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Crece alarma por condiciones que viven inmigrantes en cárceles de Estados Unidos

Crece alarma por condiciones que viven inmigrantes en cárceles de Estados Unidos

Las difíciles condiciones en las que viven miles de inmigrantes en centros de detención en Estados Unidos preocupan a la ACLU.

En manos del Congreso

MIAMI - Las difíciles condiciones en las que viven miles de inmigrantes en centros de detención en Estados Unidos preocupan a la Unión de Libertades Civiles (ACLU). La entidad reiteró que cientos de ellos que no han sido acusados de cometer delito alguno son alojados durante meses y en condiciones deplorables, y urgió al Congreso a que apruebe un proyecto de ley que recomienda aumentar la supervisión sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y mejorar  el trato a los detenidos.

"Esta legislación es muy positiva porque intenta proteger los derechos de los detenidos en los centros de detención del servicio de inmigración", dijo Mónica Ramírez, abogada del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de ACLU en California a Univision.com.

Señaló que desde 2003, cuando fue creado el DHS, han muerto 90 inmigrantes en distintas cárceles. "De ellos siete eran mujeres y 17 se trataba de inmigrantes cubanos. No conocemos todas las causas de estos fallecimientos, el gobierno no aporta información y muchas veces nos enteramos de lo que ocurrió por versión de familiares. El secretismo predomina".

La iniciativa de ley citada por Ramírez corresponde al proyecto de ley H.R. 1215 presentado la semana pasada por la representante Lucille Roybal-Allard (demócrata de California), que tiene como objetivo humanizar el reglamento de los centros de detención para inmigrantes y que ejecuta la Inmigration Costumer Enforcement (ICE, una de las 23 agencias que integran el DHS, ministerio creado durante el gobierno de George W. Bush).

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Detalles del plan

El proyecto incluye conceder a los detenidos atención médica, teléfono, documentos jurídicos y bibliotecas jurídicas. También garantiza protección a los niños inmigrantes solos, a las víctimas de abusos sexuales, los supervivientes de tortura y las familias con hijos menores de edad.

"Protege los derechos de los detenidos en los centros de detención y garantiza que no se forzará a los extranjeros a ser drogados en contra de su voluntad en el momento que son deportados", dijo Ramírez. "No hay registros sobre el número total de personas que fueron drogadas el año pasado. No es muy alto el número, pero es significante y no es justificado. Las personas no pueden ser drogadas en contra de su voluntad", sostuvo.

De acuerdo con el ICE, en el año fiscal 2008 (del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre del año siguiente) fueron deportados casi 350 mil inmigrantes, la mayoría originarios de Latinoamérica. En el mismo período se ejecutaron más de 1,200 redadas en puestos de trabajo, donde fueron arrestados más de 33 mil inmigrantes.

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Cartas y teléfono

Conocer cómo viven y el trato que reciben los prisioneros en las cárceles del DHS resulta casi imposible. "Es muy difícil obtener datos", dijo Ramírez. "La mayoría de las veces lo sabemos por cartas y llamadas telefónicas de los propios prisioneros. Por esos contactos sabemos que sí hay violación de derechos de los detenidos".

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Aura Guerra conoce una parte del régimen carcelario que impone el gobierno federal a los inmigrantes presos. "Mi esposo estuvo semanas detenido en una cárcel de Florida antes de ser deportado a Guatemala. Las veces que fui a visitarlo no me dejaron tocarlo ni abrazarlo", contó entre lágrimas. "Lo tenían detrás de una ventana como si se tratara de un criminal. Me partió el alma verlo así. Después lo deportaron. No pude abrazarlo ni besarlo cuando me despedí de él".

Guerra obtuvo la ciudadanía estadounidense por naturalización en 1997. Tiene dos hijas adolescentes nacidas en Estados Unidos. Los traumas provocados tras la detención de su esposo son severos. "Mis hijas lloran todos los días", refirió. "Sus calificaciones en el colegio bajaron y cuando salen a la calle tienen miedo incluso de la policía".

