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Estudiantes protestan por la elección de Donald Trump en Phoenix, Arizona.

La vieja apuesta republicana para eliminar el Departamento de Educación tendrá un camino lleno de obstáculos

La vieja apuesta republicana para eliminar el Departamento de Educación tendrá un camino lleno de obstáculos

Es un viejo sueño de algunos conservadores, pero mucho más difícil de cumplir que lo que muchos se imaginan. ¿Cuáles serían las consecuencias?

Estudiantes protestan por la elección de Donald Trump en Phoenix, Arizona.
Estudiantes protestan por la elección de Donald Trump en Phoenix, Arizona.

Abolir el Departamento de Educación es un viejo sueño de algunos políticos conservadores estadounidenses que podría cobrar fuerza con la llegada al poder de Donald Trump, que ha dicho que quiere eliminarlo, pero será un plan difícil de concretar.

El departamento es un gigante burocrático de más de 4,000 empleados con un presupuesto de 73,000 millones de dólares cuyos deberes principales son establecer políticas para distribuir los fondos federales para la educación, distribuirlos y vigilar cómo se usan; recoger datos sobre las escuelas y hacer investigaciones; llamar la atención sobre asuntos que afectan a la educación; prohibir la discriminación en las escuelas y asegurarse de la igualdad de acceso a la educación.

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Bajo su propuesta fondos del Departamento de Educación pudieran ser destinados a la financiación de escuelas privadas y religiosas en detrimento de las escuelas públicas.

La dependencia gubernamental fue creada en 1980 por el entonces presidente demócrata Jimmy Carter y su sucesor, el republicano Ronald Reagan, intentó eliminarlo pero no pudo porque el Congreso, en manos demócratas, se lo impidió.

Los gobiernos de George Bush y George W. Bush no se interesaron en el tema, e incluso este le dio más poder al gobierno federal sobre la educación con la ley No Child Left Behind.

En 2016, los aspirantes republicanos a la presidencia Ted Cruz, Mike Huckabee, Rick Perry, Marco Rubio y Rick Santorum también afirmaron que lo eliminarían de ser electos.

Trump, por su parte, ha dejado claro que esa es su intención.

“Mucha gente cree que hay que eliminar el Departamento de Educación. Deshacerse de él. Si no lo eliminamos por completo ciertamente debemos recortar su poder y alcance. La educación debe ser administrada a nivel local”, escribió Trump en su libro ‘Great Again: How to Fix Our Crippled America’, publicado hace un año.

Agregó que los programas del Departamento de Educación “les quitan las decisiones a los padres y a las juntas escolares locales. Estos programas les permiten a los progresistas en el Departamento de Educación adoctrinar, no educar, a nuestros niños”.

Un sueño "casi imposible"

Pero Alexander Holt, analista de política pública educativa de la New America Foundation, la abolición del departamento es una promesa “casi imposible” de cumplir, por razones políticas y legales.

“Sí, los republicanos controlan todo, pero es erróneo decir que a los republicanos no les gustan las funciones del Departamento de Educación”, dijo Holt.

El experto explicó que abolir el departamento implica eliminar programas tan populares como la financiación de la ley IDEA, que autoriza la educación especial para niños con discapacidades; las Becas Pell, que son la principal fuente de financiación de los estudios superiores en el país y los programas de préstamos estudiantiles federales a bajo interés.

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Sin Becas Pell ni préstamos las instituciones educativas con fines de lucro dejarían de existir porque dependen de ellas para funcionar, así como las universidades privadas, y los estudiantes universitarios acudirían en masa a las universidades públicas financiadas por los estados.

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Algunas de las propuestas sobre política educativa aprobadas en las urnas tendrán consecuencias en el bolsillo de los contribuyentes, mediante impuestos o emisión de deuda.

Ese aumento en la demanda por universidades públicas recrudecería la presión sobre los estados para aumentar la cantidad de espacios disponibles y pagar por ellos mediante un alza de impuestos, algo contrario a la ideología conservadora.

El colapso de las universidades privadas y e instituciones con fines de lucro golpearía fuertemente a las comunidades en donde operan y a las ciudades universitarias, y provocarían “por lo menos una ligera recesión”, dijo Holt.

“Los republicanos, tanto como los demócratas, son muy sensibles a los deseos y necesidades de los colegios y universidades en sus distritos”, agregó el experto.

¿Es necesario el departamento?

En cuanto a las barreras legales, el Departamento de Educación tiene un mandato del Congreso para ejecutar las leyes aprobadas por la rama legislativa y renunciar a su deber abriría la puerta a demandas en los tribunales.

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El nuevo gobierno también necesita al departamento para que distribuya los 20,000 millones de dólares que Trump prometió para su programa de libre elección de escuelas, o school choice, para que los 11 millones de niños en edad escolar que viven en la pobreza puedan asistir a las escuelas públicas, privadas o religiosa que elijan.

Para Holt, el descontento de algunos conservadores con el departamento tiene más que ver con la percepción de que el secretario de Educación tiene mucho poder sobre los distritos escolares locales, en los niveles de kinder a duodécimo grado (K-12).

Algo irónico, considerando que hace casi un año fue un presidente demócrata quien proclamó la nueva ley educativa Every Student Succeeds (ESSA), que le devuelve la autoridad a los estados y los distritos locales sobre el desempeño de las escuelas, tras 14 años de estricto control federal bajo No Child Left Behind, proclamada por un republicano.

Por su parte, Neal McCluskey, director del Centro para la Libertad de la Educación del conservador Instituto Cato, opina que el Congreso debe dejar de financiar la educación en los niveles K-12 y abandonar las reglamentaciones vinculadas a esos fondos.

“La ayuda federal en última instancia es financiada por los contribuyentes que viven en los 50 estados y no es gratuita. De hecho, los estados solo reciben de vuelta el dinero con condiciones, mientras pierden miles de millones de dólares en burocracia derrochadora”, escribe McCluskey en un artículo para el instituto.

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Para el experto, eliminar la financiación de las escuelas permitirá pasarle los ahorros a los contribuyentes para que estos decidan si, por ejemplo, quieren enviar a sus hijos a escuelas privadas.

Los fondos para la educación pública, por su parte, deben quedar en poder de las autoridades estatales y locales “que están más cerca de la gente que las escuelas deben servir y pueden decidir cuál será el mejor uso que pueden darle a los dólares para la educación pública, ya sea reducir el tamaño de las clases, pagarles más a los maestros o darles a los padres más control poniendo en vigor programas de libre selección”.

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