislación podría ser considerada: Ohio, Pensilvania, Michigan, Wisconsin e Illinois.

Carrera contra el tiempo

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Activistas y organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes batallan en varios frentes para contrarrestar los efectos de estas medidas estatales y lograr desincentivarlas.


Elena Lacayo, coordinadora de Inmigración para el Consejo Nacional de la Raza (NCLR, el grupo hispano más influyente del país), destacó que en Alabama, uno de los estados que puso en vigor severas normas contra los inmigrantes, "los agricultores no quieren sembrar porque no saben quién podrá recoger después la cosecha".

Para realizar esa labor suelen contratar a extranjeros que muchas veces residen ilegalmente en el país.

El Consejo de Negocios Agrarios de Georgia calculó que la falta de mano de obra en las granjas del estado ha provocado pérdidas estimadas en unos $300 millones y podrían ascender hasta los $1,000 millones si no se revierte la escasez de trabajadores ocasionada por el éxodo tras la entrada en vigor de la Ley HB56.

Batallas legales

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) concentra sus esfuerzos en 2012 en batallar contra las iniciativas estatales.

"Lo que haremos será cambiar los 'Alabamas' y otros estados antes de dedicarnos al nivel federal", dijo María Elena Hincapié.

Uno de los escenarios de una anunciada batalla legal será Carolina del Sur, donde el 1 de enero entró en vigor una ley que otorga a la policía el poder de ejercer políticas migratorias federales.

En otra acción, La Raza pedirá que el gobernador de Alabama revoque las duras provisiones contenidas en la Ley HB56 y trabajará junto al Hispanic Interest Coalition of Alabama en la campaña "Una familia. Una Alabama".

Otros activistas preparan alianzas con grupos empresariales que denuncian el impacto económico de estas leyes; mientras que también habrá organizaciones dedicadas a fortalecer la participación electoral de hispanos para incidir en la conformación de los gobiernos a nivel local.

Récord de deportaciones

Mientras activistas y organizaciones batallan para convencer al Congreso que debata y apruebe una reforma migratoria comprensiva, la Administración de Obama no quita el dedo del renglón de su política de deportaciones.

Durante el año fiscal 2011 la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) deportó a poco más de 397 mil indocumentados. De ellos, aseguró el gobierno, unos 210 mil tenían antecedentes penales, cifra que también constituyó un récord.

Durante el año fiscal 2010 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a poco más de 392 mil y de ellos 195 mil tenía antecedentes criminales.

El año fiscal estadounidense inicia el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.

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Programa activo


El gobierno de Washington reitera que sigue poniendo énfasis “en nuestras más altas prioridades" y que continuará deportando a criminales y personas que constituyen un peligro para la seguridad nacional, además de individuos que cruzan la frontera de México a Estados Unidos y reincidentes que ya fueron deportados.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes sostienen que un elevado porcentaje de deportados no tiene antecedentes criminales que los convierta en una amenaza para la seguridad nacional.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) reiteró que entre seis y siete de cada 10 deportados durante el año fiscal 2010 no tenía antecedentes criminales graves.

Casos bajo revisión

Simultáneamente al desarrollo de la política de expulsión de indocumentados con antecedentes criminales, el DHS prosigue con la revisión de miles de casos de extranjeros sobre quienes pesa una orden de deportación y no han cometido delitos.

El 18 de agosto de 2011 el gobierno anunció su intención de aplazar, por tiempo indefinido, la deportación de unos 300 mil inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno también advirtió que la medida era discrecional y que cada caso sería revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió a la población indocumentada que la medida adoptada por el gobierno -y que afecta la política de deportaciones- no se trataba de una “amnistía", y recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan gestiones no autorizadas.

Posibles beneficiados

John Morton, director de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), explicó en agosto que el gobierno aplazaría por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno también advirtió que la medida era discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

AILA apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.

Consulte un abogado

AILA añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración, y que por nada se pongan en contacto con las autoridades de inmigración, porque "pueden ser arrestados y puestos en proceso de deportación".

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"Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos", subrayó AILA.


En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe "tener cuidado" y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.

No es una "amnistía"

El anuncio del 18 de agosto "no se trata de un programa de amnistía, no otorga estatus legal de permanencia a ningún indocumentado y los extranjeros sin papeles no deben inscribirse en las oficinas del servicio de inmigración para calificar a algún tipo de beneficio", dijo AILA.

La Asociación reiteró además que el anuncio del ICE de agosto no proporciona ninguna vía para que los indocumentados presenten una solicitud de autorización de empleo (permiso de trabajo) ni tampoco representa una nueva forma para quedarse legalmente en Estados Unidos.

La medida solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes (unos 300 mil) obstruyen los procesos.

En cuanto a solicitudes para presentar un caso, AILA dijo que "no hay no hay ningún formulario" y tampoco “ninguna cuota que pagar”, y que el gobierno irá dando a conocer las formas en cómo se deberá proceder.

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