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Manifestantes bloquean Congress Parkway pidiendo un alto a deportaciones...

Protestan en Chicago pidiendo un alto a las deportaciones

Protestan en Chicago pidiendo un alto a las deportaciones

Una protesta similar tuvo lugar hace unas semanas en Los Ángeles

Detienen el tráfico pidiendo un alto a las deportaciones /Univision

Una veintena de personas bloquearon este martes desde temprano la calle Congress Parkway, en Chicago, como protesta contra la política de deportaciones del gobierno del presidente Barack Obama.

Manifestantes en Chicago alzan sus voces contra las deportaciones /Univision


De acuerdo con la agencia Efe, once personas, en su mayoría jóvenes indocumentados, fueron detenidas durante la protesta frente a la sede de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en el centro de Chicago.

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Tania Unzueta, de Comunidades Unidas contra las Deportaciones (OCAD), informó a la agencia que entre los detenidos están Estela Vara, una madre indocumentada que vive en los suburbios de Chicago, y la activista Page May.

Las dos estuvieron subidas a sendas escaleras portátiles, que fueron colocadas en el medio de la avenida Congress, mientras que los otros manifestantes se encadenaron entre sí y a una caja de plástico llena de cemento que fue usada para completar el bloqueo, que duró cerca de una hora.

Los protestantes que gritaban “¡sin miedo, sin miedo!”, emitieron un comunicado en el que aseguraron que planeaban cerrar el tráfico en los alrededores de la Oficina Federal de Inmigración.

Varios oradores reclamaron el fin de las deportaciones de indocumentados y acusaron a la oficina regional de ICE de violaciones de los derechos civiles y humanos de los detenidos, además de uso innecesario de la fuerza durante sus redadas.

"Los agentes de ICE entraron a mi casa apuntando sus armas y en busca de alguien ficticio", dijo Aníbal Fuentes Aguilar, un guatemalteco que lucha desde 2013 para evitar su deportación.

Otros indocumentados, como Francisco Canuto y Adán Carlos Herrera, denunciaron supuestas "tácticas engañosas" de los agentes de ICE, para ingresar a los hogares sin orden judicial en busca de personas para deportar.

De acuerdo con el comunicado, el grupo dirigido por las comunidades organizadas contra las deportaciones (OCAD), pide que se ponga fin a todos los ataques contra las familias de inmigrantes.

Documento entregado por organizaciones proinmigrantes en Chicago


Hace unas semanas, otra protesta similar tuvo lugar en el centro de Los Ángeles. Un grupo de personas bloqueó una céntrica calle y ocho personas fueron detenidas.

La política de deportaciones de Obama ha sido cuestionada desde que llegó a la Casa Blanca. Durante su primer mandato (2009-2012), batió cuatro récords sucesivos con un promedio anual de 400,000 extranjeros deportados y de ellos, más de 50% no tenía antecedentes criminales.

En vísperas de la Navidad de 2015, se conoció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ultimaba detalles para un plan de redadas cuyo blanco serían migrantes centroamericanos que llegaron al país después del 1 de enero de 2014, que no tienen causa de asilo y recibieron una orden de deportación.

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El primer fin de semana de enero agentes de ICE llevaron a cabo operaciones en Carolina del Norte, Georgia y Texas arrestando a 121 personas. Las redadas desataron una oleada de protestas para que Obama frenara los arrestos y concediera un Estado de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) a los migrantes.

El TPS frena las deportaciones y otorga a los beneficiarios un permiso de trabajo temporal.

El pasado 9 de enero, un grupo de organizaciones demandó que el Presidente dé a conocer la política de deportaciones de inmigrantes indocumentados, con la que ordenó colocar en proceso de vía rápida los casos de familias de migrantes originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo.

En sus dos periodos de gobierno, Obama ha deportado a más de 2.5 millones de indocumentados. El gobierno asegura que más de 60% tenía antecedentes criminales, pero las organizaciones insisten en que entre seis y siete por cada 10 expulsados no tenía faltas que constituyeran una amenaza para la seguridad nacional.

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