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2011 será recordado como un mal año para los inmigrantes de Estados Unid...

Los 11 millones de indocumentados que en enero soñaban con una reforma migratoria, seguirán esperando por una oportunidad para legalizar sus permanencias en Estados Unidos.

2011 será recordado como un mal año para los inmigrantes de Estados Unidos

2011 será recordado como un mal año para los inmigrantes de Estados Unidos

Comenzó con una tibia ilusión de reforma migratoria y finalizó con un nuevo récord de deportaciones.

Los 11 millones de indocumentados que en enero soñaban con una reforma m...
Los 11 millones de indocumentados que en enero soñaban con una reforma migratoria, seguirán esperando por una oportunidad para legalizar sus permanencias en Estados Unidos.

La reforma migratoria se perdió en medio de un odioso clima antiinmigrante en Estados Unidos

Las pocas esperanzas que lucieron los 11 millones de indocumentados en enero de 2011, de ver concretado el sueño de una reforma migratoria, se vieron truncadas con el paso de los meses y la aprobación de leyes similares a la cuestionada SB1070 de Arizona, la primera que criminalizó la estadía indocumentada en Estados Unidos.

En los primeros días de enero activistas advirtieron que 2011 iba a ser un año difícil para los sin papeles y que las redadas irían en aumento, al igual que las deportaciones, Y no se equivocaron.

El gobierno del presidente Barack Obama buscó tímidamente activar el debate en el Congreso y forzar tanto a demócratas como republicanos para que retomaran el tema y hablaran de una vía de legalización para millones de indocumentados. Pero los llamados se perdieron en medio de la indiferencia y los ataques a cualquier recomendación para darle residencia a los extranjeros sin estatus de permanencia legal en el país.

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Simultáneamente a los llamados al Congreso para debatir el tema, la Administración siguió adelante con la ejecución del programa federal E-Verify, para cercar y poner atajo a la contratación de trabajadores sin papeles. El sistema, ideado como parte de las políticas de seguridad implementadas tras los atentados del 9/11, ha permitido a las autoridades auditar a miles de empresas que, a su vez, han despedido a miles de trabajadores que no han podido demostrar que tienen permiso para residir en el país y una autorización de empleo.

Redadas silenciosas

El 27 de enero un reporte publicado por Univision.com dio cuenta que las verificaciones de empleo o redadas silenciosas estaban en aumento y que se incrementarían en el curso del año).

Entre marzo y abril el gobierno mantuvo un perfil moderado sobre la reforma migratoria. La administración insistió en la necesidad de legalizar a los millones de indocumentados, pero los republicanos cerraron filas y reiteraron que no estaban dispuestos a permitir la aprobación de ningún plan que "huela" a amnistía.

La oposición controla la Cámara de Representantes y en el Senado los demócratas no cuentan con los votos necesarios para aprobar una reforma migratoria.

El 19 de abril el gobierno anunció que invertiría capital político en la reforma migratoria, pero activistas y dirigentes hispanos dijeron que estaban decepcionados con Obama al no ver cumplida una promesa lanzada durante la campaña presidencial 2008, cuando dijo que empujaría la aprobación de una refrma migratoria comprensiva durante el primer año de su mandato.

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La ley de Arizona

Un día después de la reacción de los activistas latinos la ley SB10 de Arizona cumplió un año de haber sido promulgada. La legislación criminalizó la estadía indocumentada y contagió a más de 20 estados que anunciaron el debate de leyes similares para controlar la inmigración indocumentada bajo el argumento de que el Congreso federal no había hecho nada para controlar la inmigración indocumentada.

Tres semanas después del aniversario, un juez bloqueó ley migratoria 497 de Utah, que entre otras medidas otorgaba poderes extraordinarios a las policías locales para arrestar a indocumentados, pedirles papeles y entregarlos a la custodia de la Oficina de Aduanas y control fronterizo (ICE).

El 13 de mayo el gobernador de Georgia, Nathan Deal, promulgó una ley migratoria que, al igual que en Arizona y Utah, otorga poderes extraordinarios a las policías para que sus agentes arresten a extranjeros sin papeles de estadía legal y obliga a los patronos registrarse obligatoriamente en el sistema federal de verificación de datos conocido como E-verify.

También aplica penas a quienes dan transporte o refugio a inmigrantes indocumentados a sabiendas, y convierte en delito la presentación de documentos o información falsa al solicitar empleo.

Indiana y Carolina del Sur

Un mes después, el 12 de junio, la jueza federal de distrito, Sarah Evans Barker bloqueó la ley migratoria de Indiana que otorgaba poderes amplios a las policías para realizar detenciones de inmigrantes que no han cometido delitos.

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Dos semanas más tarde, Carolina del Sur promulgo Ley S20, que también concede poderes extraordinarios a las policías para arrestar a individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados, convierte en delito fabricar tarjetas de identidad con fotografía para los inmigrantes indocumentados y crea una nueva unidad policial dentro del Departamento de Seguridad Pública con el objeto de aplicar la ley de inmigración.

El 18 de agosto el gobierno anunció su intención de aplazar por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrán tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

Abogados, sin embargo, advirtieron que la medida no se trata de una amnistía y recomendaron a los indocumentados que antes de dar cualquier paso, consulten con un experto certificado en la ley de inmigración de Estados Unidos.

