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Crece ola antiinmigrante

Crece ola antiinmigrante

Condado de Spotsylvania, Virginia, se suma a la lista de lugares de EU que rechazan a los indocumentados.

Proyecto en puertas

El sentimiento antiinmigrante crece en el Estado de Virginia. El condado de Spotsylvania se sumó el viernes a la lista de poblaciones que busca imponer regulaciones contra los inmigrantes indocumentados para que se vayan, o para entregarlos a las autoridades federales y sean deportados de Estados Unidos.

Un despacho emitido por The Associated Press informó que el director de la junta de gobierno del condado, Chris Yakabouski, tiene planeado pedirle la semana próxima a su equipo que estudie cómo negarle servicios a gente que se encuentre en el condado sin papeles, aunque se desconoce la gravedad o tamaño del problema.

"Tal vez ni siquiera se trate de un problema", dijo Yakabouski el jueves.

María Rivas, propietaria de El Asador, un restaurante latino en Spotsylvania, dijo que lo que está pasando en el vecino condado de Prince William le preocupa a los hispanos de la región.

"La gente está asustada. No salen de sus casas, ni siquiera aquí", aseveró Rivas.

La ley de Prince William

En el condado de Prince William el 10 de julio, apenas dos semanas después de terminado el debate de la reforma migratoria en el Senado, la junta de supervisores aprobó por unanimidad una resolución para negar a los indocumentados el acceso a los servicios comunitarios disponibles.

La ordenanza exige que todos los funcionarios de agencias gubernamentales, y también el personal de las distintas dependencias del gobierno verifiquen si los extranjeros que hacen uso de los servicios del condado viven legalmente en Estados Unidos.

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También ordena que los agentes de las policías locales investiguen el estatus migratorio de cualquier persona detenida por haber violado una ley estatal o una ordenanza del condado, independientemente del "origen nacional, la etnia o la raza" del individuo.

La norma otorgó al personal del condado 90 días para completar un estudio de los servicios que podrían negarse a los indocumentados, y cómo podría implementarse tal programa.

Crecen los hispanos

La población de hispanos en Spotsylvania ha crecido a más del doble en la década, estimada en 6,195 en 2005.

En otro condado de Virginia, Culpeper, los comisionados votaron esta semana para establecer al inglés como el idioma oficial del condado, y funcionarios del condado de Chesterfield tienen planeado emitir dentro de las próximas semanas cuáles servicios se le pueden negar a los extranjeros sin estatus legal de permanencia en el país.

Mientras tanto, funcionarios de Spotsylvania están estudiando reforzar las medidas de vivienda porque algunos residentes se quejan de sobrepoblación y de demasiados vehículos estacionados sobre jardines y en calles estrechas.

Cuestión de votos

Yakabouski dijo que quiere anticipar cualquier problema antes de que se materialice, si es que los hay, y antes de que se hagan muy grandes.

"No quiero que mi condado llegue al punto en el que se encuentra el condado de Prince William ahora", aseveró.

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Yakabouski es un republicano que busca desbancar en noviembre al senador demócrata R. Edward Houck.

Temores en Arizona

La preocupación y el temor aumentan entre miembros de la comunidad inmigrante en Arizona, donde en enero próximo entrará en vigor una ley estatal que sancionará duramente a los negocios que contraten a trabajadores "sin papeles".

El futuro del mexicano Arturo Álvarez y de su familia, como la de otros indocumentados que viven en Arizona, es incierto ante la posibilidad de perder su empleo.

Desde que llegó a este país hace ocho años, procedente de Oaxaca, Álvarez se ha desempeñado en varios empleos: desde la construcción, hasta la reparación de techos, pasando por la venta de comida y más recientemente como mesonero en un restaurante de Phoenix.

"Si pierdo el trabajo, vamos a tener serios problemas", dijo el inmigrante, quien está casado y tiene dos hijos.

Fuertes sanciones

La ley estatal HB2779 obliga a los dueños de negocios a verificar el estatus migratorio de cada uno de sus empleados con una base de datos establecida por el Gobierno federal.

Quienes contraten indocumentados a sabiendas podrían enfrentar la suspensión de su licencia de operación hasta por 10 días en el caso de la primera infracción.

En caso de reincidir la licencia sería suspendida permanentemente.

Información clave

Activistas como Elías Bermúdez, fundador y director de la organización Inmigrantes Sin Fronteras, han realizado foros para informar tanto a empleados, como empleadores, sobre la nueva ley.

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De acuerdo con Bermúdez los trabajadores contratados antes del 1 de enero de 2008 no deben ser cuestionados sobre su estatus migratorio.

La organización recomienda a los negocios mantener dos archivos separados, con los trabajadores que contrataron antes y después de que entre en vigor la nueva ley.

Miedo a las multas

Pero a pesar de estas recomendaciones, los dueños de varios negocios en ciudades como Phoenix y Tucson han comenzado ha advertirles a sus empleados y decirles que tienen hasta dos meses para presentar la documentación correcta si quieren seguir trabajando, de no hacerlo les piden que mejor busquen otro empleo.

"Hay mucho temor y mucha incertidumbre", dijo Bermúdez quien diariamente recibe llamadas de inmigrantes durante su programa de radio.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos se unió esta semana a una coalición de organismos en Arizona que busca suspender la entrada en vigor de la ley por medio de una orden judicial.

En la demanda presentada por varios empresarios se indica que es responsabilidad exclusiva del Gobierno federal hacer valer las leyes de inmigración y no del Gobierno estatal.

Divulgan derechos

Mientras tanto diversas organizaciones de todo el estado han iniciado una intensa campaña para informar a los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, de sus derechos.

Bermúdez ha convocado a la comunidad inmigrante a participar en un boicot laboral durante una semana a partir del próximo 3 de septiembre.

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"Este es el momento de luchar, ya que este tipo de leyes están siendo aprobadas a través de todo el país", sostuvo el activista.

Poderes extraordinarios

En Easton, Pensilvania, una reunión pública poco común para un magistrado, un juez del Tribunal Supremo dijo que el gobierno federal debe darle a las autoridades locales el poder para arrestar a inmigrantes indocumentados.

A menudo agentes federales de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE, por sus siglas en inglés) procesan a inmigrantes indocumentados por delitos menores, dijo el juez Correale F. Stevens en el Club Kiwanis a la población de Palmer.

Aún así, agentes del ICE le han dicho a la policía local que a veces arresta inmigrantes indocumentados, que los dejen libres, dijo el juez.

Una ley nacional

Stevens dijo que él está a favor de una legislación que le permita a la policía local y estatal arrestar a inmigrantes indocumentados sin necesidad de tener permiso federal.

"El Congreso de los Estados Unidos fácilmente puede enmendar la ley federal para que la policía no tenga que llamar y pedir permiso para efectuar los arrestos", sostuvo Stevens. "Después los llevarían al juzgado ante un juez del condado para que él decida", anotó.

Stevens, un ex fiscal y juez del condado de Luzerne, pasó a ser miembro del Tribunal Supremo del estado en 1997.

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Ideado después del 11-S

Autorizar a los departamentos de policía municipales y estatales para que su personal ejerza funciones como agentes de inmigración es un plan ideado por el departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ley de inmigración de 1996 permite que el servicio de inmigración llegue a acuerdos con autoridades estatales y locales para que la policía realice este tipo de funciones.

El entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, explicó en 2003 que el plan formaba parte de la lucha antiterrorista dirigida por el gobierno de Washington.

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