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Demandan para frenar redadas

Demandan para frenar redadas

Una corte federal volvió a suspender el envío de cartas del Seguro Social para advertir sobre "trabajadores dudosos".

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El plan está bloqueado

SAN FRANCISCO, California – Por tercera vez en menos de un mes un juez federal aceptó el miércoles una petición planteada por sindicatos y organizaciones de defensa de las libertades civiles para bloquear un proyecto del gobierno federal que pretende sancionar a patronos que contraten a trabajadores indocumentados.

Tildan redadas de terrorismo doméstico

The Associated Press reportó que el juez de distrito Charles Breyer dictaminó que la Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) y el departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no pueden continuar con un plan para enviar cartas conjuntas advirtiendo a las empresas que serán multadas o sancionadas si mantienen en sus nóminas a trabajadores cuyos números de la Seguridad Social no coinciden con sus nombres.

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El magistrado apuntó que las nuevas normas federales podrían causar muchas dificultades a las empresas y a sus empleados.

"Los demandantes han demostrado que serán dañados de manera irreparable si (...) se permite implementar la nueva norma", escribió Breyer al bloquear la medida.

Los pasos previos

La semana pasada la misma corte había dilatado por 10 días el plan para poder revisar las normas redactadas por el DHS.

En septiembre, la corte había aceptado una demanda interpuesta por la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) la mayor confederación de sindicatos de Estados Unidos, quien demandó al gobierno federal para que cancele el programa de verificación de empleo, un plan para castigar a los propietarios de empresas que contraten a inmigrantes sin papeles.

La jueza federal Maxine Chesney concedió una orden temporal a favor de los demandantes en la que prohibió la emisión de las notificaciones de "no concordancia", que planeaba enviar desde el próximo martes la SSA, como parte de una serie de medidas del gobierno de Washington en su lucha por combatir la inmigración ilegal.

El fallo preliminar fijó el 1 de octubre para tomar una decisión en firme. Pero ese día el juez Charles Breyer escuchó los alegatos de las partes y otorgó otros 10 días para estudiar los nuevos argumentos presentados el lunes .

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La orden resultó necesaria porque "está claro... que los denunciantes podrían sufrir daños irreparables" si el gobierno aplicara su plan tal como está formulado, según explicó el juez.

Elogian fallo

Poco después de conocido el fallo, Héctor Figueroa, Secretario-Tesorero del Local 32BJ del Service Employees Internacional Union (SEIU), dijo que el dictamen del juez Breyer "es una victoria para los inmigrantes trabajadores".

"Cualquier persona que trabaja hasta 14 horas al día limpiando pisos, sembrando vegetales en los campos o en las fábricas procesadoras de carne debería ser tratada con respeto y no estar en la mira para ser deportada", agregó.

Figueroa precisó que muchos "buenos trabajadores" están siendo afectados por "malas leyes" y urgió al Congreso a retomar el debate de la reforma migratoria amplia y justa.

El Local 32BJ de la SEIU representa a más de 85,000 trabajadores en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Maryland y Virginia, y Washington, D.C.

El plan del gobierno

El gobierno federal estadounidense pretende poner en vigor una ley que obligaría a los patronos en un plazo de 90 días dejar en claro al Seguro Social cualquier duda que exista con la identidad de un trabajador extranjero y el número asignado por la agencia.

Si no lo hace, el empleado debe ser despedido. Si no es echado y la duda persiste, el gobierno sancionará entonces con severas multas al empleador.

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The Associated Press aseguró que el gobierno tiene listas 140 mil cartas para enviar apenas la corte lo autorice, de acuerdo con declaraciones atribuidas al subsecretario de Justicia, Tom Dupree.

Según la demanda de la AFL-CIO, los nuevos reglamentos publicados por el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y que iban a ser agregados a las cartas, amenazan con violar los derechos de los trabajadores y afectar de manera injusta a sus empleadores.

En el primer dictamen emitido en septiembre, la jueza Chesney subrayó que la corte necesita "espacio" antes de tomar cualquier decisión sobre la legalidad de las nuevas sanciones encaminadas a detener la contratación de indocumentados.

Detalles de la demanda

La AFL-CIO argumentó que un incremento en el escrutinio de los números de la Seguridad Social derivará en errores y pondrá en riesgo los empleos de los trabajadores que se encuentran legalmente en el país.

El gobierno de Washington iba a poner en vigor el 14 de septiembre -a nivel nacional- un sistema digital de verificación de empleo que le permitirá, con el consentimiento de los empleadores, verificar el estado migratorio de todos los trabajadores extranjeros.

Desde 2003 la SSA tiene activo -con la autorización del Congreso- un programa que corrobora los números de seguro social de los trabajadores con la identidad de estos, pero no comparte esta información con otras agencias federales debido a leyes que resguardan la privacidad.

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Las nuevas normas -que incluye abrir las bases de datos de la SSA- violarán los derechos de los trabajadores e impondrán pesadas obligaciones sobre los empleadores que reciban cartas de la Administración de la Seguridad Social, donde se les indique que los documentos "no concuerdan" y se les informe que algunos de sus empleados no tienen autorización para laborar, de acuerdo con la demanda de la AFL-CIO interpuesta en la Corte Federal de Distrito en San Francisco, había reportado The Associated Press.

