Con la reforma migratoria cada indocumentado pagará $5,060 para legalizar su permanencia

Cuanto costará legalizarse con la reforma

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Dolares.

Si el proyecto incluye la ciudadanía, el servicio de inmigración recibiría más de $26 mil millones en un plazo de 10 años.

Por Jorge Cancicno


De cumplirse los anuncios de la Casa Blanca, congresistas demócratas, religiosos y hasta un legislador republicano, que en las próximas semanas la Cámara de Representantes aprobaría una reforma migratoria antes de las elecciones de noviembre, las arcas del servicio de inmigración recibirían más de $26 mil millones en un plazo aproximado de 10 años.

El cálculo se basa en dos proyectos conocidos y uno que se redacta en secreto en la Cámara de Representantes. El primero corresponde al S. 744 que el Senado aprobó el 27 de junio del 2013, el segundo el plan H.R. 15 que los demócratas entregaron en la Cámara de Representantes el 8 de octubre del año pasado. Ambos incluyen el mismo camino a la ciudadanía y entre los requisitos se estipulan multas para iniciar el proceso y durante el largo camino de una década hasta alcanzar la residencia legal permanente o green card.

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Un tercer proyecto está en manos de un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes que, asegura, tiene la fórmula para conseguir los votos y convertir en ley una reforma migratoria con los mismos requisitos estipulados en el plan S. 744 en cuando al camino hacia la legalización de la estadía indocumentada.


 

El grupo ‘Tea Party’ está apoyando una reforma migratoria
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De ser así, los indocumentados que están en el país desde antes del 31 de diciembre de 2011 y carecen de antecedentes criminales, podrán ingresar en un estado de inmigrante provisional (RPI) por espacio de 10 años. Luego de ese plazo, tendrán derecho a gestionar la residencia permanente (green card).

Queda pendiente si luego de cumplir una estadía de cinco años como residente permanente, por beneficiarios de la reforma migratoria tendrán derecho a gestionar la ciudadanía.

Leer: Senadores advierten que se acaba el plazo para la reforma


Los números

La pregunta que muchos indocumentados se hacen es cuánto dinero costaría legalizar la estadía sin papeles en Estados Unidos si la reforma migratoria se aprueba antes de las elecciones de noviembre.

Empleando cifras mínimas (tarifas actuales y recomendaciones del plan S. 744), el camino a la ciudadanía le costará a cada indocumentado $5,060, monto que deberá cancelar en un período de al menos 13 años.

El proyecto senatorial S. 744 estipula una multa inicial de $500 para arrancar el camino hacia la legalización. Y aunque no lo señala explícitamente, supone gastos adicionales que cada inmigrante deberá tener en cuenta durante todo el proceso.


 

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Si se toman en cuenta las actuales tarifas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y el anteproyecto de reforma migratoria S. 744, cada inmigrante indocumentado que califique para regularizar su permanencia (si sabe inglés, lleva tiempo en Estados Unidos y carece de antecedentes penales), debería pagar:

   - Multa para iniciar el proceso: $500


   - Formulario I-765 (permiso de trabajo): $380

   - Toma de huellas digitales: $85

   - Total: $965

Si los 11 millones de indocumentados califican para legalizar sus permanencias, las arcas de USCIS recibirían $10,615 millones.


Más requisitos

Además de este pago, para calificar los inmigrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

   - Demostrar que se encontraban en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011.

   - Cumplir con los criterios de elegibilidad vigentes.


   - Pagar todos los cargos que implican el costo de tramitación de la solicitud.

El plan S. 744 (básico para calcular los pagos) señala que quedarían fuera de la reforma migratoria:

   - Aquellos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos después del 31 de diciembre de 2011.

   - Los inmigrantes que han sido condenados por un delito grave.


   - Los que han sido condenados por tres o más delitos menores.

   - Los condenados por un delitos cometidos en el extranjero.

   - Aquellos considerados inadmisibles por ser criminales, constituir un riesgo para la seguridad, amenaza a la salud pública o por otros motivos morales.

Una vez que el inmigrante sin papeles paga la multa de $500, demuestra que carece de antecedentes penales y que se encuentra en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2011, entra en un estado de No Inmigrante que dilatará por espacio de 10 años.


