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El presidente del gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, asegura que el proceso independentista seguirá adelante.

El presidente de Cataluña asegura que declarará en los próximos días la independencia de España

El presidente de Cataluña asegura que declarará en los próximos días la independencia de España

En una entrevista con la cadena BBC el mandatario regional Carles Puigdemont aseguró que seguirá adelante con el plan para separarse de España, mientras aumenta la tensión en las calles y la incertidumbre sobre los próximos pasos del Ejecutivo español.

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Será en cuestión de días, a finales de esta semana o la que viene, cuando el gobierno regional de Cataluña prevé anunciar la independencia de España, aseguró el presidente catalán Carles Puigdemont, en una entrevista con la cadena BBC grabada antes de la declaración institucional excepcional que hizo el rey Felipe VI el martes en la que condenó la “deslealtad inadmisible” de las autoridades catalanas.

Según explicó Puigdemont, las autoridades catalanas procederán 48 después de que concluya el recuento de votos del polémico referéndum celebrado el pasado fin de semana. “Probablemente esto va a acabar cuando haya los votos del exterior y por tanto nos movemos entre el fin de semana e inicios de la semana que viene", señaló.

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La consulta, que había sido declarada ilegal por la justicia española, estuvo marcada por los cientos de heridos que dejó la actuación policial para impedir que se celebrara, lo que causó críticas internacionales y protestas en las calles ahondando en una profunda crisis institucional y social.

En Cataluña, una región rica con 7.5 millones de habitantes, lengua propia y una marcada identidad cultural, hay una parte de la población que reivindica desde hace años no formar parte de España. La crisis económica, el desacuerdo con el gobierno central sobre el sistema de reparto del dinero público y la demanda por más autonomía política reavivó la causa del independentismo.

"Deslealtad inadmisible"

Puigdemont habló con la cadena británica momentos antes de que el rey Felipe VI hiciera una declaración en la que acusó a las autoridades autonómicas catalanas de mantener una “conducta irresponsable” y haber actuado con una "deslealtad inadmisible".

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El rey de España advirtió de que, ante la situación "de extrema gravedad" en Cataluña, los "legítimos poderes del Estado" deben asegurar "el orden constitucional", la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de esa región, "basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía".

La gobierno regional (Generalitat) consideró este miércoles que el mensaje del rey "en lugar de calmar, ha puesto más gasolina", al tiempo que anunció una comparecencia de Puigdemont a las 21:00, hora local (15:00 ET), en la que se espera que revele qué hará su gobierno tras el referéndum, decretado inconstitucional y reprimido con fuerza por la policía española.

Desde el domingo se han mantenido protestas en las calles contra la actuación policial y los más de 10,000 efectivos que envió el Gobierno, que han sido increpados y rodeados en los hoteles donde se alojaban. El martes se celebró además una huelga general en la región en repulsa a lo sucedido.

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En el referéndum participaron 2.2 millones de personas (de un censo de 5.3 millones) y, con el boicot de los partidarios del 'no', el resultado fue un 90% a favor de la independencia. Mientras, tanto en Cataluña como en el resto del país crecen los acalorados debates y la incertidumbre sobre cuáles serán los siguientes pasos del gobierno de Mariano Rajoy.

El Gobierno tiene la potestad de intervenir y suspender el ejecutivo catalán y sus instituciones aplicando el artículo 155 de la Constitución. Una opción que el Ejecutivo no ha descartado, pero cuyas consecuencias son impredecibles puesto que sería una situación sin precedente.

Puigdemont consideró que su arresto o el de los miembros del gobierno catalán "sería un error que cambiaría todo".

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"Después de cada error hemos salido más reforzados. Hoy estamos más cerca de la independencia que hace un mes y no solo porque avanzamos en el calendario que teníamos fijado, sino porque a cada semana y a cada error hemos acumulado más fuerza social", aseguró.

Sin diálogo


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Puigdemont reveló que en la actualidad no hay contactos entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña.

Si bien la consulta fue declarada ilegal, después de las imágenes del domingo fueron numerosas las llamadas al diálogo para desatascar la situación que deja en el medio a una parte de la población.

Así, ante el desencuentro total entre ambos políticos, después de la violencia policial contra los votantes y con los planes para una independencia unilateral, el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) propuso la creación de una comisión independiente formada por representantes de todos los partidos políticos, miembros de los colegios profesionales y entidades de interés público, que articulen una vía de salida, según informó La Vanguardia.

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"El diálogo está roto y queremos dedicar todo nuestro empeño en poder encontrar una solución consensuada para todos, que pueda ofrecer al pueblo catalán la posibilidad de expresarse en las urnas", señaló su decana Eugènia Gay.

Más tensión

En paralelo, la justicia española estrecha cerco sobre independentistas catalanes y citó a declarar a cuatro altos cargos como investigados por un presunto delito de sedición.

Se trata del comandante de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, a una subalterna y a dos líderes independentistas, por las manifestaciones que ocurrieron ante una dependencia del gobierno catalán en Barcelona el 20 y el 21 de septiembre, cuando la guardia civil la registraba.

Los cuatro declararán el viernes ante la Audiencia Nacional, la máxima instancia penal española, por presuntamente alentar las manifestaciones espontáneas ante el departamento de Economía catalán. Los manifestantes dañaron los vehículos de la Guardia Civil estacionados ante las dependencias y retrasaron la salida de los agentes hasta la madrugada.

La citación añade tensión a la delicada situación. El delito de sedición está castigado con una pena máxima de prisión de 10 años en el caso de ciudadanos ordinarios, y de 15 años si se trata de autoridades.

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