A 10 años del 11/S

El 11 de septiembre se cumplieron 10 años de los ataques terroristas en Nueva York, Washington DC y Pensilvania. El atentado echó por tierra una reforma migratoria que en aquel entonces pactaban los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, y de México, Vicente Fox. El plan iba a beneficiar a unos 3 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos trabajadores del campo.

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El 20 de septiembre, agricultores estadounidenses advierten la grave escasez de trabajadores en los campos y que las cosechas se encuentran en peligro. Miles de trabajadores inmigrantes se marcharon de los estados de Alabama, Utah, Indiana, Carolina del Sur, Georgia y Utah tras la aprobación de leyes para combatir con severidad la inmigración sin papeles.

Siete días después el Departamento de Seguridad Nacional anunció el arresto de 2,900 indocumentados en la mayor redada ejecutada durante la administración de Obama. La batida cubrió los 50 estados y la mayoría de arrestados, aseguró el gobierno, tenía antecedentes criminales.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reiteran que entre seis a siete por cada 10 arrestados por el gobierno no representan un peligro grave para la seguridad nacional, y que una reforma migratoria le daría la oportunidad a miles de poder legalizar sus permanencias.

Freno temporal a Alabama

Al siguiente día un juez frenó partes de la ley de Alabama, entre ellas una que no será delito no llevar consigo documentos de identificación. Pero permitió que las escuelas públicas a verifiquen el estado migratorio de estudiantes nuevos y sus padres, y que la policías detengan a individuos sospechosos de estar indocumentados en el país.

La ley HB56 de Alabama entró en vigor un día después sumiendo al país en un estado de incertidumbre y miedo. Miles de inmigrantes, algunos con años viviendo en ese estado, se marcharon hacia lugares más seguros para seguir criando a sus hijos.

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El 7 de octubre el gobierno entabló una demanda contra la polémica ley de Alabama argumentando que el tema migratorio es competencia del gobierno federal. La administración reiteró que este tipo de legislaciones daña los derechos civiles.

El 13 de octubre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que durante el año fiscal 2011 deportó a más de 397 mil inmigrantes indocumentados, cifra que marcó un nuevo récord de deportados por tercer año consecutivo. El gobierno volvió a asegurar que la mayoría de los expulsados tenía antecedentes criminales, pero las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes insisten en que seis o siete de cada 10 deportados no tiene antecedentes serios y no con una amenaza seria para la seguridad de Estados Unidos.

La Coalición de Los Angeles por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) indicó que durante el gobierno de Obama, que se inició el 20 de enero de 2009, han sido deportados 1,5 millones de inmigrantes y que la mayoría de ellos habría regularizado sus permanencias con una reforma migratoria.

Segundo bloqueo en Alabama

Un día después de conocerse el nuevo récord de deportados, una Corte de Apelaciones bloqueó partes de la ley de Alabama HB56. La medida dejó sin efecto el que las escuelas públicas verifiquen el estado migratorio de estudiantes nuevos, pero mantuvo vigente la autorización para que las policías arresten a individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados.

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El día 4 de noviembre reportes de prensa dieron cuenta que desde 2003 126 inmigrantes han muerto en cárceles de ICE. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes cuestionaron a la agencia por falta de transparencia y pidieron al gobierno una investigación para esclarecer las muertes y evitar que sigan ocurriendo.

Al siguiente día, la oficina de contabilidad del Congreso recomendó al gobierno detener la construcción del muro virtual en la frontera con México por caro e inservible. El proyecto, heredado por el gobierno de Obama de la Administración Bush fue aprobado por el Congreso con un presupuesto inicial de $2,200 millones, pero luego los costos llegaron a ser calculados en unos $20 mil.

El muro digital, equipado con torres de vigilancia electrónica, fue construido en partes de la frontera, pero no sirvió para detener la inmigración indocumentada.

Capilla ardiente

El 17 de noviembre el gobierno anunció el comienzo de la revisión de 300 mil casos de deportación, plan anunciado por ICE el 18 de agosto. La medida, sin embargo reiteraron abogados, no se trata de una amnistía e insistieron en que los indocumentados que pudieran calificar deben primero buscar una asesoría de expertos antes de dar cualquier paso con las autoridades de inmigración.

El 1 de diciembre comenzó el proceso de revisión de los 300 mil casos y expertos estiman que el programa podría demorar hasta por más de un año la deportación de los inmigrantes cuyos casos están siendo vistos por las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional.

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Once días más tarde, la Corte Suprema de Justicia anunció que examinará la polémica Ley SB1070 de Arizona, que criminalizó por primera vez la estadia indocumentada en Estados Unidos y cuyas pares más controversiales se encuentran suspendidas temporalmente por una corte federal.

El 15 de diciembre, el Departamento de Justicia divulgó los resultados de una investigación hecha a los procedimientos empleados por el alguacil del condado maricopa, Joe Arpaio. El gobierno del Presidente Barack Obama dijo que el denominado 'Sheriff más duro' del país cometió una amplia gama de violaciones de los derechos civiles mediante el etiquetamiento racial de hispanos, reprimió la inmigración en base a denuncias racistas y castigó a presos hispanos por hablar español en la cárcel.

Mientras, en el Congreso no hay señales de debate de reforma migratoria para lo que queda de 2011 y 2012, dejando todo en manos del nuevo Congreso que será electo en los comicios presidenciales del martes 6 noviembre de 2012.

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