La renovación

Al sexto año deberá renovar su estado de No Inmigrante. Y volver a gestionar la autorización:

   - Multa para iniciar el proceso: $500

   - Formulario I-765 (permiso de trabajo): $380


   - Toma de huellas digitales: $85

   - Total: $965

Si los 11 millones de indocumentados califican para renovar el estado de No Inmigrante, las arcas de USCIS recibirían al sexto año otros $10,615 millones.

A este pago se agregan los requisitos ya señalados.


Al décimo año bajo el estado de No Inmigrante, el beneficiario de la reforma migratoria podrá pedir o gestionar la residencia permanente (green card o tarjeta verde). Para ello necesitará pagar:

   - Multa de $1,000

   - Formulario I-485 (ajuste de estado): $985

   - Formulario I-765 (permiso de trabajo) $380


   - Toma de huellas digitales: $85

   - TOTAL: 2,450

Si los 11 millones de potenciales beneficiarios de la reforma migratoria califican, al décimo año las arcas de la USCIS recibirían $26,950 millones.

Eso significa que en un plazo de 10 años a partir de la aprobación de la reforma migratoria, cada inmigrante indocumentado deberá pagar $4,380. En ese período de tiempo las arcas del servicio de inmigración recibirán $48,180 millones.


La ciudadanía

Cinco años después de recibir la residencia, los inmigrantes podrán pedir la ciudadanía. Para ello deberán pagar:

   - Solicitud de Naturalización (Formulario N-400): $595

   - Toma de huellas digitales: $85


   - TOTAL: 680

Si los 11 millones de potenciales beneficiarios de la reforma migratoria califican, las arcas de la USCIS recibirían $7.480 millones.

Los ingresos en las arcas de la USCIS fueron calculados sobre la base de las actuales tarifas de la agencia, cuyos precios rigen desde noviembre de 2010.

Abogados consultados por UnivisionNoticias.com advierten que el monto sólo se trata de un "supuesto", que el Congreso "no ha aprobado nada", que "nadie debe pagar nada a nadie" en estos momentos y que la cifra "puede variar" dependiendo de cada caso en particular.


También hay que tener en cuenta que, por un mandato del Congreso, el servicio de inmigración cada dos años revisa y ajusta sus tarifas, por lo que pudiera incrementar el costo de los trámites. Para ser aprobada por la Cámara de Representantes, la reforma migratoria necesita un mínimo de 218 votos.

Si ambas cámaras aprueban planes distintos (el Senado ya aprobó el S. 744), la presidencia del Congreso convocará a un Comité de Conferencia para que armonice ambas versiones y redacte un proyecto final.

Gastos adicionales

A la cifra establecida sobre la base de mínimos, habría que agregar otra serie imprevistos tales como:


   - Gastos de representación de abogado en caso que el indocumentado tenga problemas con la justicia.

   - Gastos de envío de documentos a la USCIS.

   - En aquellos casos en que el servicio de inmigración niegue el trámite y el extranjero apele un fallo, deberá contratar a un abogado y llenar el formulario I-290B, que actualmente tiene un costo de $630 por cada apelación. Y el trámite sólo puede hacerse en un plazo no mayor a los 30 días de recibir la sentencia o el dictamen de un trámite.

Cuidado con las estafas


Abogados y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes reiteraron las advertencias a la población indocumentada de que, por ahora, no hagan nada, no paguen nada, no envíen nada, no gestionen nada porque el Congreso no ha aprobado nada. Y que cualquier persona que les ofrezca una residencia basado en la reforma migratoria "está mintiendo".

Desde junio de 2011 la USCIS tiene activo un programa de prevención de estafas que cuenta con el apoyo de grupos comunitarios, gobiernos locales y estatales y otras agencias federales.

La agencia advierte que el fraude migratorio golpea por igual a ciudadanos, residentes, refugiados, asilados e indocumentados.

Entre las estafas más comunes, USCIS cita aquellas cometidas por individuos que se hacen pasar por abogados con licencia, expertos en inmigración o funcionarios del gobierno. Y agrega a la lista a personas bien intencionadas que prestan asesoramiento inexacto que atenta contra las mismas personas que están tratando de ayudar. 

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