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California no pide estatus

California no pide estatus

California se separa del resto de estados con ley que prohibe a caseros verificar el estado migratorio de sus inquilinos.

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Informe reciente

El estado de California nuevamente fijó una posición propia ante el problema de la inmigración en Estados Unidos: se convirtió en el primer estado en prohibir a los caseros investigar el estatus migratorio de sus inquilinos, reportó The Associated Press.

En los últimos dos años más de 1,400 iniciativas antiinmigrantes han sido discutidas en varios estados ante la ausencia de medidas del gobierno federal por atender el problema de la inmigración indocumentada.

Un estudio ventilado en agosto en la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales celebrado en Boston, Massachussets, precisó que desde 2005 se han aprobado unas 180 leyes.

En resumen, las ordenanzas prohíben a los propietarios alquilar casas y negocios a indocumentados.

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Respiran aliviados

El reporte de AP agrega que una ley promulgada esta semana por el gobernador de California, Arnold Schwarzenneger, proporcionó alivio a las asociaciones de caseros que estaban preocupadas por el hecho de que tendrían que asumir los costos y problemas de hacer valer los reglamentos federales al actuar como "policías migratorios de facto", dijo Nancy Ahlswede, directora ejecutiva de la Asociación de Departamentos del Sur de California.

"Tenemos un fuerte compromiso contra la discriminación", dijo Ahlswede, cuya organización se cuenta entre los patrocinadores de la legislación.

"Comprendemos la frustración, pero esa carga no debe de ser impuesta sobre los caseros", añadió.

Todo sigue igual

El último debate sobre la reforma migratoria en el Congreso federal se llevó a cabo entre el 21 de mayo y el 28 de junio.

Un plan redactado por negociadores demócratas, republicanos y la Casa Blanca incluía una vía de legalización para indocumentados que se encontraban en el país a partir del 1 de enero de 2007 y pagaran multas de hasta $13,500, pero fue abortado por falta de apoyo bipartidista.

Entre diciembre de 2005 y mayo de 2006 el Congreso aprobó otras dos iniciativas de reforma migratoria, pero el 3 de septiembre del año pasado el entonces liderazgo republicano suspendió el debate argumentando que un plan del Senado -que incluía una amplia vía de legalización- no era congruente con la política de seguridad nacional del gobierno.

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Estado pionero

The Associated Press agregó que el estado de California suele estar a la vanguardia en las cuestiones migratorias, ya sea con medidas contra los inmigrantes como la Propuesta 187, sometida a votación en los comicios de 1994, con la finalidad de negarle servicios sociales, cuidado a la salud y educación pública a los indocumentados, o realizar enormes actos de apoyo y promover acciones como el "Movimiento Nuevo Santuario", en el que las iglesias buscan proteger a indocumentados de la deportación.

Este estado tiene una mayor población de origen inmigrante que cualquier otro en el país, con entre 2.5 y 2.8 millones siendo indocumentados, dijo el Centro Hispánico Pew.

La "megamarcha"

En la primavera de 2006, California también fue escenario de multitudinarias manifestaciones a favor de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

A finales de marzo del año pasado más de 500 mil personas desfilaron por las calles de Los Ángeles y exigieron al Congreso y a la Casa Blanca la aprobación de una reforma migratoria amplia y justa.

La denominada "megamarcha" -convocada por varias organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes- motivó a otros estados a realizar protestas similares, las que fueron comparadas con el movimiento por los derechos civiles que encabezó el reverendo Martin Luther King en la década de los sesenta.

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Mano dura

Después de los fracasos de los debates migratorios de 2006 y 2007 el departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) desarrolló una severa política de arresto y deportaciones, principalmente de extranjeros con antecedentes criminales.

El gobierno reconoció recientemente que en las redadas ejecutadas por agentes federales -y que cuentan con el apoyo de policías estatales y municipales- al menos un tercio de los arrestados no tenían récord criminal, pero se hallaban en condición de indocumentados en Estados Unidos.

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