El temor de los sindicatos

"Hemos visto a empleadores valerse de estas cartas de 'no concordancia' como una herramienta para acabar con los sindicatos", dijo Ana Avendaño, abogada de la AFL-CIO y directora de su programa para trabajadores inmigrantes.

"Los empleadores echarán un vistazo a todas estas cartas, verán todas las cargas nuevas (que enfrentan) y simplemente decidirán despedir gente".

El plan del gobierno es conceder un plazo de 90 días a empleadores y trabajadores para que aclaren los documentos de identificación dudosos. Si no hay respuesta dentro de ese tiempo, el patrono deberá despedir al trabajador o será multado.

La demanda, interpuesta en favor de la AFL-CIO por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), busca obligar al gobierno del presidente George W. Bush a detener el plan, y con ello frenar las redadas.

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El gobierno se defiende

En un comunicado despachado en septiembre, el departamento (ministerio) de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que la demanda era "un intento obvio para obstruir la capacidad del departamento de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración. No tiene ninguna razón sustantiva y pretendemos luchar contra ella con todo vigor".

Aunque los empleadores tienen prohibido contratar a trabajadores indocumentados, usualmente su responsabilidad al recibir una de estas cartas concluía al notificarle al empleado sobre las discrepancias.

Pero a partir del 14 de septiembre tendrían que haber sido despedidos si no son capaces de aclarar las dudas, señaló el documento antes de conocerse el dictamen preliminar de la jueza Chesney.

El sistema de verificación

Conocido como Sistema Básico de Verificación de Empleo (EEVS, por sus siglas en inglés), el sistema fue aprobado por el Congreso en noviembre de 2003. Forma parte de las políticas de seguridad implementadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la Casa Blanca quiere que todos los empleadores del país se afilien lo antes posible.

El sistema, al que los empleadores acceden voluntariamente -por teléfono o internet- faculta al gobierno federal para que verifique la identidad de cualquier trabajador extranjero, coteje su nombre y números de identidad con diversas bases de datos, y compruebe que cuenta con visa y permiso para laborar en Estados Unidos.

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Sistema paralelo

Como si no bastara, un segundo sistema fue habilitado hace pocas semanas por el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS).

Se trata del ICE Mutual Agreement between Government and Employers (IMAGE), otra "herramienta" del gobierno del presidente George W. Bush para hacer más riguroso el control sobre los centros de trabajo y fortalecer la batalla que libra en contra de la inmigración ilegal.

Matthew Allen, vocero de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), comentó que el beneficio para quienes participan en IMAGE "es que están mejor equipados para saber si su planta laboral es legal, y también para evitar que agentes federales lleguen inesperadamente a su puerta interfiriendo con sus actividades", según reportó recientemente The Washington Post.

La ACLU teme que IMAGE faculte al gobierno para investigar no sólo la vida de los trabajadores extranjeros, sino también de millones de residentes y ciudadanos de Estados Unidos.

Nueva Herramienta

El pasado 17 de septiembre el servicio de inmigración estadounidense activó 'en línea' el programa E-Verify, que revisa las fotografías de las autorizaciones de empleo y de las tarjetas verdes o green card de los trabajadores foráneos.

El sistema se encuentra conectado con las bases de datos del Social Security Administration (SSA) y del DHS, herramientas que reúnen datos de millones de personas, tanto ciudadanos como residentes legales en Estados Unidos.

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E-Verify es la segunda parte del Sistema Básico de Verificación de Empleo (EEVS) que fue aprobado por el Congreso en noviembre de 2003 y que forma parte de las políticas de seguridad implementadas tras los ataques terroristas de 2001.

Cierran el cerco

Emilio González, director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), dijo que E-Verify ayudará a los patronos "a detectar algunas formas de fraude de identidad" que pudieran cometer trabajadores recién contratados.

La USCIS explicó que el nuevo sistema coteja las fotografías de las autorizaciones de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y de las tarjetas de residencia de los trabajadores (green card) con las imágenes almacenadas en el DHS, y también la veracidad de los números de Seguro Social.

La base de datos de la USCIS cuenta con información de al menos 15 millones de imágenes obtenidas de archivos de la agencia y que pertenecen a personas que no son ciudadanas de Estados Unidos.

"E-Verify también tiene acceso a la base de datos del SAA que cuenta con más de 425 millones de expedientes, y a la base de datos del DHS, que tiene registrados más de 60 millones de expedientes", dijo la USCIS.

Ya chequearon millones

A principios de septiembre Univision Online pudo conocer que al 3 de agosto la USCIS ya tenía registrados unos 23 mil empleadores en el sistema, quienes habían a su vez registrado más de 140 mil empresas.

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Con esos datos, la agencia había hecho unas 4.2 millones de verificaciones.

La USCIS determinó que cerca del 93 por ciento de las verificaciones requeridas fueron resueltas de manera afirmativa y que el 7 por ciento de ellas arrojaron datos erróneos, y que el 95 por ciento de los casos fueron aprobados y el 1 por ciento fueron rechazados.

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