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Alguacil de Carolina del Norte se niega a entregar informe sobre arresto de indocumentados

Alguacil de Carolina del Norte se niega a entregar informe sobre arresto de indocumentados

Alguacil de Carolina del Norte se niega a entregar documentos y estadísticas de la implementación del plan 287(g).

Se trata de récords públicos

CHARLOTTE, Carolina del Norte - Un alguacil de Carolina del Norte, acusado de detener a hispanos para deportarlos, se niega a entregar documentos y estadísticas de la implementación del controvertido programa 287(g), denunció la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

ACLU solicitó a 13 agencias del deber del estado que coordinan los programas locales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), 287(g) y 'Comunidades Seguras', todos los récords públicos relacionados con la puesta en marcha de dichas medidas.

La sección 287(g), que deriva de una ley migratoria vigente de 1996, permite al servicio de inmigración estadounidense firmar acuerdos con gobiernos locales para entrenar policías y alguaciles para identificar a indocumentados desde las cárceles.

'Comunidades Seguras' ofrece a las cárceles locales acceso instantáneo a las bases de datos de la Agencia Federal de Investigación (FBI) y de ICE para conocer los antecedentes criminales y migratorios de los detenidos.

Lista de documentos

La información requerida por ACLU incluye el Memorando de Entendimientos (MOU), comunicación interna entre ICE y las agencias, correos electrónicos, estadísticas de arrestos, inmigrantes procesados en las cárceles por infracciones menores de tránsito y convicciones previas.

Además, la documentación relacionada a la planificación y administración de puntos de revisión de licencias de conducir y manejo bajo estado de ebriedad, datos de los arrestado como raza, lugar de origen, edad, etc.

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"Hasta ahora hemos recibido respuesta de la mayoría de las agencias, excepto de la oficina del alguacil de Alamance, Terry Johnson", afirmó Katherine Lewis Parker, directora legal de ACLU.

Según Parker, la organización de libertades civiles no está siendo "más exigente" con Alamance, sino que "hemos recibido más quejas por perfil racial hacia los hispanos en ese condado que en los demás".

Arrestos con perfil racial

El objetivo de ACLU es determinar si los departamentos del deber con programas de inmigración están arrestando a más hispanos y estableciendo más puntos de revisión de tránsito en las calles que en el pasado.

También comparar el número de detenidos por infracciones menores de tránsito con aquellos por cargos mayores como felonías.

Un estudio previo dado a conocer en febrero pasado, ACLU denunció que el 287(g) había generado un clima de "perfil racial" por los constantes puntos de revisión en lugares donde frecuentan los hispanos como iglesias, tiendas, complejos habitacionales.

Un individuo en Carolina del Norte no puede tener una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal si es indocumentado.

¿Qué opina acerca del Programa 287(g)? ¿Cree que el gobierno de EU debe deportar a todos los inmigrantes, documentados o no, que cumplen una condena carcelaria? Comente aquí.

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Las razones del alguacil

El alguacil Johnson, que implementó el 287(g) en 2006, dijo en un principio que la medida ayudaría a capturar a "criminales violentos" acusados de felonías pero ahora admite que sus oficiales "arrestarán a conductores sin licencias o por infracciones de tránsito".

Según José Alegría, activista en Alamance, los hispanos de la zona viven con "miedo" de que algún día las autoridades los detengan por infracciones menores, no regresen a sus casas y terminen deportados al ser procesados por el 287(g).

"Algunos han tomado medidas preventivas y no manejan sin licencia o se juntan con otros que tengan permisos. Otros simplemente se han ido a otras áreas donde no se sientan perseguidos, pero la situación es difícil para los hispanos de Alamance", enfatizó.

Cuestión de tiempo

Alegría conformó el año pasado un grupo, "Imparcialidad para Alamance", para protestar ante los comisionados del condado por las "injusticias" cometidas por los alguaciles.

"El alguacil Johnson es una persona muy radical. Quizás no comparte la información a ACLU porque no le dan sus porcentajes o está ocultando algo", cuestionó el activista.

Johnson dijo al periódico The Times News que su oficina está trabajando en la recopilación de la información y que él ha pasado "200 horas" tratando de contestar a todas las preguntas de ACLU.

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"Están tratando de acabar con el 287(g) en Alamance", enfatizó Johnson.

ACLU dio plazo al condado Alamance hasta el 3 de abril para entregar la documentación o podría enfrentar una demanda.

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