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Condenadon deportaciones de EU

Condenadon deportaciones de EU

La organización de defensa de derechos humanos dijo que en EU existe una "grave división familiar".

Cientos de miles separados

La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) publicó el miércoles en Washington un informe en el que denuncia que la política migratoria de Estados Unidos - en particular las deportaciones- ha producido una grave división familiar en el país.

Arrestados en redadas tienen derechos

Señaló además que la deportación obligatoria de inmigrantes sentenciados por un crimen, incluso un delito menor, ha separado a 1.6 millones de niños de sus padres.

También ha afectado a personas adultas, incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, de sus familiares no ciudadanos, declaró la entidad.

El informe de 88 páginas, titulado "Forced Apart: Families Separated and Immigrants Harmed by US Deportation Laws" (Separación forzosa: Familias separadas e inmigrantes dañados por las leyes sobre deportación de Estados Unidos), es la primera revisión exhaustiva de la deportación de personas no ciudadanas convictas por crímenes y del impacto que ello tiene sobre las familias y comunidades en Estados Unidos.

Miles de deportados centroamericanos

Crecen las protestas

El documento fue difundido después de que varias asociaciones de defensa de derechos de los inmigrantes en Estados Unidos realizaran el martes una marcha en Washington para pedir a la Casa Blanca y al Congreso que frene la deportación de padres indocumentados de niños ciudadanos de Estados Unidos.

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Según detalló Human Rights Watch, las autoridades inmigratorias de Estados Unidos "han deportado a 672,593 inmigrantes debido a sentencias penales desde 1997, luego de que el Congreso aprobara legislación que convierte la deportación en un castigo obligatorio para una larga lista de crímenes, incluso delitos menores no violentos cometidos años antes de que las leyes entraran en vigor".

Agrega que "muchos de los deportados llegaron a Estados Unidos en su infancia y eran residentes permanentes legales que habían vivido legalmente en el país durante décadas".

Costo de apelaciones por las nubes

"Crueles" e "insensatas"

"Las leyes no sólo son crueles en su rigidez, sino también insensatas", dijo Alison Parker, investigadora principal del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe.

"¿Cómo se le explica a una niña que su padre fue enviado a miles de kilómetros lejos de ella y nunca podrá volver a casa simplemente por haber falsificado un cheque?", preguntó Parker.

Indocumentados abandonados en cárceles

El trato antes de 1997

Human Righs Watch explicó que previo a 1997, a inmigrantes que habían cometido un crimen se les permitía comparecer ante un juez de inmigración, quien podía ejercer su discrecionalidad en la imposición de penas.

Sin embargo, la legislación aprobada por el Congreso en 1996 impidió a los jueces de inmigración considerar si la deportación sería excesivamente dura tomando en cuenta las relaciones familiares de los inmigrantes, sus vínculos comunitarios, su trayectoria en el servicio militar estadounidense o la posibilidad de sufrir persecución si se le retornaba a su país de origen.

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La deportación ocurre después de que la persona no ciudadana ha cumplido el plazo de la sentencia impuesta para el crimen, acotó.

Activan deportaciones voluntarias

Casos de deportados

Entre los casos de deportación documentados en el informe de HRW figuran los siguientes casos:

  • Un hombre de 52 años de edad que vivió en Estados Unidos como residente permanente legal durante 40 años, sirvió en el ejército estadounidense. El individuo tiene cuatro hijos ciudadanos estadounidenses y fue sentenciado por posesión y venta de pequeñas cantidades de drogas.
  • Un padre de tres niños ciudadanos estadounidenses sentenciado por abrir un automóvil a la fuerza y robar de una farmacia una botella de colirio de $10.
  • Un hombre joven que había vivido legalmente en Estados Unidos como refugiado de Laos desde la edad de cuatro años.


Policía cazainmigrante en Colorado

Delitos menores

Según datos proporcionados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y que fueron contenidos en el informe, el 64.6 por ciento de inmigrantes deportados por crímenes en el año fiscal 2005 había sido sentenciado por delitos no violentos, incluyendo robo de artículos en una tienda.

