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Costosa verificación de empleo

Costosa verificación de empleo

Estudio advierte que el plan de verificación de empleo del gobierno de EU costaría miles de millones de dólares.

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WASHINGTON - El plan del gobierno de Washington dirigido a poner fin a la existencia de trabajadores indocumentados, podría costar a los patronos más de $1,000 millones al año, detalló un informe encargado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y que fue dado a conocer a The Associated Press el jueves.

El estudio agrega que a los trabajadores legales el plan le costará miles de millones de dólares más en salarios perdidos.

Richard Belzer, un consultor contratado por la Cámara de Comercio para que llevara a cabo el estudio, dijo que esos costos fueron suficientes para la acción de una ley federal que exigiría al departamento de Seguridad Interna (DHS) el analizar más detalladamente los efectos de su propuesta.

El DHS había propuesto la implementación de la regla de "no igualdad" que exigiría a los patrones despedir a sus empleados si se detectaban discrepancias entre su nombre y su número de Seguridad Social.

La Cámara de Comercio se opone a esta propuesta.

The Associated Press señaló que el estudio de Belzer figurará entre los comentarios públicos enviados al DHS en torno a la propuesta, plazo que termina este viernes.

El gobierno podría adoptar la medida después de analizar los comentarios.

De qué se trata el plan

A finales de septiembre del año pasado el gobierno pretendió poner en vigor una ley que obligaría a los patronos en un plazo de 90 días dejar en claro al Seguro Social cualquier duda que exista con la identidad de un trabajador extranjero y el número asignado por la agencia.

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Si no lo hace, el empleado debe ser despedido. Si no es echado y la duda persiste, el gobierno sancionará entonces con severas multas al empleador.

El gobierno tenía listas a principios de octubre 140 mil cartas para enviar apenas una corte federal lo autorizara.

El proyecto gubernamental se encuentra detenido tras una demanda interpuesta por la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) la mayor confederación de sindicatos de Estados Unidos.

Demandaron al gobierno

La AFL-CIO entidad acudió a la justicia para que el DHS cancele el programa de "no igualdad" porque su ejecución amenaza con violar los derechos de los trabajadores y afectar de manera injusta a sus empleadores.

En un dictamen emitido en septiembre, la jueza federal Maxine Chesney concedió una orden temporal a favor de los demandantes en la que prohibió la emisión de las notificaciones de no concordancia que planeaba enviar la Administración del Seguro Social.

Chesney subrayó que la corte necesita "espacio" antes de tomar cualquier decisión sobre la legalidad de las nuevas sanciones encaminadas a detener la contratación de indocumentados.

En la demanda, la AFL-CIO argumentó que un incremento en el escrutinio de los números de la Seguridad Social derivará en errores y pondrá en riesgo los empleos de los trabajadores que se encuentran legalmente en el país.

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La verificación de empleo

El gobierno de Washington iba a poner en vigor el 14 de septiembre -a nivel nacional- un sistema digital de verificación de empleo que le permitirá, con el consentimiento de los empleadores, verificar el estado migratorio de todos los trabajadores extranjeros.

Desde 2003 la SSA tiene activo -con la autorización del Congreso- un programa que corrobora los números de seguro social de los trabajadores con la identidad de estos, pero no comparte esta información con otras agencias federales debido a leyes que resguardan la privacidad.

Las nuevas normas -que incluye abrir las bases de datos de la SSA- violarán los derechos de los trabajadores e impondrán pesadas obligaciones sobre los empleadores que reciban cartas de la Administración de la Seguridad Social, donde se les indique que los documentos "no concuerdan" y se les informe que algunos de sus empleados no tienen autorización para laborar, de acuerdo con la demanda de la AFL-CIO interpuesta en la Corte Federal de Distrito en San Francisco, había reportado The Associated Press.

Las cartas del DHS

El DHS también envía cartas a los empleadores cuando hay discrepancias entre nombres y números de Seguridad Social de sus trabajadores.

Estos ocurren a menudo cuando alguien está trabajando de manera ilegal, pero una discrepancia también se puede dar por un error de tipografía, confusiones en la manera de escribir los nombres y en los cambios de nombre (como en el caso de las mujeres casadas) entre otras razones.

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El DHS dio a conocer los costos promedio para los patrones con base en el número de trabajadores que tengan y el porcentaje que podría corresponder a empleados no autorizados para trabajar. Además determinó que no representaría un alto costo para los patrones, reportó indicó AP.

Belzer, un ex economista de la Oficina de Administración y Presupuesto, observó los costos en total y los multiplicó en promedio por el número de patrones en cada categoría.

Además, empleó los cálculos del Departamento de Seguridad Interna en el sentido de que un 2 por ciento de empleados legales podría perder sus empleos al año por no poder resolver sus discrepancias en los números de Seguridad Social, uno de los principales temas que alarmó e año pasado a la AFL-CIO.

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