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Condenan ley antiinmigrante

Condenan ley antiinmigrante

Farmers Branch no tiene base de datos para verificar el estado migratorio de los arrendatarios. Crecen las críticas.

Verificación de estado

FARMERS BRANCH, Texas - Este suburbio de Dallas, en el estado de Texas, podría enfrentar un nuevo obstáculo en su esfuerzo más reciente para impedir que los indocumentados alquilen viviendas en la ciudad: la falta de acceso a una base de datos que ayudaría a las autoridades determinar si los solicitantes se encuentran legalmente en el país, reportó The Associated Press.

La localidad de Farmers Branch, que el martes aprobó la ley antiinmigrante (Ordenanza 2952), quiere emplear a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para verificar el estatus migratorio de miles de arrendatarios, y de esa forma dar cumplimiento a la nueva ordenanza aprobada el martes por el concejo municipal.

La ley exige además que, las personas que deseen arrendar casas o departamentos obtengan primero una licencia para ello.

Las autoridades de la USCIS -una de las 23 dependencias que agrupa el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional, DHS- dijeron el miércoles que la ciudad, primero, debe buscar llegar a un acuerdo con la agencia para tener acceso a la base de datos.

"Y en ese momento se determinará si el uso es legal y adecuado", dijo María Elena García, portavoz de la agencia federal.

No tienen permiso

The Associated Press dijo que a las autoridades de Farmers Branch aún les falta contactar a la agencia para obtener la aprobación.

La USCIS es la agencia encargada del manejo de los casos de inmigración y naturalización. Permite que las agencias que ofrecen prestaciones para el público tengan acceso a sus registros, de forma que puedan determinar si un inmigrante tiene derecho a recibir beneficios.

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Desde 27 de septiembre del año pasado la agencia tiene activo en línea el programa 'E-Verity' un sistema que revisa las fotografías de las autorizaciones de empleo y de las tarjetas verdes o green card de los trabajadores foráneos y las compara con su base de datos, misma que quiere utilizar Farmers Branch para poner en vigor su ley antiinmigeante.

El Formulario I-9

Para verificar la identidad del trabajador el empleador debe llenar un Formulario I-9 y solicitar al gobierno que revise los datos de identidad del empleado.

Este mismo sistema quieren usarlo para verificar la identidad de los arrendadores y de los arrendatarios de casas.

Historia de la ley

Las autoridades de Farmers Branch prohibieron por primera vez el alquiler de apartamentos a inmigrantes ilegales en una ordenanza emitida en noviembre de 2006.

Esa regla fue sometida a revisión en enero del 2007 con el fin de incluir excepciones para menores, adultos mayores y algunas familias de estatus migratorio mixto, y fue aprobada en enero de 2007.

Los habitantes la respaldaron en mayo en una proporción de 2 a 1.

Pero un juez federal ha impedido que Farmers Branch aplique la ordenanza tras percatarse que las autoridades municipales intentaron regular la inmigración en forma distinta a como lo hace el gobierno federal. El caso sigue en la corte pendiente de solución.

Lluvia de críticas

Un día después de aprobada la polémica ordenanza, varios líderes de organizaciones hispanas criticaron la decisión unánime del Concejo Municipal de Farmers Branch que obliga a los arrendatarios de viviendas a demostrar su estatus legal en el país.

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Los interesados en alquilar una propiedad deberán pagar una cuota de $5 y deben esperar a recibir una aprobación antes de ocupar el inmueble arrendado.

Quienes no sean aprobados tendrán un plazo de 60 días para demostrar su legalidad.

Ordenanza "racista"

Carlos Quintanilla, presidente de Acción América, una organización que ayuda a los inmigrantes del norte de Texas, calificó la ordenanza de "anticonstitucional" y "racista", dijo la agencia Efe.

"El Cabildo de Farmers Branch está tratando por todos lo medios de castigar a la comunidad inmigrante. Ya no saben qué hacer, cómo actuar ni cómo dar a conocer su malestar por los latinos", dijo Quintanilla.

"La propuesta de usar una base de datos (para determinar el estatus migratorio) es descabellada porque no existe una que en pocas horas determine si una persona está en el país legalmente", agregó el activista.

"Nuevo atropello"

Luis de la Garza, de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés), aseveró que esta legislación es "un nuevo atropello para la comunidad hispana y para las leyes federales".

"Nuevamente esta ciudad quiere pasar por encima de las leyes de inmigración que rigen a través del Gobierno federal. Lo único que están logrando es espantar a los pocos hispanos que quedamos en Farmers Branch", criticó De la Garza.

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Para Gerry Henigsman, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Departamentos de Dallas, la ordenanza afectará aún más al mercado inmobiliario de esa zona.

"Le estamos diciendo a un posible arrendatario que primero debe ir a la municipalidad de Farmers Branch a inscribirse y pasar por todo un proceso para verificar sus antecedentes. Con ese requisito, es muy probable que la persona lo piense dos veces antes de querer rentar", aseveró Henigsman.

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