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Contratistas deberán verificar

Contratistas deberán verificar

Las empresas que tienen contratos con el gobierno de EU deberán verificar la identidad de sus trabajadores extranjeros.

No quieren más bochornos

WASHINGTON - Las empresas que tienen contratos con el gobierno federal deberán verificar las identidades y el estado de permanencia de todos sus trabajadores extranjeros, anunció el lunes el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS).

El jefe de la seguridad de Estados Unidos, Michael Chertoff, dijo en una rueda de prensa que el presidente George W. Bush firmó el viernes de la semana pasada una orden ejecutiva estableciendo el requisito obligatorio.

Chertoff reconoció que el gobierno federal ha vivido bochornos cuando se ha descubierto que ha contratado empresas que tienen trabajadores indocumentados, y que por ese motivo busca poner la casa en orden, reportó The Aassociated Press.

"El gobierno federal debe poner el ejemplo y no solamente mediante exhortos", apuntó.

Qué dice la orden de Bush

La orden ejecutiva indica que los departamentos y agencias federales deben exigir que los contratistas utilicen E-Verify, un sistema electrónico a cargo del DHS para verificar que sus trabajadores están legalmente en Estados Unidos.

E-Verify se encuentra conectado con las bases de datos de la Administración del Seguro Social (SSA) y del DHS, herramientas que reúnen datos de millones de personas, tanto ciudadanos como residentes legales en Estados Unidos.

El programa es la segunda parte del Sistema Básico de Verificación de Empleo (EEV) que fue aprobado por el Congreso en noviembre de 2003 y que forma parte de las políticas de seguridad implementadas tras los ataques terroristas de 2001.

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El cerco del gobierno

Los empleadores pueden acceder al sistema por teléfono o Internet y faculta al gobierno federal para que verifique la identidad de cualquier trabajador extranjero, coteje su nombre y números de identidad con otras bases de datos, y compruebe que tiene visa y permiso para laborar en el país.

Como si no bastara, un segundo sistema de verificación fue habilitado en julio de 2007 por DHS. Se trata del ICE Mutual Agreement between Government and Employers (IMAGE), una herramienta del gobierno para hacer más riguroso el control sobre los centros de trabajo y fortalecer la batalla que libra en contra de la inmigración ilegal.

Un tercer plan paralelo impulsado por el DHS, basado en el envío de cartas a empleadores advirtiendo sobre reglas más severas a quienes contraten a indocumentados, por ahora se encuentra suspendido por orden de un juez federal de San Francisco.

Miles ya fueron verificados

En septiembre de 2007 Univision Online pudo conocer que al 3 de agosto la USCIS ya tenía registrados unos 23 mil empleadores en el sistema, quienes habían a su vez registrado más de 140 mil empresas.

Con esos datos, la agencia había hecho unas 4.2 millones de verificaciones.

La USCIS determinó que cerca del 93 por ciento de las verificaciones requeridas fueron resueltas de manera afirmativa y que el 7 por ciento de ellas arrojaron datos erróneos, y que el 95 por ciento de los casos fueron aprobados y el 1 por ciento fueron rechazados.

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La verificación de empleo se solicita por medio del Formulario I-9 en el que los patronos especifican el estatus migratorio del trabajador, el número de residente (número de Alien) registrado en la autorización de empleo y el número de Seguro Social.

Una vez enviado esos datos, el gobierno verifica los datos y envía al empleador la imagen de la persona almacenada en sus bases de datos para que sea cotejada por el patrono.

Lluvia de críticas

Pero el optimismo de gobierno ha chocado en los últimos meses con la crítica y el rechazo de sindicatos y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, quienes ven en la medida una forma de negar la posibilidad aprobar una reforma migratoria que incluya una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

Carlos Saavedra, de la Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition (MIRA), dijo a Univision Online que a medida que el gobierno implemente los sistemas de verificación de empleo, en la misma medida aumentarán las redadas.

"Esta acción que está tomando el gobierno es un error tremendo para Estados Unidos", advirtió Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).

"Es una tragedia para los inmigrantes", agregó.

Temen daños colaterales

El sindicalista advirtió luego que las verificaciones de empleo "perjudicarán los intereses económicos de Estados Unidos en vez de tomar acción para revivir la reforma migratoria".

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"Lo que vamos a ver con esto es un abuso completo. Muchos trabajadores serán despedidos, habrá una dislocación tremenda en la economía porque estamos hablando de aproximadamente del 10 o 12 por ciento de la mano de obra de este país, que es indocumentada".