Imagen para siempre

En New Bedford, Massachussets, la Señora "Q" no olvida los días que pasó en prisión tras ser arrestada durante una redada en una fábrica de implementos militares, el 6 de marzo de 2007. "Una de las mujeres había dado a luz hacía pocas semanas. La primera noche la obligaron a sacarse leche y tirarla al desagüe del baño. La pobre lloraba desconsolada y les rogaba a los guardias que le permitieran guardarla, les decía que era el único alimento de su pequeño. Esa imagen se quedó en mi cabeza. Esa mujer lloraba todas las noches, desconsolada", dijo.

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En la redada fueron arrestados 380 trabajadores, la mayoría padres de familia con hijos menores de edad ciudadanos estadounidenses quienes quedaron abandonados en escuelas y guarderías.

Si bien los detalles de la vida de los inmigrantes encarcelados no son informados por el gobierno, "existen maneras de hacer que los detenidos puedan ejercer sus derechos", destacó Ramírez. "La información que nosotros recibimos de los arrestados, ya sea por carta o por teléfono, ayuda. Quizás los testimonios no sean válidos en una Corte, pero sí sirven para una investigación".

A puro tylenol

La lista de preocupaciones de ACLU la encabeza el trato que el gobierno federal da a los inmigrantes enfermos cuando llegan y permanecen en un centro de detención. "En la mayoría de las cárceles del DHS las personas no tienen acceso a ayuda medida cuando la necesitan. Cuando sufren alguna enfermedad no tienen tratamiento y en muchos casos no se investiga si la persona acusa un dolor. Y cuando lo hace, le dan una tableta de tylenol y basta", criticó Ramírez.

Y agregó: "Un país avanzado, como Estados Unidos, debe garantizar la salud de las personas detenidas. Y eso es responsabilidad del gobierno. La población de detenidos sigue creciendo e inquieta que no haya planes de aumentar la capacidad de camas en los centros de detención".

Al citar el número de indocumentados prisioneros, dijo que en el 2003 había un promedio diario de 18 mil "y en la actualidad estamos hablando de 34 mil. Pero para el año fiscal 2009 el ICE espera detener y encarcelar a 400 mil", advirtió.

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Cuando el ICE notificó en diciembre el número de deportados durante el año fiscal 2008, el ICE puntualizó que a nivel nacional estaban funcionando más de 100 grupos de operaciones especiales que rastrean el paradero a unos 540 mil inmigrantes con orden de deportación, cuyos nombres se encuentran en la base de datos del National Crime Information Center (NCIC).

El informe anterior

En diciembre del año pasado la ACLU reveló que cientos de personas arrestadas por violaciones a las leyes de inmigración -una falta de carácter civil y no penal o criminal- eran mantenidas durante largos períodos y en condiciones de hacinamiento en el estado de Massachusetts.

El informe, titulado "Detención y Deportación en la Era del ICE: Inmigrantes y Derechos Humanos en Massachusetts", fue el primero en su clase que detalló las condiciones de detención y el desarrollo del procesamiento legal de los reos en varias cárceles de ese estado.

Laura Rótolo, una de las abogadas que encabezó el trabajo de la ACLU, dijo que "nuestra investigación reveló que el ICE (el brazo de Inmigración encargado de la prosecución de los casos de deportación) combina una mano dura en las deportaciones con un manejo de 'lavarse las manos' respecto de la protección de los derechos en aquellos que tiene bajo su cuidado".

"Adicionalmente, el ICE -continuó- aparece dispuesto a silenciar quejas acerca de las condiciones de detención a través del traslado de la gente que presenta quejas hacia otros centros de detención, alejados de sus familias y el abogado que sus familias ha contratado para proteger sus derechos básicos".

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La queja de Illinois

El septiembre, líderes comunitarios y religiosos de Chicago denunciaron las condiciones inhumanas en los centros de detención de inmigrantes en el estado de Illinois y organizaron una campaña nacional de protesta que denominaron "La noche de las mil conversaciones", que consistió en rezos, una procesión y vigilia.

