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Una instalación pública en Flint, ante la crisis por la contaminación del agua potable.

¿Revertirá la administración Trump el pequeño progreso que había logrado EEUU en materia de justicia ambiental?

¿Revertirá la administración Trump el pequeño progreso que había logrado EEUU en materia de justicia ambiental?

La Agencia de Protección del Medioambiente, (EPA) bajo la administración de Obama empezaba a avanzar en medidas para garantizar equidad y protección a las comunidades más vulnerables. Ahora, estos avances parecen correr peligro.

Una instalación pública en Flint, ante la crisis por la contaminación de...
Una instalación pública en Flint, ante la crisis por la contaminación del agua potable.

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La crisis del agua en Flint fue quizás el ejemplo más destacado de las desigualdades sociales vinculadas a los asuntos ambientales. Pero no es la primera crisis... para nada. Abunda la evidencia de que las instalaciones de residuos peligrosos, las fuentes de contaminación tóxica del aire y del agua y otras molestias ambientales son más propensas a estar ubicados en comunidades pobres y de minorías, y que estas comunidades enfrentan riesgos de salud desproporcionados como resultado.

Después de 20 años de políticas federales que no pudieron abordar adecuadamente este tipos de asuntos, la Agencia de Protección del Medioambiente, (EPA, por sus siglas en inglés) bajo la administración del Presidente Obama empezaba a avanzar en la justicia ambiental. Ahora, tras la elección del Presidente Trump y el nombramiento de Scott Pruitt como jefe de la EPA, estos avances positivos corren el riesgo de ser revertidos.

¿Qué es justicia ambiental?

En su sitio web oficial, la EPA define justicia ambiental como el “ trato justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, o ingresos, con respecto al desarrollo, la aplicación, y el cumplimiento de las leyes ambientales, las regulaciones y las políticas”.

Fue en 1994 que el Presidente Clinton emitió una orden ejecutiva en la que orientó a la EPA y otras agencias federales a integrar las consideraciones de justicia ambiental en sus políticas, programas y toma de decisiones. A pesar de esta directiva presidencial, la EPA fue lenta a la hora de actuar para tomar esta cuestión y la orden ejecutiva se convirtió en poco más que una política simbólica.

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En el 2015 edité un libro llamado "Promesas Incumplidas" ( Failed Promises), que reunió a un equipo de científicos sociales para evaluar la política de justicia ambiental federal. Mis colegas y yo encontramos que el gobierno federal se ha quedado corto en gran parte de sus compromisos de abordar las cargas ambientales desproporcionadas en las comunidades de bajos ingresos y de minorías.

La EPA durante la administración de Obama, sin embargo, drásticamente cambió el curso. La agencia no sólo le dio prioridad a la justicia ambiental, sino que también invirtió recursos importantes para asumir el tema con seriedad verdadera y rigor.

Respaldado por los fuertes compromisos personales de la Administradora, Lisa Jackson y su sucesora, Gina McCarthy, la agencia por primera vez elaboró las directrices, los procedimientos y las herramientas necesarias para adoptar acciones concretas para c orregir las desigualdades de ingresos y las desigualdades basadas en la raza en la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la EPA diseñó una nueva herramienta de análisis y mapeo, llamada EJSCREEN, para informar las decisiones de la agencia.

La EJSCREEN proporciona información acerca de la relación entre los riesgos ambientales y los factores socioeconómicos en las comunidades locales, proporcionando a los funcionarios (y al público) con una imagen clara de las vulnerabilidades en diferentes lugares de todo el país.

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En el 2011, la EPA publicó su Plan EJ 2014, que fue seguido algunos años más tarde por el Programa de Acción EJ 2020, un plan estratégico quinquenal para el avance de la justicia ambiental. Estos esfuerzos comenzaron a pagar dividendos en los años finales de la administración de Obama, como la EPA consideró más habitualmente la justicia ambiental en sus actividades. Esto también entró en juego cuando, por ejemplo, los funcionarios evaluaron los costos y beneficios de nuevas regulaciones, monitorearon los contaminantes tóxicos fuera de las refinerías y establecieron las prioridades de la aplicación federal. El registro no era perfecto.

La Oficina de Derechos Civiles del EPA no resolvió su mala gestión histórica de reclamos del Título VI que son hechas por las comunidades cuando creen que los beneficiarios de fondos federales están violando sus derechos civiles (por ejemplo, una agencia estatal otorgando un permiso para una nueva central de energía en la vecindad minoritaria ya sobrecargada). Y la agencia no intervino eficazmente mientras la crisis de contaminación de plomo se desarrolló en Flint, Michigan. Sin embargo, una evaluación justa es que la agencia había empezado a hacer algún cambio en la justicia ambiental.

¿Qué pasa ahora?

El futuro de la política de justicia ambiental de la EPA durante la administración de Trump es vulnerable a la disminución, si no a la retirada completa. Desde que tomó las riendas en la EPA, Scott Pruitt ha centrado su atención en llegar a la industria manufacturera, la agricultura, la minería y otras industrias afectadas por el reglamento de EPA, así como a iniciar la reducción de reglamentos de alto perfil, como la ley del Plan de Energía Limpia y del reglamento de las Aguas de los Estados Unidos.

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Los primeros indicios son que la reducción de la política será profunda, como lo ejemplifican los severos recortes presupuestarios propuestos por la EPA. El objetivo del 31% de recorte presupuestario a la agencia global significa amenazas directas e indirectas a los esfuerzos de la justicia ambiental de EPA.

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Más directamente, la administración de Trump ha propuesto eliminar la Oficina de Justicia Ambiental. Esta pequeña oficina, creada en 1992, sirve para coordinar las actividades de justicia ambiental en toda la agencia.

En el corto plazo, la oficina se esperaba desempeñar un papel clave en la aplicación de los objetivos del Programa de Acción del EJ 2020, incluyendo la coordinación de un alcance público más amplio para las comunidades vulnerables.

El presupuesto propuesto, si está promulgado por el Congreso, afectará también el programa de justicia ambiental de la EPA de otras maneras. Los planes de la administración de Trump para reducir los esfuerzos de ejecución mediante la reducción de recursos y personal son particularmente importantes.

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Debido a que las principales fuentes de contaminación, como las plantas de energía y las refinerías de petróleo, tienden a situarse en zonas pobres y minoritarias, cualquier cambio que resulte en una aplicación poco estricta de las normas medioambientales afectará desproporcionadamente a estas comunidades.

Por otra parte, a pesar de la insistencia de Scott Pruitt en que los gobiernos estatales tomen el relevo, hay razones para dudar que esto suceda, dadas las propias presiones presupuestarias de los estados. Al mismo tiempo, el presupuesto de Trump propone recortes a los programas de subvenciones de la EPA a los estados, lo que, a su vez, debilitarán sus capacidades de aplicación para vigilar la contaminación, llevar a cabo inspecciones o construir casos legales contra las empresas que violen las leyes ambientales.
Y, por supuesto, si la EPA reduce las regulaciones existentes que apuntan a las grandes fuentes de contaminación, son las comunidades de color y de bajos ingresos las que son propensas a lo peor. Las regulaciones diseñadas para mejorar la calidad del aire, la calidad del agua y la eliminación de sustancias peligrosas suelen beneficiar a estas comunidades en su mayoría, dado que tienden a vivir más cerca de tales riesgos de contaminación. La reducción de políticas en la EPA nos afectará a todos, así como a las generaciones futuras, pero son los pobres y las minorías los que están por perder más.

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*Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Conversation. El autor es , Profesor Asociado de la Universidad de Indiana, Bloomington.

The Conversation

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