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Bush quiere reforma migratoria

Bush quiere reforma migratoria

El presidente manifestó su respaldo a una enmienda republicana que daría más fondos para la seguridad en las fronteras.

Dinero para la frontera

WASHINGTON - El presidente George W. Bush manifestó su respaldo el jueves a una enmienda republicana que daría más fondos para la seguridad en las fronteras y para frenar la contratación de inmigrantes indocumentados.

Los caminos de la reforma

El discurso es parte de un nuevo intento del mandatario por revivir el debate migratorio en la Cámara Alta, frenado la semana pasada tras el fracaso de una gestión del líder de la mayoría demócrata, Harry Reid (Nevada), por detener las enmiendas y acelerar el voto del pleno.

Ante la Asociación de Constructores en Washington, Bush dijo que respalda la llamada "enmienda Graham" al proyecto tripartita de reforma migratoria, propuesta que prevé que el dinero de las multas por violaciones a la ley de inmigración se destine a reforzar la seguridad fronteriza.

La enmienda también menciona que una parte de esos fondos sean utilizados para mejorar y ampliar los controles migratorios en los puestos de trabajo.

Los puntos flacos de la reforma

Fondos adelantados

Por ahora, el Departamento del Tesoro adelantaría $4,400 millones para la seguridad fronteriza, que se recuperarían con los ingresos de las multas, siempre y cuando el Congreso apruebe la reforma y se ponga en marcha una vía de legalización.

Con este paso, Bush espera convencer a senadores de su partido republicanos que hasta ahora se muestran contrarios a respaldar el proyecto tripartita.

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Sin embargo, de apoyar la iniciativa, la reanudación del debate estaría condicionada a la exigencia demócrata de limitar el número de enmiendas y que éstas no alteren el fondo de la vía de legalización contenida en el proyecto base detenido en la Cámara Alta.

El plan estancado

El proyecto de reforma migratoria, tratado en secreto por una comisión integrada por demócratas, republicanos y la Casa Blanca, abre una vía para la legalización de los indocumentados que viven en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2007.

Para ser elegible al plan, los extranjeros deberán pagar una multa inicial de $1,000, carecer de antecedentes criminales, someterse a un complejo sistema de puntos y luego viajar a su país de origen, pagar una segunda multa de $4 mil e iniciar un trámite consular para reclamar la tarjeta verde.

El plan también incluye un programa de trabajadores temporales y recomienda cancelar el sorteo de la lotería de visas.

Los números clave

Para ser aprobado, requiere del voto de al menos 16 de los 49 senadores republicanos. Esos 16 votos se sumarían a los 51 con los que cuentan los demócratas para lograr la mayoría de dos tercios -67 escaños- necesaria para superar cualquier intento de bloqueo.

El martes Bush almorzó con varios senadores republicanos en el Congreso sin conseguir destrabar la propuesta.

En su discurso de hoy jueves, el mandatario insistió en que entiende que la reforma migratoria es un asunto "muy emotivo", en la que la gente tiene perspectivas muy diferentes sobre las medidas a tomar.

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A puertas cerradas

El miércoles senadores de ambos partidos se reunieron a puertas cerradas en el Capitolio para ver de qué manera revive el proyecto.

Los negociadores republicanos analizaron el endurecimiento de las sanciones para los inmigrantes que permanezcan en el país más tiempo del contemplado en su visa o que regresen a la nación de manera ilegal, de acuerdo con el senador republicano Lindsey Gram. (Carolina del Sur).

"Si hay una pena de prisión obligatoria, creo que ello sería un factor de disuasión", agregó.

Los demócratas presionan para que el plan libere la reunificación familiar y permita que los indocumentados que alcancen la residencia puedan pedir a sus familiares inmediatos sin cuotas.

La exigencia de Bush

La Casa Blanca ha dicho que la legalización deberá entrar en vigor una vez se cumplan los objetivos de todos los capítulos correspondientes a seguridad nacional, freno al cruce indocumentado y combate al uso de documentos falsificados.

Si el Senado aprueba la reforma, el proyecto será enviado a la Cámara de Representantes para que lo someta a debate.

Los demócratas han advertido que la Cámara Baja tiene libertad para debatir sus propios proyectos y que no existe acuerdo para que considere el proyecto del Senado.

De aprobar una versión distinta, la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi (demócrata de California) deberá convocar al Comité de Conferencia para que armonice ambas versiones.

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