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Texas se vuelve antiinmigrante

Texas se vuelve antiinmigrante

La toma de posesión de dos nuevos alcaldes con marcada posición antiinmigrante no es alentador para el norte de Texas.

Aplausos y promesas

DALLAS - La toma de posesión de dos nuevos alcaldes en las ciudades de Farmers Branch y Carrollton, con marcada posición antiinmigrante, no es alentador para el norte de Texas, según advierten grupos de apoyo a los indocumentados.

Tim O'Hare, ex regidor de Farmers Branch y creador de varias ordenanzas en contra de la inmigración ilegal, juramentó el lunes como alcalde de esa ciudad luego de ganar las elecciones por amplio margen.

Mientras que Robert Branson, quien prometió durante su campaña luchar en contra de los indocumentados si salía elegido, también prestó juramento como jefe del ayuntamiento en la vecina ciudad de Carrollton.

Para activistas como Héctor Flores, líder nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés), el futuro que le espera a la comunidad inmigrante de esas dos ciudades es desalentador.

"Ambos alcaldes han utilizado el tema de la inmigración indocumentada como un pretexto que les ha servido de anzuelo para ganar votos. Lo único que los hará cambiar de parecer es a través de lo que dictaminen las salas judiciales", comentó Flores en entrevista con Efe, en referencia a las cuatro demandas pendientes en contra del Ayuntamiento de Farmers Branch.

No pueden alquilar

Una de las demandas busca compensación monetaria por los efectos negativos que ha causado la ordenanza que prohíbe alquilar viviendas a indocumentados y que ha supuesto la pérdida de inquilinos en esta ciudad del norte de Texas.

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A finales de 2006, Farmers Branch aprobó una ordenanza que obligaba a los gerentes de inmuebles a verificar el estatus migratorio o ciudadano de sus inquilinos y fijaba una multa de 500 dólares por cada violación.

Pero un tribunal federal emitió una orden de restricción temporal contra la media mientras se analizaba si era o no constitucional.

Segunda embestida

Hace dos meses, el cabildo de Farmers Branch impulsó otra ley municipal que obliga a cualquier persona que quiera alquilar una casa o departamento a solicitar una licencia de ocupación, pero no ha entrado en vigor por la demanda que pesa sobre la ordenanza anterior.

También hay una demanda que reclama que los términos de esa ordenanza no son competencia del gobierno local sino del federal.

Otra querella exige una distribución justa de los distritos electorales que de cierta manera impide que exista un regidor que represente a las minorías.

Cuestión de precio

Según Flores, la meta de O'Hare es revitalizar varias zonas de Farmers Branch con la construcción de nuevos inmuebles en los lugares donde residen en estos momentos la gran mayoría de hispanos.

"Por eso es que su lucha ha sido siempre la de desalojar a los indocumentados porque, según él, ellos le quitan valor agregado a ciertos vecindarios", acusó Flores.

Carlos Quintanilla, presidente de Acción América, una organización que ayuda a los inmigrantes, también cree que los nuevos alcaldes de Farmers Branch y Carrollton buscan el desarrollo económico y urbanístico para sus ciudades.

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El dinero manda

"El dinero manda, de eso no hay duda. El progreso económico no tiene nada de malo, pero cuando se quiere desplazar a una comunidad para beneficio social y financiero, entonces algo anda mal", sostuvo Quintanilla.

"Dentro de poco vamos a ver nuevos edificios y construcciones modernas en ambas ciudades en lugares donde antes vivían los hispanos con el fin de que las propiedades aledañas empiecen a valorizarse", agregó.

Sin embargo, el representante estatal Roberto Alonzo (Dallas-103), abogado de profesión, duda de que se lleven a cabo cambios drásticos en esas ciudades en un corto plazo.

"Hay juicios pendientes que deben solucionarse y eso le significará a la ciudad gastos millonarios por costos legales. Dudo que alguien quiera invertir en una ciudad con esos problemas", dijo Alonzo.

Éxodo de estudiantes

El funcionario agregó que otro punto en contra es la pérdida repentina de alumnos en las escuelas debido al clima antiinmigrante que impera en el distrito escolar que ambas ciudades comparten.

"Más de 500 niños han dejado de asistir a sus respectivas escuelas. El distrito deja de recibir por cada niño que deja la escuela más de $6 mil dólares al año y eso no le conviene a nadie porque de seguir a ese ritmo, empezaremos a ver cierres de planteles y maestros sin trabajos", aseguró Alonzo.

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