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Prisiones de LA serán supervisadas para garantizar derechos de reos

Prisiones de LA serán supervisadas para garantizar derechos de reos

Entre las medidas está aumentar la supervisión de prisioneros con tendencias suicidas.

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La Oficina del Alguacil del condado de Los Ángeles acordó con el Departamento de Justicia introducir reformas en el sistema de las cárceles del condado para garantizar los derechos civiles de los presos, anunciaron las dos entidades.

El acuerdo protegerá a los reos de posibles abusos por parte de las carceleros a través de supervisión federal y mejora las condiciones de los detenidos, especialmente de quienes sufren enfermedades mentales.

"Continuaremos protegiendo vigorosamente los derechos civiles federales de todos los individuos, incluidos aquellos que están en prisión y quienes deben depender de los oficiales de las cárceles para su seguridad y sus necesidades más básicas", afirmó hoy la fiscal federal del Distrito Central de California, Eileen Decker.

Bajo el acuerdo presentado hoy, tanto el condado de Los Ángeles como la Oficina del Alguacil pondrán en marcha "reformas amplias para asegurar las condiciones constitucionales en las cárceles y restaurar la confianza pública".

Igualmente se pondrá énfasis especial en la identificación y manejo adecuado de los detenidos con síntomas de enfermedades mentales.

Entre otras medidas, los responsables del manejo de los presos mejorarán su comunicación con el personal de salud mental y aumentarán la supervisión de los enfermos mentales y los prisioneros con tendencias suicidas.

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Habrá, por ejemplo, una revisión más frecuente de los reclusos, y búsquedas más efectivas de artículos prohibidos como bolsas plásticas que los encarcelados pueden utilizar para quitarse la vida.

Igualmente, el Departamento del Alguacil realizará "revisiones significativas de las políticas de utilización de la fuerza, que deben llevar a una reducción significativa" de su uso excesivo.

El acuerdo, negociado por la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles con las autoridades federales, surge como resultado de un informe del Departamento de Justicia de junio de 2014.

En el reporte se acusó a los oficiales carcelarios de inacción para enfrentar las necesidades de los presos con problemas mentales.

Según el informe, las celdas estaban "mal iluminadas, infestadas con bichos, ruidosas, insalubres, estrechas y atestadas".

Las medidas anunciadas hoy se agregan a otras vigentes actualmente en el Departamento del Alguacil por las cuales las autoridades federales supervisan las operaciones del patrullaje en Antelope Valley.

Según la investigación, en esa área al norte de Los Ángeles, los latinos y los afroamericanos eran objetivo prioritario de detenciones y maltratos por parte de los alguaciles.

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