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Agricultores de EU alarmados

Agricultores de EU alarmados

Mientras los estadounidenses disfrutan del Día de Acción de Gracias, el sector agropecuario se llena de preocupaciones.

Aumento de la represión

Mientras los estadounidenses disfrutan de sus cenas del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), el sector agrario de Texas y los trabajadores que les brindaron esa abundancia tienen sus fuentes llenas de preocupaciones y miedos, reportó el jueves The Associated Press.

Muchos empleadores agrícolas estadounidenses temen que la represión de los trabajadores extranjeros indocumentados –dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)- provocará una escasez de mano de obra.

Y sus empleados están nerviosos porque el gobierno piensa realizar cambios en una ley de visas que rige sus remuneraciones, condiciones de trabajo y competencia por los puestos.

Preocupaciones similares se han registrado en el último año en varios estados, entre ellos California, Arizona, Florida, Washington, Illinois, Georgia y Carolina del sur, donde las cosechas están en riesgo ante la falta de campesinos.

Responsabilizan al Congreso

The Associated Press dijo que muchos culpan al Congreso, que se negó en junio a aprobar una ley de reforma global de la inmigración y acaba de entrar en receso sin renovar la ley de subsidios a la agricultura.

Ese proyecto de $286 mil millones también sufre la amenaza de un veto por parte del presidente George W. Bush.

La vigencia de la ley quinquenal de subsidios finalizó el 30 de septiembre (día en que terminó el año fiscal 2007), y el Congreso aprobó una medida interina para financiar los subsidios durante un tiempo.

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Algunos grupos que abogan por la reducción del gasto fiscal se oponen al proyecto.

Programa en suspenso

Por otra parte, con la represión de los indocumentados -programa de verificación de empleo- algunos agricultores sufren escasez de mano de obra y temen que la situación empeore, a pesar que el plan se encuentra congelado temporalmente por orden de un juez federal.

El secretario del DHS, Michael Chertoff, ha apelado el fallo e insiste en poner en vigor el programa que sanciona a los empleadores que dan trabajo a los indocumentados.

Según encuestas realizadas por el Departamento de Trabajo, más de la mitad de los empleados rurales reconocen que no tienen autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Algunos grupos creen que la verdadera cifra es cercana al 70 por ciento.

Plan bajo estudio

A su vez, el gobierno propone revisar el actual programa de visas H2-A para trabajadores agrícolas.

Menos del 1 por ciento de los empleadores del sector usaron ese programa el año pasado debido a los altos costos y las dificultades burocráticas, dijo Sharon Hughes, vicepresidenta ejecutiva del Consejo Nacional de Empleadores Agrarios en carta a Bush hace unos meses.

La visa H2-A es utilizada por trabajadores agrícolas, tiene una duración de dos años y puede ser renovada dos veces por el mismo período de tiempo.

La visa H2-B es usada por trabajadores no profesionales en otras áreas fuera de la agricultura, tales como jardinería, hoteles, pastoreo, sirvientes y circos.

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Reforma estancada

En los últimos tres años la reforma migratoria ha sufrido dos importantes derrotas en el Congreso estadounidense.

El primer fracaso ocurrió el 3 de junio de 2006, cuando el entonces liderazgo republicano canceló el nombramiento del Comité de Conferencia que debía armonizar dos leyes aprobadas, una por la Cámara de Representantes -el 16 de diciembre de 2005- y otra por el Senado -el 25 de mayo de 2006-.

El primer proyecto, patrocinado por los republicanos, proponía, entre otras medidas, criminalizar la estadía indocumentada, acelerar las deportaciones y un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin a la inmigración indocumentada.

El segundo proyecto, que contó con respaldo bipartidista, entre otras recomendaciones incluyó una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y que no tuvieran antecedentes criminales.

Los republicanos argumentaron que este plan no era congruente con la política de seguridad del gobierno federal y optaron por cancelar el debate. Un mes después, ambas cámaras del Congreso aprobaron la ley del muro y dos meses más tarde los republicanos perdieron en control de ambas cámaras del Congreso.

El segundo debate

A mediados de mayo una comisión tripartita integrada por representantes demócratas, republicanos y de la Casa Blanca anunciaron la elaboración de una nueva propuesta de reforma migratoria que incluía, entre otras recomendaciones, una compleja vía de legalización para indocumentados que se encontraban en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2007 y carecieran de antecedentes criminales.

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El Senado inició el debate el 21 de mayo, pero el 7 de junio el liderazgo demócrata canceló la iniciativa bajo el argumento que los republicanos no estaban dispuestos a fijar un número limitado de enmiendas y que ninguna de ellas anulara la vía de legalización.

Una semana después, el día 14, los líderes de ambos partidos en la Cámara Alta acordaron reanudar el debate, pero el día 28 la propuesta tripartita sucumbió ante la falta de apoyo de ambos partidos.

El plan tripartita, basado también en un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin al tráfico ilegal por la frontera, recomendaba una vía de legalización a cambio de, primero, una residencia temporal de tres años, verificación de identidad, una multa de $13,500 por persona y un trámite consular en el país de origen para recibir la residencia permanente.

Leyes locales

El fracaso de ambos debates originó que gobiernos estatales -bajo el argumento de que el gobierno federal no hace mucho por controlar la inmigración ilegal- lancen sus propias iniciativas para solucionar el problema.

En los últimos dos años más de 1,400 proyectos de ley antiinmigrantes han sido discutidos en varios estados.

Un estudio ventilado en agosto en la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales celebrado en Boston, Massachussets, precisó que desde 2005 se han aprobado unas 180 leyes.

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En resumen, las ordenanzas prohíben a los propietarios alquilar casas y negocios a indocumentados, y otorgan poderes extraordinarios a policías locales para ejercer funciones como agentes de inmigración.

Autorizar a las policías municipales y estatales para que su personal ejerza funciones como agentes de inmigración es un plan ideado por el departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ley de inmigración de 1996 permite que el servicio de inmigración llegue a acuerdos con autoridades estatales y locales para que la policía realice este tipo de funciones. El entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, explicó en 2003 que el plan formaba parte de la lucha antiterrorista dirigida por el gobierno de Washington.

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