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Cientos de arrestos en redadas

Cientos de arrestos en redadas

Decenas de niños quedaron abandonados después que sus padres fueron arrestados durante una redada en Massachussets.

La mayoría son mujeres

NEW BEDFORD, Massachussets - Decenas de niños quedaron varados en sus colegios y con sus niñeras después que los padres fueron detenidos en el allanamiento de una fábrica de artículos de cuero que al parecer empleaba a inmigrantes indocumentados, dijeron el miércoles las autoridades.

Simultáneamente, en Missouri el gobernador anunció la detención de varios inmigrantes con papeles falsos, y en Washington organizaciones nacionales reiteraron un llamado al gobierno para que detenga las redadas hasta que el Congreso apruebe una reforma migratoria que permita a millones de indocumentados legalizar su estadía.

Indocumentados sí tienen derechos

Cerca de las dos terceras partes de los 500 empleados de Michael Bianco Inc., la mayoría mujeres fueron arrestadas el martes por agentes federales de inmigración, y enfrentaban una posible deportación por trabajar siendo indocumentadas.

Como consecuencia del operativo, unos 100 niños quedaron a cargo de niñeras, cuidadores u otras personas, dijo Corinn Williams, directora del Centro de Desarrollo Económico Comunitario del Sudeste de Massachusetts.

"Seguimos recibiendo noticias sobre niños que quedaron abandonados", manifestó. "Se ha registrado una crisis humanitaria generalizada aquí en New Bedford".

Drama humano

El departamento de servicios sociales del estado trabajaba el miércoles para garantizar que los niños fueran atendidos de manera apropiada.

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La subsecretaria del departamento de Seguridad Interna Julie Myers manifestó que ocho mujeres embarazadas fueron liberadas, y que también serían liberadas las mujeres que tienen bajo su cuidado a sus hijos.

Indicó, no obstante, que llevaba tiempo verificar los relatos de las personas.

Abusos laborales

Durante el allanamiento del martes, fueron arrestados también el dueño de la empresa, Francesco Insolia, de 50 años, y tres gerentes.

Las autoridades alegan que Insolia contrataba a inmigrantes indocumentados para poder cumplir con un contrato con el ejército estadounidense de 91 millones de dólares.

El propietario y tres ejecutivos de la empresa "Michael Bianco, Inc." (MBI) y centenares de empleados fueron arrestados el martes en Massachusetts bajo cargos de transgresiones a las leyes de inmigración.

Entre los detenidos figuran decenas de inmigrantes sospechosos de portar documentos de inmigración falsos, dijo la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) en un comunicado.

La agencia explicó que los comerciantes arrestados fueron puestos a disposición de un juez federal bajo cargos de supuesta conspiración para contratar trabajadores extranjeros sin papeles migratorios.

Abastecían al Pentágono

El fiscal del distrito de Boston (Massachusetts), Michael Sullivan, afirmó que también se detuvo a otra persona bajo sospechas de facilitar documentos de identidad fraudulentos a algunos trabajadores de la fábrica que en años recientes abasteció al Pentágono de diversos productos como bolsos y otros artículos de cuero.

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Si son declarados culpables, el propietario de MBI, Francesco Insolia, y sus ejecutivos, Ana Figueroa, Dilia Costa y Gloria Melo, podrían recibir penas individuales de entre 5 y 10 años de cárcel y multas de hasta $250 mil.

Luis Torres fue acusado por separado de supuestamente transferir documentos de identificación personal fraudulentos.

Cientos bajo la lupa

El ICE informó de que en este operativo, en el que tuvo un papel clave uno de sus agentes encubiertos, también fueron arrestados centenares de empleados de MBI para ser entrevistados sobre su situación migratoria.

"Entendemos que muchas personas alrededor del mundo quieren venir a vivir y trabajar junto con su familia en esta gran democracia del mundo. Sin embargo, para ese objetivo deben de hacerlo cumpliendo con las leyes de inmigración estadounidenses y no en violación de las mismas", dijo el fiscal Sullivan.

