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Defienden ley antiinmigrante

Defienden ley antiinmigrante

Los reos que fueron entregados a las autoridades de inmigración se encontraban sin papeles de estadía legal en el país.

Mano dura

RICHMOND, Virginia - Una ordenanza que permite que el condado de Prince William documente y reporte el estatus migratorio de delincuentes ha dado como resultado la entrega de 242 reos indocumentados a autoridades federales desde julio, reportó The Associated Press el miércoles.

Funcionarios de ese lugar también esperan comenzar a aplicar una ley para no ofrecer servicios públicos del condado a inmigrantes indocumentados a partir de inicios del 2008, dijo el presidente de la junta de supervisores del condado Corey Stewart.

"No se puede depender del estado para que se resuelva este problema", dijo Stewart (de la inmigración indocumentada).

El debate migratorio en la localidad de Prince William se ha centrado mayormente en el efecto de los indocumentados en lo delictivo.

Stewart dijo a la prensa el martes que cree que hasta una tercera parte de los pandilleros en el norte de Virginia son inmigrantes indocumentados.

Procesos de deportación

Funcionarios del condado respondieron estableciendo un acuerdo con funcionarios federales para iniciar el proceso de deportación cuando se sabe que los prisioneros son inmigrantes indocumentados.

Antes había restricciones legales que hacían que las cárceles retuvieran a los delincuentes y criminales hasta que funcionarios federales los arrestaran.

Stewart agregó que funcionarios esperan expandir el programa para departamentos de policía. Criticó a detractores que relacionan las medidas del condado con racismo.

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"El efecto de la inmigración ilegal no es algo que fue soñado por algún político... esto es algo que ha salido de la comunidad", apuntó Stewart.

Críticos de las medidas

Pero activistas latinos argumentan que la comunidad inmigrante de indocumentados es pequeña, con relativamente poco efecto en el estado.

Los latinos representan el 6 por ciento de la población de Virginia, siendo la mayoría -cerca de 60 por ciento- naturales de Estados Unidos o nacionalizados, de acuerdo con Qian Cai, demógrafo del Centro Weldon Cooper para Servicios Públicos en la Universidad de Virginia.

El resto podría estar en el país con o sin autorización legal para vivir en Estados Unidos, posiblemente incluyendo a gente que ingresó legalmente pero que se quedó ilegal en el país al expirar su visa.

La ley de Prince William

Las medidas para combatir la inmigración indocumentada en Prince William fueron aprobadas el 10 de julio, apenas dos semanas después de terminado el debate de la reforma migratoria en el Senado.

La junta de supervisores por unanimidad votó a favor de una resolución para negar a ciertos inmigrantes el acceso a los servicios comunitarios disponibles.

También exige que todos los funcionarios de agencias gubernamentales, y también el personal de las distintas dependencias del gobierno del condado, verifiquen si los extranjeros que hacen uso de los servicios del condado viven legalmente en Estados Unidos.

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También ordena que los agentes de las policías locales investiguen el estatus migratorio de cualquier persona detenida por haber violado una ley estatal o una ordenanza del condado, independientemente del "origen nacional, la etnia o la raza" del individuo.

Iniciativa republicana

La iniciativa de Prince William fue propuesta por el representante republicano John T. Stirrup (Gainesville), quien recomendó además que las agencias de policía locales lleguen a acuerdos con el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS) lo antes posible para ejecutar la ordenanza.

El acuerdo recomendado permitirá a las autoridades del condado designar a los oficiales que estarán autorizados para reforzar la ley de inmigración y entregar a los indocumentados a las autoridades federales.

Autorizar a los departamentos de policía municipales y estatales para que su personal ejerza funciones como agentes de inmigración es un plan ideado por el departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ley de inmigración de 1996 permite que el servicio de inmigración llegue a acuerdos con autoridades estatales y locales para que la policía realice este tipo de funciones.

Lluvia de ordenanzas

Tras la aprobación de la ordenanza de Prince Williams, en julio, el Congreso de Luisiana (sur) aprobó una ley que prohíbe al Estado dar licencias de conducir a los extranjeros hasta que haya revisado sus antecedentes criminales.

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La legislatura de Arkansas (sur) aprobó otra ley que prohíbe que las agencias del Estado firmen contratos con empresas que emplean a inmigrantes indocumentados.

La de Oregón (noroeste) determinó que sólo los abogados pueden realizar consultas sobre inmigración, mientras que en Arizona (suroeste) los empresarios que a sabiendas contraten a indocumentados pueden ser castigados con la suspensión de su permiso para ejercer.

"El mensaje de nuestros votantes es fuerte y claro, están frustrados porque el gobierno no ha tomado medidas necesarias para asegurar la frontera", resaltó Timothy Bee, republicano que preside el senado de Arizona.

Una ley en Tennessee (este) convirtió en crimen en lugar de delito civil la contratación de trabajadores indocumentados y estipuló que se castigue con multas de hasta $50 mil.

Casi 40 por ciento

En 19 de los 50 estados de la Unión las nuevas leyes prohíben la contratación de trabajadores indocumentados, en tanto que once estados promulgaron 15 leyes que restringen o niegan los servicios públicos para inmigrantes indocumentados.

En Carolina del Norte se han producido decenas de arrestos de inmigrantes por agentes de las policías locales que actúan junto con agentes federales del servicio de inmigración.

Richard Rocha, vocero de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE, por sus siglas en inglés), dijo que las redadas en ese estado "son normales", y que los agentes de la entidad andan en busca de indocumentados convictos por manejar ebrios, fugitivos con órdenes de deportación y criminales.

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Hazleton inconstitucional

Pero a pesar de la arremetida en varios estados, el 26 de julio un juez federal le devolvió el aliento a la población inmigrante de Estados Unidos cuando dictaminó que una ordenanza aprobada en el verano pasado en Hazleton, Pensilvania, que prohibía alquilar de viviendas y dar empleo a indocumentados, inconstitucional.

En un dictamen de 206 páginas emitido en la localidad de Scranton (Pensilvania), el juez James Munley prohibió de forma "permanente" que la ciudad de Hazleton ponga en marcha una ley aprobada en 2006, que además sanciona a quienes den empleo a inmigrantes sin papeles, y declara el inglés como idioma oficial.

En resumen, el magistrado determinó que la tarea de regular la inmigración en Estados Unidos recae sobre el Gobierno federal, y que la ley de Hazleton atropella los derechos constitucionales de sus habitantes, así como los reglamentos estatales y federales sobre acceso a vivienda.

No se rinden

Michelle Waslin, analista del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el principal grupo hispano de Estados Unidos, opinó que el fallo sobre Hazleton "ojalá envíe un mensaje de que medidas extremas contra los inmigrantes no serán toleradas, y que el Congreso debe aprobar una reforma migratoria para no dar pie a propuestas como la de Hazleton".

La ACLU, la mayor organización pro derechos civiles de Estados Unidos, calificó el fallo de Hazleton de "victoria" y "un duro golpe para quien intente promover la discriminación".

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También dijo que la decisión del juez es un "claro mensaje a aquellos alcaldes y funcionarios, así como a aquellas ciudades y condados de todo el país, que se plantean medidas antiinmigrantes".

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