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Debate migratorio en Utah

Debate migratorio en Utah

Legisladores escucharon testimonios de dirigentes comunitarios sobre el efecto negativo de leyes migratorias.

Estudian ley antiinmigrante

DENVER, Colorado - El Comité Interino de Inmigración del Legislativo de Utah escuchó en su segunda reunión pública varios testimonios de dirigentes comunitarios sobre el efecto negativo que las leyes migratorias tienen en las familias hispanas.

El comité, compuesto por siete representantes y cuatro senadores estatales, tiene como propósito analizar las posibles consecuencias de la ley de reforma migratoria estatal SB08-81, aprobada este año pero que entrará en vigor en julio de 2009.

La primera reunión de este comité se realizó en Salt Lake City, el 22 de mayo pasado. La segunda, la noche del domingo (22 de junio), en Logan.

Juan Carlos Vázquez, educador del Centro para Personas con Incapacidades de la Universidad Estatal de Utah (USU, por sus siglas en inglés), contó el caso de un "brillante estudiante" que, tras graduarse de la Escuela Secundaria de Logan, estaba estudiando biotecnología en la Universidad Estatal de Utah (USU) y tenía un alto rendimiento académico.

Sin embargo, ese alumno, que había llegado a Estados Unidos desde Guatemala en su temprana infancia, fue obligado a dejar la universidad cuando, en diciembre de 2006, su padre fue detenido durante un operativo en el frigorífico Swift de la zona y se descubrió que el joven era indocumentado.

Bajo libertad condicionada

Según Vázquez, el joven está ahora en libertad condicional y esperando ser deportado.

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Vázquez pidió que los legisladores reconozcan que los jóvenes hispanos "quieren educarse para contribuir a este país y para ser mejores ciudadanos", por lo que instó a los funcionarios a recordar que "la educación es la clave para que los inmigrantes puedan contribuir".

Otro de los oradores, Dee Rowland, directora de relaciones gubernamentales de la Diócesis Católica de Salt Lake City, urgió a los legisladores a reconocer que "el actual sistema migratorio ya no funciona" y, por lo tanto, "se necesita una reforma justa".

"Hacer que los criminales paguen por sus crímenes es hacer justicia y está bien. Pero tratar como criminales a personas pobres que sólo buscan una vida digna para ellos y para sus familias, y luego castigarlos, no es justicia", agregó.

Piden una reforma migratoria

James Hamilton, uno de los directores del frigorífico Swift, se expresó a favor de una reforma migratoria "ya que el sistema no está funcionando para nadie".

Pero, dijo, hasta que llegue ese momento en el Congreso federal, el Legislativo de Utah debería enfatizar el estricto cumplimiento de las leyes de verificación de documentos de identidad", para evitar la contratación de empleados que carecen de autorización para trabajar legalmente en el país.

La verificación de documentos es precisamente uno de los requisitos incluidos en la ley SB08-81, por medio del sistema "E-Verify".

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Robo de 50 mil identidades

Por su parte, Ron Mortensen, representante de la Coalición de Utah contra la Inmigración Ilegal, indicó que los indocumentados robaron la identidad de 50 mil niños de Utah con el propósito de poder trabajar en este estado.

Por eso, pidió que los legisladores tengan en cuenta "quiénes son las víctimas y quiénes sufren las consecuencias" de la presencia de indocumentados, y que, sobre esa base, implementen estrictas leyes al respecto.

Los legisladores también escucharon los testimonios del reverendo Clarence Sandoval, pastor de la Parroquia Santo Tomás de Aquino en Logan; de Jesse Soriano, director de la Oficina de Asuntos Etnicos de Utah; y de Leo Bravo, director del Centro Multicultural de Logan.

"Efecto devastador"

Sandoval habló del "efecto devastador" que las redadas tienen en la comunidad latina, mientras que Soriano y Bravo ofrecieron comentarios sobre "el alto costo humano" y sobre "las familias divididas" por las leyes inmigratorias.

Finalmente, Steven E. Tyler, presidente del Comité de Inmigración de la Cámara de Comercio de Salt Lake City, pidió que se analicen las consecuencias económicas de SB08-81 y que se investigue la fiabilidad del sistema "E-Verify", y sugirió que se espere a que el Congreso federal implemente una reforma migratoria antes de poner en marcha una a nivel estatal.

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Como respuesta, el representante estatal Michael Noel (republicano de Kanab) y uno de los patrocinadores de la ley SB08-81, dijo que, a pesar de todo los testimonios presentados, aún no queda claro ni cuántas personas ni cuántos trabajos serían afectados, ni tampoco "cuántos ciudadanos estadounidenses se verían beneficiados por esa situación".

Decisión a largo plazo

Una vez completado el ciclo de reuniones públicas, los legisladores podrían decidir que SB08-81 entre en vigor en pleno y tal como fue aprobada, o que se posterguen o modifiquen alguno de sus elementos, o que la ley quede intacta pero se modifique la manera de implementarla.

La próxima reunión será en Park City el 27 de agosto.

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