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Chertoff insiste en verificar

Chertoff insiste en verificar

El jefe de la seguridad de EU insiste en la veriricación de empleo y advirtió a las empresas que contratan inmigrantes indocumentados.

Mano dura

SAN FRANCISCO - El jefe de la seguridad de Estados Unidos, Michael Chertoff, dijo que entiende a los empleadores en aprietos por los esfuerzos intensificados de controlar la inmigración indocumentada, pero enfatizó que mientras el Congreso no apruebe un cambio en las leyes sobre el tema de la reforma migratoria, no debe esperarse ningún cambio en la ejecución de la justicia, reportó The Associated Press.

Durante una entrevista con la agencia de prensa, Chertoff, quien se desempeña como secretario (ministro) del departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS), indicó que el incremento en las quejas de empresarios sobre el plan de verificación de empleo ofrece cierta evidencia de que el manejo de este asunto por parte del gobierno del presidente George W. Bush está "funcionando".

"Esto es una prueba dura pero precisa y positiva de que, por primera vez en décadas, estamos teniendo éxito en cambiar la dinámica y (estamos), de hecho, comenzando a reducir la inmigración ilegal", dijo Chertoff.

"Desafortunadamente, a menos que se compense eso con un sistema robusto que permita a la gente venir de manera temporal y legal, uno va a terminar con un problema económico", agregó el funcionario.

Quieren más poder

The Associated Press dijo que Chertoff defendió las acciones de su departamento, el cual supervisa, entre otras 22 agencias federales, a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), dependencia que tiene bajo su cargo las redadas y deportación de inmigrantes).

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"Nosotros estamos aplicando la ley como está, pero el Congreso no nos ha dado aún la autoridad de ampliar realmente el programa de trabajadores temporales", apuntó el secretario.

"Si nosotros pudiéramos hacer eso, entonces la mayoría de estos negocios podrían encontrar soluciones legales", subrayó.

Multas severas

Según AP, Chertoff también criticó agudamente a empresarios que se quejan de que ante la aplicación de la ley a ellos les costará dinero por contratar a inmigrantes ilegales.

En 2007, en un caso ante una corte federal, grupos como la Cámara de Comercio de Estados Unidos argumentaron que el DHS no había tomado en cuenta, la ejecución de las nuevas regulaciones para evitar la contrata de indocumentados, el impacto económico sobre los negocios.

El argumento "básicamente sugiere que no podemos aplicar la ley porque impedirá que la gente gane dinero ilegalmente", dijo Chertoff.

"A la comunidad empresarial le encanta (contratar inmigrantes ilegales) porque si se tiene ilegales, se les paga menos y ellos no tienen a dónde ir a quejarse", subrayó.

El plan oficial

En septiembre del año pasado la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) puso en marcha el programa E-Verify, que le permite a las autoridades comprobar si un empleado extranjero tiene autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.

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El programa federal exige que los patronos completen un formulario por cada uno de los trabajadores extranjeros contratados en sus empresas.

La USCIS precisó que el registro se hace por medio del nuevo Formulario I-9, revisado y ampliado para ajustarlo a los nuevos requerimientos de seguridad.

"Todos los empleadores están obligados a completar el Formulario para cada uno de los empleados contratados en Estados Unidos", apuntó la agencia.

En cuanto a la supervisión de la orden, la agencia reiteró que esa tarea está a cargo de la ICE.

Seguridad nacional

La verificación de empleo forma parte de las políticas de seguridad del gobierno para combatir la inmigración indocumentada.

E-Verify revisa las fotografías de las autorizaciones de empleo y de las tarjetas verdes o green card de los trabajadores foráneos y las compara con su base de datos.

El sistema también se encuentra conectado con las bases de datos del SSA y del departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), herramientas que reúnen datos de millones de personas, tanto ciudadanos como residentes legales en Estados Unidos.

La ley maestra

E-Verify es la segunda parte del Sistema Básico de Verificación de Empleo (EEVS, por sus siglas en inglés), que fue aprobado por el Congreso en noviembre de 2003, activado en respuesta a los ataques terroristas de 2001.

Como si no bastara, un segundo sistema fue habilitado en julio. Se trata del ICE Mutual Agreement between Government and Employers (IMAGE), otra "herramienta" del gobierno para hacer más riguroso el control sobre los centros de trabajo y fortalecer la batalla que éste libra en contra de la inmigración ilegal.

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La USCIS ha reiterado que E-Verify ayuda a los patronos "a detectar algunas formas de fraude de identidad" que pudieran cometer trabajadores recién contratados.

Miles de registros

A principios de septiembre de 2006 Univision Online pudo conocer que al 3 de agosto la USCIS ya tenía registrados unos 23 mil empleadores en el sistema, quienes habían a su vez registrado más de 140 mil empresas.

Con esos datos la agencia había hecho unas 4.2 millones de verificaciones.

La USCIS determinó que cerca del 93 por ciento de las verificaciones requeridas fueron resueltas de manera afirmativa y que el 7 por ciento de ellas arrojaron datos erróneos, y que el 95 por ciento de los casos fueron aprobados y el 1 por ciento fueron rechazados.

Lluvia de críticas

Pero el optimismo del gobierno choca con la crítica y el rechazo de sindicatos y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, quienes ven en la medida una forma de negar la posibilidad aprobar una reforma migratoria que incluya una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

Carlos Saavedra, de la Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition (MIRA), dijo a Univision.com que a medida que el gobierno implemente los sistemas de verificación de empleo, en la misma medida aumentarán las redadas.

"Lo que vamos a ver con esto es un abuso completo. Muchos trabajadores serán despedidos, habrá una dislocación tremenda en la economía, porque estamos hablando de aproximadamente del 10 o 12 por ciento de la mano de obra de este país, que es indocumentada", dijo Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).

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"Es una tragedia para los inmigrantes", agregó.

Desconfianza previa

Previo a la puesta en vigor de la primera fase del programa de verificación de empleo, en 2003, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (AILA) emitió varios comunicados en los que advirtió que contenía errores "graves" y "peligrosos".

AILA precisó que el programa piloto desarrollado por el DHS fue revisado y cuestionado en 2004 por el General Accounting Office (GAO, Oficina del Inspector General de la Fiscalía de Estados Unidos) y pidió al gobierno extender las revisiones por un mínimo de seis meses, pero que la solicitud no fue atendida.

La revisión, dijo AILA, fue requerida "debido a defectos" en el diseño del sistema de verificación.

La asociación también advirtió que el plan republicano dio poderes especiales a los gobiernos estatales y locales "para usar el programa y comprobar el estatus de inmigrantes y ciudadanos", funciones que por ley le corresponden sólo al gobierno federal estadounidense.

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