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templarios demandaron al Papa

templarios demandaron al Papa

La Asociación Orden Soberana del Temple de Cristo exige la rehabilitación de la orden, suspendida por Clemente V en 1307.

$155 mil millones

MADRID - La Asociación Orden Soberana del Temple de Cristo, que asegura ser la heredera de los míticos templarios, ha presentado una demanda contra el Papa Benedicto XVI, al que exigen la rehabilitación de la orden, suspendida por Clemente V en 1307.

Le piden además el reconocimiento de sus bienes incautados, valorados en unos $155 mil millones.

La demanda, interpuesta en los Juzgados de Madrid contra el Santo Padre por vía de la Nunciatura Apostólica en España, solicita la revisión del proceso que terminó con la suspensión de la orden templaria hace ya 700 años.

La denuncia está formulada en contra de la persona física del Papa Benedicto XVI como sucesor de Clemente V y no como jefe del Estado del Vaticano, y deja claro que los actuales templarios no desean la restitución patrimonial de lo expoliado en el siglo XIV, que alcanzaría actualmente los $155 mil millones.

"No pretendemos en ningún caso producir la quiebra económica de la Iglesia Romana", añade el escrito, "sino que el tribunal pueda hacerse una idea de la magnitud de la operación tramada contra nuestra Orden".

Según la Asociación Orden Soberana del Temple de Cristo, legalmente inscrita en el registro de asociaciones, los templarios tenían censados nueve mil propiedades en toda Europa, sin contar los derechos sobre tierras, pastos, molinos y derechos portuarios, incluidos barcos de transporte y de guerra.

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En el siglo XIV los templarios, que contaban con más de 15 mil caballeros en toda Europa, tenían propiedades en España, Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Polonia.

La demanda está pendiente de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la orden del Temple ante la Audiencia Provincial de Madrid después de que no fuera admitida a trámite en primera instancia.

En su primer auto, la jueza encargada del caso negó la admisión a trámite por falta de jurisdicción, al entender que no correspondía a su tribunal pronunciarse sobre hechos ocurridos hace 700 años "al ser materia propia de historiadores".

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