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Crece el rechazo a polémico programa antiinmigrante 287(g) en Estados Unidos

Crece el rechazo a polémico programa antiinmigrante 287(g) en Estados Unidos

Diario reveló que seis agencias de policía se resisten a firmar polémico programa antiinmigrante activado bajo gobierno de Bush.

Programa polémico

WASHINGTON - Una cosa es el anuncio oficial del gobierno de Washington de la renovación de un plan antiinmigrante y otra distinta es el rechazo de algunas agencias locales de policía que se resisten a arrestar a indocumentados. Así lo dijo el lunes el diario USA Today, quien reportó que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) está buscando que seis agencias municipales y estatales del orden público firmen el programa tal y como lo venían haciendo desde que fue activado.

El matutino no reveló los nombres de estas agencias, que el ICE busca sumar a las 67 con las que ya renovó un acuerdo la semana pasada, entre ellas la oficina del alguacil Joe Arpaio, en el condado Maricopa, Arizona, aunque con algunas restricciones.

El plan o programa 287(g) fue aprobado por el Congreso en 1996 en la ley de inmigración vigente y faculta al Departamento de Justicia -que en ese tiempo tenía bajo su mando al Servicio de Inmigración- hacer acuerdos con las policías locales para que sus agentes detengan a inmigrantes indocumentados.

El programa permaneció dormido hasta 2003, cuando el entonces Fiscal General John Aschcroft lo activó como parte de las medidas de seguridad adoptadas en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Ese año se puso en vigor un programa piloto en Florida que luego pasó a manos del recién creado Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el que luego fue expandido a varios estados.

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Lluvia de críticas

El programa fue replanteado a mediados de julio tras fuertes críticas de grupos y organizaciones de derechos civiles, quienes exigieron al gobierno de Barack Obama detenerlo por abusos cometidos por policías en varios estados.

En respuesta a los reclamos, el DHS dijo que había elaborado un nuevo reglamento y que ahora su objetivo era ubicar, detener y deportar a extranjeros con antecedentes criminales, entre ellos unos 540 mil con orden de deportación vigente.

Pero con una importante diferencia: esta vez se procederá bajo un solo reglamento en los 50 estados del país.

De esta forma, aseguró el DHS en julio, se evitará que se cometan detenciones arbitrarias y se elimine el debido proceso a los extranjeros que permanecen indocumentados, permitiéndoles su día en corte tal y como lo señala la Constitución.

¿Qué opina de la reciente renovación del programa 287(g) anunciada por el gobierno federal de Washington? Comente aquí.

Cada uno por su cuenta

Hasta julio el programa se desarrollaba en al menos 30 estados, pero en cada uno de ellos se procedía de manera diferente. El DHS entonces dijo que el ICE había "estandarizado el memorando de entendimiento" (MOA) que se utiliza para ejecutar el programa.

La permanencia indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, pero la violación de una orden final de deportación final es un crimen, según la ley.

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Con la nueva regla que entró en vigor la semana pasada, el ICE limitará de manera significativa la forma como las policías locales aplican el programa. Ahora sólo pueden mantener bajo custodia a inmigrantes indocumentados que enfrenten cargos criminales previos.

El viernes, el DHS confirmó que la renovación del programa se firmó con 67 agencias locales y estatales del orden público, pero el USA Today aseguró que seis agencias que antes participaban, esta vez no quisieron renovar la licencia.

Renovación en la mira

La organización pro inmigrante America's Voice, que exige al gobierno y al Congreso que detenga el programa hasta que se apruebe la reforma migratoria y se permita la legalización de millones de indocumentados, dijo el lunes que el 287(g) autoriza a la policía local actuar como agentes federales de inmigración y que al menos 12 agencias, de las 67 anunciadas por el DHS, todavía no ha endiosado el documento.

La entidad cuestionó además la renovación que hizo con el alguacil Arpaio, cuya oficina se encuentra bajo investigación del Departamento de Justicia por violaciones a los derechos civiles.

Arpaio realizó redadas de indocumentados el reciente fin de semana a pesar de las fuerte4s criticas a sus operativos y en abierto desafío a los límites impuestos por el DHS a los poderes otorgados a sus más de 100 agentes con que cuenta su oficina.

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"El problema es que el lenguaje citado por Arpaio se basa en una interpretación legal inexacta" del reglamento del DHS, subrayó America´s Voice en una nota.

Miles de demandas

America's Voice agregó que Las tácticas de Arpaio han resultado en 3,500 demandas en su contra y una investigación por parte de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.

Frank Sharry, director ejecutivo y fundador de America's Voice, declaró que "a Arpaio hay que frenarlo, no reautorizarle acuerdos".

En una de las redadas de Arpaio este fin de semana fueron detenidas 16 personas, pero no se ha indicado bajo qué cargos.

A finales de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA fustigó la negativa de Arpaio para que investigadores de esa entidad visitaran un centro de detención de inmigrantes en Maricopa.

La OEA concluyó en un informe preliminar que las cárceles del los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

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