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Arizona no quiere coyotes

Arizona no quiere coyotes

La gobernadora Janet Napolitano pidió a la Asamblea endurecer las leyes para eliminar las casas de seguridad.

El nuevo blanco

Primero les negaron servicios, después prohibieron alquilarles propiedades, contratarlos y ayudarlos. Ahora registrarán las casas donde los coyotes los esconden para recuperar fuerzas y esperar que familiares y amigos paguen el precio del cruce por la frontera entre México y Estados Unidos.

Arizona cada vez es más antiinmigrante. The Associated Press reportó que las autoridades de ese estado anunciaron un nuevo blanco en la campaña para combatir y erradicar la inmigración indocumentada en ese estado: las casas donde los coyotes esconden a sus clientes.

La gobernadora Janet Napolitano dijo el lunes, durante la inauguración de las sesiones de la legislatura, que el estado, donde están algunos de los puntos de mayor tránsito de extranjeros sin papeles provenientes desde México, debe perseguir a los propietarios y/o administradores de inmuebles que a sabiendas los alquilan a los traficantes de personas.

"Endurezcan la ley, para que podamos llegar a esos intermediarios", dijo la gobernadora demócrata, quien no dio sugerencias específicas sobre la forma en que el estado debe responsabilizar a quienes alquilan los inmuebles.

Permiso especial

Napolitano publicó el lunes una orden que permite a los reguladores estatales de los bienes raíces, así como a la policía estatal, compartir información sobre las viviendas usadas como escondites, de modo que se puedan preparar reportes y recomendaciones sobre el problema, dijo The Associated Press.

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Los coyotes, una vez entran al estado, suelen llevar su carga (los indocumentados) a casas donde cobran sus tarifas y arreglan el viaje de sus clientes hasta su destino final, en cualquier parte de Estados Unidos.

Según las autoridades del estado, en estos lugares se han registrado algunos de los peores abusos en el tráfico de indocumentados, tales como agresiones, violaciones y secuestros.

Agregaron que algunos contrabandistas han llegado a las casas para secuestrar a traficantes rivales, a fin de exigir un rescate.

Se cree que en el área metropolitana de Phoenix existen alm menos 1,000 de esas viviendas.

Las otras medidas

Las preocupaciones de los miles de indocumentados que viven en Arizona se acrecentaron el 1 de enero tras la entrada en vigor de nuevas y severas medidas que los colocan a las puertas de la cárcel, y a un paso de la deportación.

Las nuevas regulaciones prácticamente convirtieron a los dueños de empresas en agentes del servicio de inmigración de Estados Unidos, al  obligarlos a verificar el empleo de todos y cada uno de sus trabajadores.

La nueva ley en vigor castiga a los empleadores que contraten a inmigrantes sin estatus, quienes además deberán notificar a las autoridades de inmigración si se topan con un extranjero sin papeles de estadía.

Huyeron miles

En diciembre miles de inmigrantes que residían en Arizona optaron por regresar a sus países, o probar su suerte en otros estados, ante el temor de ser arrestados y deportados a sus países de origen.

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Las nuevas regulaciones, aprobadas por los electores, demoraron meses en ser implementadas a causa de demandas legales interpuestas por defensores de los derechos de los inmigrantes.

La verificación de empleo que exige el gobierno federal y estatal intenta disminuir los incentivos económicos para los inmigrantes indocumentados en Arizona, que tiene los cruces limítrofes más concurridos de la frontera con México.

Despido de trabajadores

A finales de diciembre del año pasado, Nancy-Jo Merritt, una abogada de inmigración que representa a algunas empresas, dijo que sus clientes comenzaron a despedir a los trabajadores que no pueden demostrar que están en el país de manera legal.

"Se están despidiendo trabajadores, obviamente", señaló. "Nadie quiere descubrir tarde que tenía alguien trabajando que no estaba de manera legal".

Dawn McLaren, investigadora económica de la Universidad Estatal de Arizona especializada en temas de inmigración, manifestó que la desaceleración económica, especialmente en la industria de la construcción, está contribuyendo también con el éxodo.

Prevén dificultades

Empresarios locales y agricultores ya advierten los efectos de las medidas.

"Claro que va a afectarnos", dijo Jeremiah, propietario de una pequeña empresa de jardinería paisajística en Phoenix que estima que el costo de tener el césped bien podado subirá entre 15 y 20 por ciento en 2008 como resultado de la ley.

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"Vamos a perder a algunas personas calificadas, eso está claro. Voy a mantener mi producto pero se verá afectada la eficiencia. Es una falta de previsión pensar que esto no va a afectar las cosas", agregó Jeremiah, quien se negó a dar su apellido.

"Este no es un buen paso, no creo que la gente haya reflexionado lo suficiente en esto y nadie consultó a las pequeñas empresas sobre cómo se sentían respecto a este tema".

Los agricultores también expresaron preocupaciones por la carencia de campesinos para atender los campos y levantar las cosechas.

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