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Corte para detenidos en redada

Corte para detenidos en redada

Una semana después de la mayor redada registrada en la historia de EU, 66 trabajadores se presentaron ante un juez federal.

Aceptarán culpas

DENVER - Una semana después de la mayor redada registrada en la historia de Estados Unidos, 66 trabajadores inmigrantes de un frigorífico en el estado de Iowa se presentaron ante un juez federal de inmigración para determinar, tanto su situación legal en Estados Unidos como para dar su declaración de culpabilidad o inocencia.

Según Bob Teig, portavoz de la fiscal federal de distrito, 66 de los casi 400 inmigrantes arrestados el lunes 12 de mayo en la planta Agriprocessors, en Postville, Iowa, serán los primeros en tener sus audiencias debido a que se declararán culpables de los cargos en su contra.

Las audiencias se realizan en el salón de baile del National Cattle Congress, un centro de exposiciones ganaderas en Waterloo, a 125 km al suroeste de Postville, que fue habilitado como cuartel general por el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS) días antes de la redada.

De acuerdo con Teig, el Gobierno federal alquiló estas instalaciones hasta el próximo domingo 25 de mayo, por lo que después de esa fecha las audiencias continuarán en la corte federal de Cedar Rapids (ciudad vecina de Waterloo).

La investigación sigue

Debido a que las investigaciones aún no han concluido, ni Michael Staebell, subdirector regional del Departamento de Trabajo de Estados Unidos en Des Moines, ni Tim Counts, portavoz regional del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), ni Teig quisieron proveer detalles de los cargos presentados contra los inmigrantes, o sobre los procedimientos en la Corte.

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Trascendió, sin embargo, que entre los 389 detenidos (de un total de 697 buscados) las autoridades identificaron a 18 menores, con edades que oscilan entre los 13 y los 17 años, quienes eran presuntamente empleados de Agriprocessors, lo que viola las leyes federales de trabajo infantil.

Sin precisar números ni ofrecer detalles, Counts dijo que algunos de los menores ya quedaron a cargo de sus padres o guardianes, mientras que otros pasaron a custodia de la Oficina para Refugiados en centros juveniles fuera de Iowa.

La denuncia previa

Aparentemente fue uno de esos menores, Román Trinidad Cándido quien, con su hermano mayor, Antinio Trinidad Cándido, realizaron la denuncia ante el sindicato correspondiente sobre la presencia de trabajadores menores de edad en el frigorífico de Postville.

La investigación de esa denuncia por parte de las autoridades federales llevó al operativo de hace una semana, considerado el mayor de inmigración en la historia del país.

Los hermanos Trinidad Cándido y otra de las ex empleadas de Agriprocessors, María del Refugio Masías, presentaron la semana pasada una demanda indicando que su posible deportación interferiría en sus relaciones con el abogado que ahora los representa y les impediría del derecho de ser testigos en corte en contra de los gerentes del frigorífico, de llegar a enfrentar un juicio.

Libres bajo proceso

Los hermanos Trinidad Cándido quedaron en libertad al comprobarse que Román es menor de edad y que Antonio era el único adulto que lo cuidaba. Sin embargo, el proceso judicial en su contra aún continúa.

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Otro de los menores detenidos fue identificado como Elmer Hernández López, un guatemalteco de 17 años, quien vive solo en Iowa ya que sus padres permanecen en su país natal.

Hernández López quedó en libertad tras dos días de detención una vez que pudo demostrar su edad por medio de su certificado de nacimiento.

Aunque prefirió no precisar su situación migratoria, dijo que ya no había trabajo para él en Postville por lo que ahora piensa dejar Iowa.

Cargos criminales a 306

Lori Chesser, presidente del departamento de inmigración de Davis Brown, una de las firmas de abogados de Des Moines encargada de defender a los inmigrantes, comentó que 306 detenidos enfrentan cargos criminales.

Chesser dijo que las audiencias federales serán "muy lentas y complicadas" debido a la necesidad de usar traductores y a la dificultad de determinar con certeza la situación migratoria de los arrestados.

"Estoy muy preocupada por el hecho de que se cometa una injusticia con estas personas", sostuvo.

Critican acelerador a fondo

Por su parte, en una carta enviada el Gobierno federal y distribuida a los medios, Mark Lauritsen, vicepresidente internacional del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Alimentación y el Comercio (UFCW), expresó su preocupación por la premura con la que la corte federal comenzó las audiencias de los inmigrantes arrestados.

