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Crece rechazo a redadas en EU

Crece rechazo a redadas en EU

El principal grupo hispano de EU y el Caucus hispano del Congreso condenaron las redadas del gobierno federal.

Daños irreparables

El Consejo Nacional de la Raza (NCLR, el principal grupo hispano de Estados Unidos) y parlamentarios cuestionaron el miércoles al gobierno de Washington por las redadas de trabajadores inmigrantes y el impacto que estos operativos tienen en niños estadounidenses y familias, las que viven con miedo y angustiadas.

Asimismo, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) condenó la denegación de los derechos básicos a los más de 390 trabajadores inmigrantes detenidos la semana pasada en una planta procesadora de carne de Postville, Iowa, y demandó que les sean devueltos de forma inmediata.

Durante una audiencia ante el Subcomité de Protección Laboral del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, donde se trató el asunto sobre el impacto que las redadas de inmigración tienen en los centros de trabajo, en los niños y en las familias, Janet Murguía, presidenta y gerente general del NCLR, expresó su preocupación acerca de la estrategia actual para aplicar la ley de inmigración por parte de a Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), y explicó cómo esta agencia federal ésta minando otras responsabilidades federales importantes y causando estragos en las comunidades de todo el país.

La Raza, dijo Murguía, "cree que Estados Unidos puede y debe ejecutar las leyes de inmigración", pero agregó que "así como cualquier otro conjunto de leyes, las debe ejecutar bien y sabiamente".

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Durante la audiencia, dirigente dijo que existe evidencia substancial de que el uso de las redadas en los centros de trabajo como estrategia para aplicar la ley de inmigración "están causando un daño enorme a los niños, escuelas, guarderías y agencias de servicio comunitario".

Estropearon investigación

Como prueba de la denuncia, Murguía testificó que una redada reciente, realizada por el ICE en Iowa, la semana pasada, "debilitó una investigación que estaba siendo realizada por el estado sobre las violaciones a la ley laboral de los niños".

"La planta Agriprocessors, en Postville, Iowa, estaba bajo investigación debido a la presunción de que empleaba a menores en su planta procesadora de carnes", dijo Murguía. "Algunos de los niños que testificaron acerca de los abusos, ahora están detenidos".

"Detener a los niños mientras su empleador y explotador se reagrupa y restablece sus labores al día siguiente, es una clara indicación de que el tema de la aplicación de la ley, al igual que nuestras prioridades, necesitan reevaluarse", añadió la presidenta de La Raza.

Acoso federal

En su testimonio, Murguía también compartió ejemplos de cómo el ICE fracasa al seguir su propio procedimiento cuando se trata de la aplicación de la ley, y dijo que a pesar de las reglas tradicionales de ICE de no conllevar actividades ni operativos cerca de las escuelas, enumeró ejemplos en los cuales agentes de dicha agencia ha perseguido a participantes de los programas de ayuda a las familias de inmigrantes, como Head Start, en ocho estados.

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"En algunos casos, las camionetas del ICE han sido vistas estacionadas cerca de los centros de Head Start a las horas de llegada y recogido de los niños", denunció Murguía.

"Necesitamos asegurarnos de no destruir el bienestar ni impedir el desarrollo de nuestros niños, por no pensar cuidadosamente en cómo ejecutamos nuestras leyes de inmigración segura y efectivamente" concluyó.

Caucus indignado

A su vez, miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC, por sus siglas en inglés) denunciaron el miércoles el fuerte impacto que las redadas tienen sobre los hijos de los inmigrantes indocumentados, la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses.

Representantes del CHC y líderes de organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes se reunieron en una rueda de prensa para analizar las consecuencias que las últimas redadas en lugares de trabajo han generado en centenares de familias.

El representante Rubén Hinojosa (demócrata de Texas) subrayó que "los niños son los que están pagando el precio más elevado, al vivir con el miedo de que en cualquier momento pueden ser separados de sus padres".

Según datos facilitados por La Raza, cerca de 5 millones de niños son hijos de un inmigrante indocumentado, la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses y menores de 10 años de edad.

El informe de 2007

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A finales de octubre del año pasado, La Raza y The Urban Institute publicaron un detallado informe en el que revelaron que más de 500 niños víctimas de redadas en Colorado, Nebraska y Massachussets entre 2005 y 2006 "padecen trastornos mentales serios, condiciones de pobreza y desarraigo familiar", y culpó al Congreso por estos daños que calificó de "irreparables".

El documento subrayó que los niños afectados por las redadas del servicio de inmigración "no son inmigrantes, sino ciudadanos estadounidenses con plenos derechos", y advirtió que otros tres millones podrían correr la misma suerte en corto plazo.

La denuncia, plasmada en el informe titulado Pagando el Precio: El Impacto de las Redadas de Inmigración Sobre los Niños en Estados Unidos, reveló los horrores que han vivido familias víctimas de leyes antiinmigrantes, donde los grandes damnificados son los más pequeños de la sociedad.

La Raza dijo que el error cometido por el Congreso causó daño a los niños tras el fracaso del debate de la reforma migratoria, y resaltó la incapacidad del organismo legislativo de lograr una solución al problema que plantean 12 millones de inmigrantes sin papeles en el país.

