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Rechazo a leyes de tránsito en Texas

Rechazo a leyes de tránsito en Texas

Nuevas leyes de tránsito que regirán a partir del 1 de septiembre generaron rechazo en los residentes de Texas.

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A partir del 1 de septiembre

AUSTIN, Texas - Nuevas leyes entrarán en vigor en septiembre en Texas para regular el tránsito en zonas escolares, imponer el uso de los cinturones de seguridad y el aumento de las pruebas de alcoholemia que han originado un gran rechazo.A partir del 1 del próximo mes, todos los ocupantes de un vehículo automotor de menos de 15 pasajeros en Texas, deberán colocarse el cinturón de seguridad sin importar su edad.

La Ley SB 61 prohíbe que los pasajeros menores de cinco años de edad usen cinturón y en su lugar sean colocados en un asiento de seguridad, al igual que los niños menores de ocho años que no hayan alcanzado una altura superior a los 4 pies y 9 pulgadas.

Las multas en este caso oscilan entre los 25 dólares por la primera infracción hasta los 250 dólares por la segunda. Los fondos recaudados por efectos de estas multas serán destinados para la adquisición de asientos de seguridad infantil que deberán ser repartidos entre las familias de bajos recursos.

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Aunque la ley entra en vigor el 1 de septiembre de este año, las multas no serán efectivas sino a partir de 1 de junio de 2010.

Otra de las restricciones aprobadas por el legislativo este año tiene que ver con la comunicación móvil en las zonas peatonales cercanas a los planteles escolares.

De acuerdo con la HB 55, los conductores en estas zonas no podrán hacer uso de sus teléfonos celulares a menos que utilicen el dispositivo "manos libres" o esté estacionado o que el conductor esté realizando una llamada de emergencia al servicio 911 o a una ambulancia.

Segun Brandon Smith, del Departamento de Seguridad de Texas, los condados que quieran imponer esta medida deberán solicitar y colocar letreros de advertencia en las zonas escolares.

"La ley señala que para imponer esta clase de medidas, primero hay informar a los conductores a través de señalización que usar un aparato de telefonía celular está terminante prohibido y que el infractor está sujeto a multas", aseguró Smith a Efe.

Por su parte, la HB 2730 incrementa los castigos a los conductores que son encontrados culpables de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas cuando uno de sus pasajeros es un menor de edad.

"A la persona que incurra en esta falta por primera vez se le suspenderá la licencia de conducir de forma automática y perderá inmediatamente los privilegios como conductor", señaló Smith.

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Pero una de las leyes que está a punto de entrar en efecto y que ha sido cuestionada por su presunta inconstitucionalidad es la que permite a los policías realizar las pruebas de sangre para determinar los niveles de alcohol o drogas en la sangre del conductor.

"Para ese efecto, el conductor deberá negarse a las pruebas para que el agente de policía lo ponga bajo arresto y luego lo someta a las pruebas de sangre y de alcoholemia", indicó Smith.

Controversia por examen

Bajos las leyes vigentes, el conductor puede negarse a tomarse las pruebas de alcoholemia y no enfrentar repercusiones legales.

David Hunter, abogado especializado en casos criminales en Texas, afirmó que existen grupos de activistas y de ciudadanos que encuentran esa medida "aberrante" porque va contra sus principios.

"Y una persona como cualquier otra podría sentir que forzarlo a tomarse un examen de sangre viola su privacidad, ya sea por motivos ideológicos o de religión. La ley sólo debería justificar ese hecho cuando se trate de un caso extremo, como por ejemplo si en el accidente muere alguien", dijo Hunter.

La semana pasada, el gobernador Rick Perry también ratificó la ley HB 432 que obliga a las agencias estatales a que el 50 por ciento de su flota de vehículos utilice combustible alternativo al menos el 80 por ciento del tiempo. Se calcula que el número de autos utilizados por las más de 90 agencias estatales se acerca a los 27 mil.

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Otras de las medidas que entrarán en vigor este 1 de septiembre es que las autoridades judiciales podrán culpar a un menor de edad por intoxicación en la vía pública. También se restringirá el uso de internet a ciertos agresores sexuales convictos.

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