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Critican programa 287(g)

Critican programa 287(g)

Organizaciones de defensa de los DDHH condenaron la implementación en el estado de Virginia del programa 287(g).

Golpe a la comunidad latina

WASHINGTON - Organizaciones de defensa de los derechos humanos condenaron el martes la implementación en el estado de Virginia de un programa federal que exige informar a las autoridades federales sobre el estatus migratorio de los presos en las cárceles.

El programa, bajo el nombre 287(g) (Sección de la ley de inmigración incluida en los cambios que hizo el Congreso en 1996), se suma de este modo a otras ordenanzas en materia de inmigración del estado, como la aprobación de la resolución antiinmigrante en el condado de Prince William en julio de 2007.

En representación a la Coalición Nacional Latina de Ministros y Lideres Cristianos (CONLAMIC), Miguel Rivera señaló: "Repudiamos la pobre implementación del plan 287 (g) por efectivos de policías locales y alguaciles del condado".

"La principal intención de estas autoridades al aceptar el programa federal -manifestó- es cumplir con una cuota que persigue lastimar la comunidad latina".

Arrestos con perfil racial

Según Rivera, la implementación de este marco legal, que en Virginia entró en vigor el pasado 1 de julio, sólo contribuirá a "aumentar la incidencia de actos de perfil racial y por ende se abrirá una cacería en contra de las personas latinas como sucedió en otros condados".

Con estas palabras el representante de CONLAMIC recuerda el exilio de miles de inmigrantes de Tulsa (Oklahoma) y otros estados como Georgia, "por temor a los atropellos y abusos de policías y alguaciles".

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Precisamente, organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes reivindicaron el cumplimiento del primer aniversario de la resolución antiinmigrante del condado de Prince William, que ha conllevado el desplazamiento a otros estados de muchos inmigrantes hispanos.

En vigor a fines de año

La resolución, que entrará en vigor a finales de 2008, establece que se negará a los indocumentados todos los servicios públicos, excepto los que deben ser proporcionados según la ley federal, tales como los de emergencia médica o los educativos.

Desde Mexicanos Sin Fronteras, Ricardo Juarez, afirmó que como resultado de este éxodo, Prince William experimentó el cierre de numerosas empresas, la devaluación de las viviendas, el aumento de los impuestos, así como un sentimiento de desánimo generalizado que desalienta a que nuevas familias y negocios se muden a la región.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reportó a mediados de julio que el programa 287(g) recibió más de $42 millones de presupuesto para el año fiscal 2008, frente a los $15 millones otorgados en el año anterior.

Mediante diferentes programas, la ICE apunta que identificó 164,296 indocumentados en las prisiones locales durante al año fiscal 2007, y de ellos 2,738 de los estados de Virginia, Maryland, Delaware y el Distrito de Columbia.

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