La medida tuvo como propósito presionar a las autoridades de inmigración de Illinois para mejorar el trato que reciben los indocumentados en los sitios donde se les mantiene detenidos.

Entre los detenidos por las autoridades también había residentes legales, quienes fueron apresados por cometer alguna clase de delito criminal en el pasado, fueron procesados y ya cumplieron sus penas impuestas por una corte.

Abusos en Tacoma

Y en julio, la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y la organización humanitaria OneAmerica denunciaron en un informe el hallazgo de "numerosas violaciones" de los derechos humanos en gran parte de los 985 detenidos del Northwest Detention Center de Tacoma, en su mayor parte mexicanos, centroamericanos y asiáticos.

Los extranjeros en proceso de deportación fueron maltratados en dependencias policiales, reveló el documento. "Estas violaciones, inaceptables en cualquier circunstancia, son todavía más notables por el hecho que las detenciones -originalmente previstas para cortos períodos de tiempo- normalmente duran meses o incluso años".

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Según el informe, tras las visitas de los abogados, los vigilantes de las dependencias y los jefes de policía federales suelen abusar con frecuencia físicamente y verbalmente de los detenidos, y añadió que aproximadamente, el 75 por ciento de los detenidos entrevistados alegaron haber sufrido problemas de salud que requerían de la atención del servicio médico de este centro.

Reporte de la GAO

Simultáneamente, en Washington DC, la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) denunció deficiencias burocráticas, escasez de personal médico, respuesta tardía a urgencias médicas y pobre calidad alimentaria como algunos de los problemas destacados en un informe sobre las condiciones que afrontan los extranjeros en centros de detención en Estados Unidos.

Una lista de fallos cometidos en los centros de detención de inmigrantes citada el año pasado por el diario La Opinión de Los Angeles, California, en 2008, incluyó:

  • Deficiencias en el acceso de los detenidos a materiales legales con información sobre las leyes de inmigración y refugiados.
  • Falta de información sobre los procedimientos de asilo en Estados Unidos.
  • Carencia de computadoras o máquinas de escribir.
  • Falta de papel para escribir.
  • Acceso limitado de los detenidos a un teléfono. En algunos casos había un teléfono para 40 detenidos, cuando el máximo debe de ser 25.
  • Teléfonos que no funcionan.
  • Teléfonos que se estropean a menudo.
  • Falta de privacidad en las conversaciones.
  • Restricciones de tiempo y otros.
  • Límites de tiempo en las visitas de abogados.
  • Horarios problemáticos para las visitas.
  • Revisión de correspondencia personal sin la presencia del detenido.
  • Ausencia de políticas sobre efectos personales perdidos o extraviados.
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No hay sitios buenos

La ACLU no ha elaborado todavía un listado de malos centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Pero hay tres que encabezan las criticas porque en los últimos seis meses murieron tres extranjeros que enfrentaban procesos de deportación. "Las cárceles de Monroe (Louisiana), Farmville (Virginia) y Central Falls (Rhode Island)", dijo Ramírez.

"Son los peores lugares donde el gobierno detiene a inmigrantes", agregó. "Y no hay buenos centros, no existen. Nadie, ninguna cárcel merece ese título", añadió.

También dijo que se están reuniendo datos para documentar violaciones sexuales a inmigrantes detenidas en centros de detención.

En cuanto al futuro inmediato, dijo que existe un clima de "confianza" en la administración del presidente Barack Obama, que se "investigarán" las denuncias sobre abusos, que se "abrirán las puertas de los centros carcelarios para entender la situación de todos los detenidos" y que se pondrá fin al "secretismo" impuesto durante la administración del ex presidente Bush.

"Hay mucho misterio que debe terminar", apuntó. "El proyecto de ley de la congresista Roybal-Allard (H.R. 1215) protege los derechos de los detenidos. Es una iniciativa muy importante".

Fuentes del Congreso consultadas por Univision.com dijeron que es poco probable que la iniciativa prospere en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Señalaron que no cuenta con el respaldo republicano.

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