Los más afectados

De acuerdo con el informe de 2007, las redadas del servicio de inmigración ejecutadas entre 2006 y 2007 han causado serios daños a unos 500 niños estadounidenses, y otros 3 millones, hijos de inmigrantes indocumentados, corren la misma suerte, además de violar los derechos de trabajadores con ciudadanía de Estados Unidos.

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El estudio mostró además el drama humano detrás de cada detención y se centró en los menores porque, dijo La Raza, "la sociedad debe velar por ellos, especialmente cuando son ciudadanos estadounidenses y Estados Unidos es su hogar".

"Los niños afectados por las detenciones merecen toda la atención de la sociedad, sobre todo su estabilidad emocional, financiera y afectiva", dice el documento.

Revisión de políticas

El presidente del Caucus Hispano, Joe Baca (demócrata de California), resaltó la necesidad de revisar las políticas migratorias seguidas por el ICE.

"Las consecuencias de las últimas redadas en nuestras comunidades demuestran que el sistema migratorio de los Estados Unidos está roto -señaló- y tenemos que apostar por un nuevo modelo que respete los valores de las familias del país", dijo.

Asimismo, Baca recordó que el Caucus Hispano del Congreso ha pedido ya en varias ocasiones que se detengan este tipo de prácticas, a pesar de que "a día de hoy aún no hemos tenido ningún tipo de respuesta".

Exigen derechos

Mientras La Raza y el Caucus Hispano fustigaron al gobierno federal de Washington por las redadas del servicio de inmigración, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) condenó la denegación de los derechos básicos a los más de 390 inmigrantes que fueron detenidos en una redada en Postville, Iowa, la semana pasada.

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En un comunicado, la entidad pidió a la Fiscalía y al departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que eliminen los plazos que se han fijado de manera arbitraria para declarar culpables a los inmigrantes.

"Las tácticas persecutorias, el incremento del número de casos que tienen los abogados y las barreras del lenguaje, que hacen más difícil la defensa de los inmigrantes, muestran que parece que el gobierno está más interesado en deportar a la gente que en hacer justicia", lamentó Ben Stone, director ejecutivo de ACLU en Iowa.

Un abogado para 20

Según denunció la organización "los inmigrantes -algunos de los cuales ni siquiera hablan inglés- son representados en grupos de más de 20 por un único abogado defensor, que les asesora por igual en temas distintos".

Algunos abogados, agregan "no son expertos en temas de inmigración y tienen que trabajar bajo la presión del plazo de siete días que da la Fiscalía, tras los cuales el abogado tiene que decidir con su cliente si se declara culpable y va a prisión -donde pierde todos sus derechos como inmigrante- o afronta cargos criminales por robo de identidad, lo que supone a dos o más años de cárcel".

La ACLU lamentó que los inmigrantes se están viendo acorralados y no pueden defender sus derechos en los tribunales adecuadamente, ya que "un caso como este no se puede resolver de forma improvisada".

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La última redada

El pasado 12 de mayo más de 390 trabajadores inmigrantes fueron detenidos mientras trabajaban en una fábrica de carne en la localidad de Postville, al noreste de Des Moines, en la mayor redada hecha en un puesto laboral en la historia de Estados Unidos.

El ICE les imputa cargos por robo de identidad, uso fraudulento de números de Seguro Social y entrada ilegal en el país.

La agencia agregó que la redada fue planificada durante meses a raíz de una investigación por uso de documentos falsificados y contrata de menores de edad en un centro de trabajo.

Daños a largo plazo

En la denuncia de 2007, La Raza reportó que muchos padres detenidos en redadas del ICE están siendo deportados pocos días después de su detención, y que las familias hicieron arreglos para intentar que el padre regresara a Estados Unidos.

Otros padres fueron detenidos durante meses y sólo los liberaron después de pagar una fianza (en algunos casos de $10 mil o más). Pero no todos fueron liberados antes de proceder a su deportación.

Durante la época en que estos padres fueron detenidos, sus hijos y otros miembros de la familia reconocieron importantes dificultades, incluida la dificultad para hacer frente a las consecuencias económicas y el estrés psicológico causado por la detención.

Las dificultades han aumentado con el tiempo, ya que las familias de escasos ahorros y fondos, y que vivían del trabajo diario, ya agotaron las reservas.

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Escondidos y con miedo

La Raza y el Urban Institute también apuntaron que algunas organizaciones consiguieron fondos para asistir a familias durante uno o dos meses, pero los arrestos generalmente duraron dos a tres meses, y en algunos casos los trabajadores padres de familia permanecieron arrestados cinco o seis meses.

Otros fueron puestos en libertad, pero esperaron hasta que el último de los detenidos compareciera ante un juez para liberarlos, tiempo durante el cual no pudieron trabajar.

El aumento de las difíciles condiciones de vida entre las familias se extendieron, se agravaron y las redes familiares necesitaron más recursos, porque adquirieron cada vez más y más responsabilidades para cuidar de los niños de padres detenidos.

Después de la detención o desaparición de sus padres, los niños han experimentado sentimientos de abandono y mostraron síntomas de traumas emocionales, coacción psicológica y problemas de salud mental.

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