Agregó que es esencial que el empleador asegure la integridad del sistema de inmigración del país y que el contratar inmigrantes indocumentados a sabiendas es una violación de las leyes "plena y simple".

Arrestos en Missouri

El gobernador Matt Blunt anunció el martes que docenas de supuestos indocumentados con papeles falsos, empleados por una empresa de conserjería estatal, fueron detenidos.

Blunt agregó que su gobierno canceló el contrato con la firma. Una fuente del servicio de inmigración confirmó el arresto de 25 extranjeros.

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Blunt indicó que los detenidos trabajaban para la empresa Sam's Janitorial Services, con sede en Oklahoma, que tenía nueve contratos para trabajar en oficinas de Jefferson City, Columbia y Kansas City.

Todos los empleados arrestados trabajaban en Jefferson City, dijo la oficina del gobernador.

El gobernador dijo que se ha suspendido toda relación laboral con la empresa.

Severa advertencia

Blunt detalló que las agencias estatales investiguen a todas las empresas que les prestan servicio para asegurarse de que sus empleados tienen el derecho de trabajar en Estados Unidos y cancelar los contratos con empresas que empleen indocumentados.

"No podemos tolerar empleadores que emplean ilegalmente trabajadores a expensas de ciudadanos que trabajan muy duro", dijo Blunt durante una conferencia de prensa en el Capitolio estatal.

Un telefonema de la agencia Prensa Asociada (AP) a un número registrado a nombre de Sam's Janitorial Services en Jefferson City no fue contestado.

Llamaron a la policía

Blunt dijo que Vernon Morris, gerente de operaciones de mantenimiento para instalaciones estatales, se dio cuenta de ciertas inconsistencias en los documentos de los empleados e informó a la policía.

Una investigación de varias semanas terminó el martes cuando el ICE, junto con policías locales, detuvieron a los supuestos indocumentados cuando se reunieron para lo que se les dijo era un encuentro especial a las 18:30 en el edificio de Oficinas Estatales Truman.

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Pete Baird, agente especial a cargo de la oficina del ICE en Kansas City, dijo que 25 empleados de la firma fueron detenidos y que otros eran interrogados la noche del martes, sin dar detalles sobre sus nacionalidades.

Alrededor de 50 de los 80 empleados de la firma se presentaron para el encuentro, dijo. El dueño de la empresa no se encuentra entre los detenidos, indicó Baird.

Moratoria de redadas

Una coalición de organizaciones comunitarias pidió a fines de febrero al Gobierno federal una moratoria a las redadas y deportaciones "que están separando familias" en espera de "una reforma migratoria justa".

Directivos de la coalición, integrada por Alianza de Liderazgo Latino, Comité de Apoyo a Trabajadores Agrícolas y Comité en Defensa de los Derechos de los Inmigrantes de Nueva Jersey, aseguraron que trabajarán para que se decrete una moratoria en las redadas a nivel estatal y nacional.

"Con la excusa de buscar criminales están destruyendo familias, llevándose una fuerza laboral importante", sostuvieron.

Carta al presidente

En diciembre, el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la League of United Latin American Citizens (LULAC), el Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y el National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO) enviaron una carta al presidente George W. Bush en la que expresaron su preocupación por las redadas.

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"Estas redadas han separado familias, cerrados plantas, y han desacelerado las economías de regiones enteras.

Sin embargo, las redadas no han reducido el tamaño de la comunidad indocumentada de manera significativa", indicaron.

"Tampoco han podido detener a empleadores sin escrúpulos de seguir contratando y aprovechándose de trabajadores inmigrantes. Seguramente esta no es una manera eficaz de resolver los reales problemas de inmigración en este país", dijeron las organizaciones.

Que minimicen los daños

La misiva subraya el respeto a la autoridad, pero cuestiona "la manera en que son efectuadas las redadas". Y también piden aminorar los daños causados a familiares, principalmente niños.

Los grupos exigieron al gobierno el respeto al "debido proceso" y que el servicio de inmigración tome en consideración "el bienestar de niños, familiares ancianos y otros que dependan de aquellos detenidos".

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