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Carcelaron ley antiinmigrante

Carcelaron ley antiinmigrante

Un juez federal canceló de manera permanente una ley antiinmigrate en Texas que prohibía alquilar casas a indocumentados.

Detalles del caso

DALLAS, Texas - Un juez federal emitió el viernes un dictamen en contra de una ordenanza aprobada por los votantes de Farmers Branch, un suburbio de Dallas, que prohibía alquilar viviendas a inmigrantes indocumentados.

La decisión resolvió varias cuestiones legales pendientes, reportó The Associated Press.

El juez de distrito, Sam A. Lindsay, previamente impidió que la ciudad hiciera valer una norma que obligaría a los caseros a verificar el estatus migratorio de los inquilinos.

Ahora, la prohibición cobra un aspecto permanente.

En mayo Lindsay había negado la entrada en vigor de la ley municipal, porque, dijo, “no es competencia de las autoridades municipales determinar quien puede o no alquilar o rentar una vivienda”.

Lindsay también reitero en aquella oportunidad que "los asuntos que tienen que ver con la inmigración son responsabilidad única y exclusiva del gobierno federal" de Estados Unidos.

Efecto dominó

La decisión del viernes inicia asimismo una cuenta regresiva para otro reglamento contra los indocumentados, aprobado también en 2007, y que entraría en efecto 15 días después del litigio final sobre la prohibición a las pesquisas sobre el estatus de los inquilinos.

La ley de Farmers Branch fue aprobada por la mayoría de los votantes en 2007.

El reglamento de Farmers Branch señalaba, además, que las autoridades municipales pedirían al gobierno federal que verificara el estatus del solicitante antes de aprobar la licencia que le permitiría a los propietarios alquilar sus propiedades.

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En los últimos dos años más de 1,450 iniciativas han sido debatidas en al menos 32 estados de Estados Unidos, y en al menos 100 ciudades y condados se han aprobado reglamentos y ordenanzas similares a las de Farmers Branch.

Como en Hazleton

La decisión de la corte federal para el caso de Texas es similar al fallo emitido por una corte en julio de 2007 contra la ordenanza de Hazleton, Pennsylvania, que también prohibía a los propietarios alquilar casas y negocios a inmigrantes indocumentados.

El fallo sentó un precedente en los esfuerzos de los estados contra la población indocumentada.



En un dictamen de 206 páginas emitido en la localidad de Scranton (Pensilvania), el juez James Munley prohibió de forma "permanente" que la ciudad de Hazleton ponga en marcha una ley aprobada en 2006, que además sanciona a quienes den empleo a inmigrantes sin papeles, y declara el inglés como idioma oficial.


Al igual de Lindsay, Munley determinó que la tarea de regular la inmigración en Estados Unidos recae sobre el Gobierno federal, y que la ley de Hazleton atropella los derechos constitucionales de sus habitantes, así como los reglamentos estatales y federales sobre acceso a vivienda.


En el nombre de los hispanos

Munley emitió la decisión en el caso "Lozano v. Hazleton" tras una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de grupos hispanos, cívicos y empresariales, además de cuatro indocumentados anónimos, para frenar la llamada "Ley de Alivio por la Inmigración Ilegal".



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Munley explicó que, pese a las modificaciones realizadas, la ley viola la Constitución estadounidense, que ampara incluso a los extranjeros.

"En su afán por controlar la presencia de un grupo al que considera indeseable, Hazleton violó los derechos de estas personas y de otras en la comunidad", enfatizó el juez.

La mayoría de los grupos nacionales pro-inmigrantes, que presionan al gobierno y al Congreso para que apruebe una reforma migratoria integral, emitieron sendos comunicados para elogiar la decisión del juez Money.

Se espera la misma reacción para el fallo de Lindsay en contra de la ley antiinmigrante de Farmers Branch.

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