Agrega que alrededor del 20.9 por ciento fue deportado por delitos que involucraron violencia contra personas y el 14.7 por ciento a causa de "otros" crímenes.

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Human Rights Watch dijo que utilizó datos del censo sobre el tamaño de las familias inmigrantes para estimar la cantidad de cónyuges, hijas e hijos que tuvieron que quedarse en Estados Unidos luego de que se deportara a su cónyuge, padre o madre debido a una sentencia penal.

Propuesta insuficiente

El informe también reveló que la reforma de las leyes de 1996 no fue incluida en la legislación inmigratoria integral que el Senado consideró este año a partir del 25 de mayo y que detuvo el 28 de junio por falta de apoyo tanto de republicanos como demócratas.

No obstante, señala, en enero de 2007 el congresista José Serrano (demócrata de Nueva York) presentó un proyecto de ley (HR 1176) que permitiría a jueces de inmigración tomar en cuenta los intereses de niñas y niños ciudadanos estadounidenses durante las audiencias de deportación.

Pero advierte que la iniciativa de Serrano no protegería las relaciones conyugales ni otros vínculos que los inmigrantes tienen en Estados Unidos, como una residencia legal prolongada o el servicio en las fuerzas armadas del país.

"La mayoría de miembros de la Unión Europea y otras democracias tienen en cuenta las relaciones familiares y otros vínculos con el país de inmigración antes de que se tome la decisión final de deportar", dijo Parker.

"En Estados Unidos, sin embargo, los jueces de inmigración tienen las manos atadas; no hay nada que puedan hacer para proteger a las familias o reconocer las numerosas contribuciones que las personas no ciudadanas han hecho a sus comunidades o a la nación", puntualizó.

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Con nombre y apellido

En la presentación del informe también se da cuenta que dos inmigrantes deportados a causa de sentencias penales, Wayne Smith y Hugo Armendáriz, presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Smith y Armendáriz, quienes tienen esposas, hijas e hijos estadounidenses, vivieron en este país como residentes permanentes legales durante 25 y 28 años, respectivamente, antes de que se les deportara a Trinidad y México por delitos relacionados con drogas.

Una audiencia en el caso, para la cual Human Rights Watch presentó un memorial amicus curiae preparado por la Stanford Immigrants' Rights Clinic, se llevará a cabo este viernes 20 de julio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC., dijo la organización.

Freno a deportaciones

Los esfuerzos por poner fin a las deportaciones se han convertido en una bandera de lucha para las comunidades hispanas después de que el Congreso fracasara en el intento por cambiar las leyes de inmigración.

En el marco de esos esfuerzos, la asociación La Familia Latina Unida/Sin Fronteras junto con la Unidad Hondureña, la Fraternidad Americana y la Coalición Peruana-Americana realizaron el martes una manifestación en la que participaron más de 200 menores estadounidenses cuyos padres indocumentados enfrentan una deportación inminente.

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A la manifestación organizada a nivel nacional se unieron el grupo "Adóptame" de Los Ángeles (California) y niños de Nueva York, Distrito de Columbia, Virginia y Maryland.

La marcha comenzó en el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos y continuó en el Congreso donde los manifestantes se reunieron con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los congresistas demócratas Luis Gutiérrez y John Conyers.

Nacidos en Estados Unidos

Los niños, que vestían camisetas con los mensajes "Nacido en Estados Unidos. Por favor no echen a mis padres" y que ondeaban banderas estadounidenses, marcharon después hacia la Casa Blanca donde finalizó su protesta.

"Mucha gente no se ha atrevido a manifestarse precisamente por no estar documentada", dijo José Lagos, presidente de la Unión Hondureña de Miami.

Agregó que por desgracia un sector de la comunidad inmigrante considera que no se puede hacer nada para que se apruebe la reforma migratoria en el Congreso.

"Para ganar una guerra hay que librar muchas batallas. Seguimos luchando y creemos que a pesar del fracaso de la reforma aún se pueden sacar adelante legislaciones que ayuden a solucionar el problema", explicó.

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