Y agregó: "No hay manera de que el gobierno pueda sacar a esta gente de los centros de trabajo sin que se desplome la actividad en la agricultura, en los hoteles, restaurantes, servicios. Y si se junta esto con las redadas, pues todo parece como un terrorismo domestico en contra de los inmigrantes".

Plagado de dudas

Previo a la puesta en vigor de la primera fase del programa de verificación de empleo en 2003, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (AILA) emitió varios comunicados en los que advirtió que contenía errores "graves" y "peligrosos".

AILA precisó que el programa piloto desarrollado por el DHS fue revisado y cuestionado en 2004 por el General Accounting Office (GAO, Oficina del Inspector General de la Fiscalía de Estados Unidos) y pidió al gobierno extender las revisiones por un mínimo de seis meses, pero que la solicitud no fue atendida.

La revisión, dijo AILA, fue requerida "debido a defectos" en el diseño del sistema de verificación.

La asociación también advirtió que el plan republicano dio poderes especiales a los gobiernos estatales y locales "para usar el programa y comprobar el estatus de inmigrantes y ciudadanos", funciones que por ley le corresponden sólo al gobierno federal estadounidense.

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Los datos recientes

Según el DHS, E-Verify registra la inscripción de 1,000 empleadores cada semana.

The Associated Press detalló que la orden de Bush tiene el propósito último de impedir la contratación de inmigrantes indocumentados.

El mecanismo también podría captar a las personas que rebasan la vigencia de sus visas o llegan al país sin permisos laborales.

"Esta es la política del poder ejecutivo para la aplicación plena de las leyes de inmigración de Estados Unidos, incluyendo la detección y retiro de los extranjeros indocumentados y la imposición de sanciones legales a los empleadores que contraten a extranjeros indocumentados", expone la orden.

Celebran la orden

El representante Brian Bilbray (republicano de California), que dirige al grupo legislativo sobre reforma a la inmigración, elogió como "una gran decisión" la medida de Bush.

"Eso es lo que los estadounidenses han estado pidiendo, sentido común, acciones básicas que no sean draconianas ni dramáticas", señaló.

La medida surge mientras en el Congreso permanece atorado un proyecto de ley que permitiría la verificación de los trabajadores.

El polémico plan SAVE

El proyecto en cuestión se conoce como 'Secure America with Immigration and Enforcement' (SAVE Act, H.R. 4088), y fue patrocinado, entre otros, por los representantes Heath Shuler (demócrata de Carolina del Norte), Brian Bilbray (republicano de California) y Tom Tancredo (republicano de Colorado).

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Entre otras medidas, la legislación obliga a los patronos a verificar el empleo del cien por ciento de sus trabajadores y criminaliza la estadía indocumentada, por ahora una falta de carácter civil.

Se trata de unja propuesta de reforma migratoria que se enfoca "sólo en el castigo y severidad de las leyes migratorias", dijo a Univision  Online Eliseo Medina, vicepresidente del Service Employees International Union (SEIU).

El sindicalista agregó que una veintena de organizaciones pro inmigrantes se opone a la "maniobra" liderada por los republicanos y "rechaza" la iniciativa de ley bipartidista que, además de criminalizar la estadía indocumentada, "acelera la deportación de inmigrantes indocumentados".

Radiografía del SAVE

La polémica ley restrictiva de reforma migratoria recomienda, entre otras medidas:

  • Reforzar las fronteras.
  • Mejorar el cumplimiento de la ley dentro del país y en los centros de trabajo.
  • Simplificar los programas existentes de trabajadores invitados (empleos temporales).
  • Mejorar el actual sistema de inmigración y ayudar a los inmigrantes recientes para que se asimilen lo antes posible a la cultura estadounidense.


En cuanto a las regulaciones sobre verificación de empleo, exige que los empleadores despidan a aquellas personas que no puedan verificar que tienen los documentos legales para trabajar en Estados Unidos.

El SAVE Act también convierte en delito federal el transportar, dar albergue, ocultar o proteger a un inmigrante indocumentado, recomendación que ya había sido ventilada a finales de 2005 por la Cámara de Representantes cuando aprobó el proyecto de ley HR 4437, patrocinado por el republicano James Sensenbrenner (Wisconsin), que criminalizaba la estadía ilegal.

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