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Según Lauritsen, el arresto y la posible deportación de esos inmigrantes priva a la justicia de "testigos claves", por lo que "las autoridades ya no podrán completar sus investigaciones", y, por lo tanto, "no podrán comprobar si hubieron o no actos inescrupulosos por parte de los empleadores".

En su misiva, Lauritsen destacó que "es importante obtener respuestas sobre las preguntas (sobre posible incumplimiento de las leyes de trabajo infantil) para disipar el temor de la comunidad de que Agriprocessors está evitando toda culpabilidad con respecto a las acusaciones de explotación de menores".

Sin embargo, si se cumple el calendario de audiencias de la corte federal en Waterloo, para el fin de semana próximo ya no quedaría en la zona ningún testigo de esos presuntos abusos.

Cargos criminales

El viernes, cuatro días después de la redada, las autoridades federales de Iowa presentaron cargos contra 306 inmigrantes de los casi 400 que el 12 de mayo fueron arrestados durante una redada en una planta procesadora de carne en Postville.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), a cargo del operativo, dijo en un comunicado que los inmigrantes fueron instruidos de cargos criminales, entre éstos el uso de documentos falsos como tarjetas de Seguro Social y de residencia permanente, y el ingreso ilegal a Estados Unidos después de ser deportados.

Agregó que desde el pasado día 12, agentes de ICE y de otras entidades policiales realizaron una extensa investigación para determinar los cargos criminales presentados hoy.

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Detalles de la redada

La redada, criticada por grupos defensores de los inmigrantes, se llevó a cabo tras una investigación iniciada en octubre pasado.

La mayoría de los trabajadores detenidos en la planta de Agriprocessors es de origen hispano.

En Postville viven poco más de 2,500 habitantes, muchos de ellos descendientes de alemanes y noruegos, e inmigrantes recién llegados a la zona, entre ellos mexicanos, rusos y ucranianos.

Los acusados, que fueron trasladados a cárceles locales en Iowa, tienen acceso a un defensor público y acudirán a audiencias preliminares esta semana en la localidad de Waterloo, dijo ICE.

Acusan al gobierno

El optimismo del gobierno por procesar cuanto antes a los detenidos en Postville se enfrenta a la crítica de quienes defienden los derechos de los inmigrantes, quienes aseguran que los arrestos violaron los derechos constitucionales de los trabajadores de una planta empacadora de carne, de acuerdo con una demanda ante una corte federal.

La demanda acusa al gobierno de detención arbitraria e indefinida, y busca impedir que el gobierno traslade a los trabajadores arrestados fuera del estado a medida que sus casos son procesados por el sistema.

Un vocero de la secretaría de justicia de Iowa dijo que no podía comentar sobre la demanda interpuesta el jueves –tres días después de la redada- en nombre de 147 de los trabajadores detenidos en una planta de Agriprocessors Inc.

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Los demandados

La demanda fue interpuesta contra la División Policial de Inmigración y Aduanas (ICE) y varios funcionarios del gobierno, incluyendo el jefe de la seguridad de Estados Unidos, Michael Chertoff.

La mayoría de los trabajadores arrestados estaba en celdas locales. La demanda señala que después de otros allanamientos algunos detenidos fueron transferidos a lugares lejos de los abogados, lo que dificulta su defensa.

Un abogado que entrevistó a detenidos se enteró que Agriprocessors Inc. obtuvo identificación falsa para trabajadores indocumentados, retuvo irregularmente dinero de la paga de los empleados por "tarifa de inmigración", no permitió a los trabajadores utilizar el cuarto de baño durante turnos de diez horas, cometió abuso físico contra los trabajadores y no los compensó por horas extras, según la demanda.

Algunos podrían quedarse

Como supuestas víctimas, los trabajadores podrían llenar los requisitos para obtener determinadas visas que les permitirían legalizar su situación, dice la demanda.

Algunos de los arrestados tienen cónyuges e hijos que son ciudadanos estadounidenses y podrían recibir beneficios debido a esos vínculos familiares, agrega.

La demanda nota que varios hijos de inmigrantes se han quedado aislados con niñeras y otros cuidadores a raíz del allanamiento.

Los mensajes telefónicos a los abogados que presentaron la demanda no fueron respondidos inmediatamente.

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