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El zombi de los cruces judiciales: el duelo Apple-Gobierno sigue vivo en Brooklyn

El zombi de los cruces judiciales: el duelo Apple-Gobierno sigue vivo en Brooklyn

El Departamento de Justicia quiere que Apple ayude a sacar información de otro iPhone. La empresa se sigue negando. El Congreso apenas empieza a moverse.

Un usuario prueba un iPhone de Apple.

Apple vs. el gobierno es el zombi de los duelos judiciales, la pelea que se niega a morir.

La semana pasada, el FBI —con ayuda de un tercero anónimo— consiguió desbloquear un teléfono de uno de los atacantes de San Bernardino y abandonó el caso judicial original en que intentaba forzar a la fabricante del iPhone a desarrollar tecnología para ese fin.

Poco tiempo pasó para que los abogados del Departamento de Justicia volvieran a la carga. Este viernes, argumentaron ante una corte en Brooklyn, Nueva York, que la empresa tiene que ayudar al FBI y la agencia antidrogas DEA a conseguir información del teléfono de un narcotraficante.

“El gobierno todavía necesita la asistencia de Apple para acceder a los datos que está autorizado a requisar según una orden judicial”, dijeron los abogados en una presentación escrita ante la jueza federal de distrito Margo Brodie.

Narcotráfico, no terrorismo
El de Brooklyn es un caso muy distinto al de San Bernardino.

Se trata de narcotráfico, no terrorismo, y las autoridades quieren que Apple entregue datos del teléfono, no que lo desbloquee, según fuentes de la empresa.

Pero este iPhone es importante porque los abogados del gobierno usaron en este caso el mismo soporte legal que en el anterior: una ley de 1789 que dicen les da la autoridad para forzar a la empresa a ayudar.

Hasta ahora el gobierno no tuvo éxito con ese argumento. En California, el caso terminó antes que la jueza a cargo decidiera si era válido. Y en Brooklyn, el juez de primera instancia James Orenstein ya falló que el gobierno estaba equivocado. La nueva presentación apela esa decisión.

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La discordia de la manzana
Apple, como lo ha hecho antes, reaccionó el viernes con dureza.

Organizó una conferencia telefónica para periodistas en que sus abogados acusaron al gobierno de intentar —por segunda vez— sentar un precedente legal que fuerce a las compañías a obedecer en el futuro en casos como este.

Este caso es preocupante, según su visión, porque el gobierno está pidiendo a una empresa involucrarse en un caso policial rutinario. El teléfono, dijeron, pertenece a un narcotraficante de metaanfetaminas que ya se declaró culpable. Y los investigadores buscan información adicional para usarla cuando sea sentenciado.

Si el gobierno triunfa, argumentaron, el precedente será tan amplio que cualquier empresa podrá ser obligada a trabajar para el gobierno en casos criminales.

¿No que ya?
Que el gobierno haya podido entrar al celular de Syed Farook no significa que pueda acceder a cualquier dispositivo. En el caso de San Bernardino, alguien —una empresa o un hacker— le vendió al gobierno la solución tecnológica para desbloquearlo, luego de semanas en que el FBI aseguró que solo Apple era capaz de hacerlo.

Pero el director del FBI, James Comey, reveló esta semana que la solución funciona solo en “un pequeño número de teléfonos”: los iPhone 5c que tienen la versión 9 del sistema operativo iOS de Apple. No sirve para aparatos más viejos ni más nuevos.

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Ahora, el FBI está en la posición incómoda de decidir si le cuenta a Apple cuál fue el defecto que aprovechó para desbloquear el teléfono. Si lo hace, contribuirá a la seguridad de otros usuarios, pero al mismo tiempo se cerrará el camino a acceder a otros teléfonos similares. Las agencias de seguridad federales y locales de distintos estados tienen decenas de teléfonos a los que quieren acceder, según ha dicho el propio Comey.

“Si le decimos a Apple, ellos van a arreglarlo y nosotros regresamos a donde comenzamos", dijo Comey, en un discurso en el Kenyon College, en Ohio. "Tan tonto como pudiera sonar, podríamos terminar ahí. Simplemente no lo hemos decidido aún".

No me ayudes, compadre
La postura de Apple desde el inicio de su pelea con el Departamento de Justicia ha sido que el Congreso debe adueñarse del debate y aprobar una ley que resuelva las diferencias. Pero en ese frente no hay buenas noticias para la empresa: el primer borrador de una iniciativa al respecto no favorece su postura.

Un reportero de The Hill, un medio especializado en el Congreso, publicó la noche del jueves lo que dijo era el borrador de la ley que redactan los senadores Richard Burr, republicano de Carolina del Norte, y Dianne Feinstein, demócrata de California.

El borrador, no confirmado oficialmente, propone obligar a las empresas tecnológicas a dar la asistencia que el gobierno necesite para acceder a los datos guardados en sus productos. También prohíbe que encripten las comunicaciones de sus dispositivos de manera que nadie —ni siquiera la propia fabricante— pueda acceder a esos datos, algo que esta semana hizo la popular aplicación de mensajes WhatsApp.

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Las primeras reacciones de la industria tecnológica, de expertos en seguridad cibernética y de medios especializados no fueron buenas.

ITIC, un grupo que representa los intereses de las grandes empresas del sector, dijo en un comunicado que la propuesta “está equivocada y llevará al final a aumentar la inseguridad en lugar de aumentar la seguridad”.

“Esta propuesta —agregó— congelaría la tecnología que necesitamos para la protección y nos dejaría a todos extraordinariamente vulnerables”.

Neema Singh Guliani, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés), llamó a la propuesta de ley “ una amenaza clara a la privacidad y seguridad de todos. En lugar de escuchar las advertencias de los expertos, los senadores escribieron un proyecto que ignora la realidad económica, de seguridad y técnica”.

“Obligaría a las compañías a debilitar a propósito la seguridad de sus productos —siguió— al brindar una puerta trasera a los dispositivos y productos en que todos confiamos”.

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