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Dos años después de la nefasta jornada en la guardería ABC, 49 familias siguen pidiendo justicia.

Víctimas de la tragedia en la guardería infantil ABC piden cárcel para los culpables

Víctimas de la tragedia en la guardería infantil ABC piden cárcel para los culpables

“Extraño abrazarlo, jugar y convivir con él, y sus sonrisas que iluminaban toda mi existencia”, dice José Francisco García Quintana.

Dos años después de la nefasta jornada en la guardería ABC, 49 familias...
Dos años después de la nefasta jornada en la guardería ABC, 49 familias siguen pidiendo justicia.

Dos años de dolor e impunidad

Por Sandra E. Mendoza Ortiz, @smendoza_news en Twitter

“Extraño abrazarlo, jugar y convivir con él, y sus sonrisas que iluminaban toda mi existencia. No hay palabras para mí para describirle la felicidad que viví al lado de mi amado hijo. No solo me arrebataron a mi hijo, sino mi vida y mis proyectos”, dice José Francisco García Quintana, uno de los 49 padres que perdieron a sus niños hace dos años en una de las mayores tragedias infantiles en México, cuando un incendio en la guardería ABC de Sonora les arrebató la vida.

El papá de Andrés Alonso García Duarte sigue clamando justicia por la muerte de su hijo. Y como todos los miembros del Movimiento 5 de Junio A. C., una organización formada por padres de las víctimas mortales del incendio, asegura que “esta tragedia se pudo haber evitado”.

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García Quintana aseguró a Univision.com que los responsables directos de esta tragedia son “los dueños de la guardería ABC, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Protección Civil Municipal y estatal, gobierno municipal, estatal y federal, por su corrupción y actuar omiso, con sesgo a favorecer a todos los responsables, principalmente dueños y funcionarios de mediano y alto nivel”.

Dos años después de la nefasta jornada hay dos expedientes a nivel federal y uno a nivel estatal en contra de “funcionarios menores”, amparos a favor de los dueños de la guardería, un funcionario destituido e inhabilitado y dos más inhabilitados también para ocupar cargos públicos durante diez años.

La guardería que se incendió era subrogada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); es decir, pertenecía a particulares pero contaba con el aval de la institución mexicana, quien era encargada de vigilar, entre otras cosas, que las elementales normas de seguridad se cumplieran.

Sin embargo, las llamas que iniciaron en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal, contigua a la guardería, se propagaron hasta la guardería, sin que hubiera un protocolo de seguridad que permitiera salvar la vida de todos los menores.

María Josefina Carretas, madre de una de las víctimas mortales y maestra del jardín, aseguró que la puerta por la que debía sacar a los niños en el momento del siniestro debía estar abierta, pero estaba cerrada. “Las maestras corrieron para sacar sus bolsas y no a los niños, ni siquiera estaban sucios sus uniformes”, declaró al documental sobre la tragedia ABC: Justicia Justicia Justicia, que retoma lo que han sido estos dos años después del incendio.

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El 16 de junio de 2009, once días después de la calamidad, las maestras de la guardería ofrecieron una conferencia de prensa en la que se dijeron “extrañadas” por los dichos de que en la escuela no se cumplían las normas, pues las autoridades “las felicitaban por su buen funcionamiento”.

Exceso de confianza en el estado

García Quintana admitió que el hecho de que la guardería fuera del IMSS le hizo confiar en ella, y no reparar en las reglas de seguridad en ella.

Univision.com trató de hablar con algún funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social, para preguntar sobre los protocolos de seguridad que se deben seguir en las guarderías subrogadas y cómo se vigila el cumplimiento de estos, sin que Gloria Bermúdez, titular de la sala de prensa del IMSS devolviera la llamada.

Sin embargo, en la página web del Instituto Mexicano del Seguro Social especifica las acciones que se han tomado posteriores a la tragedia en la guardería ABC de Sonora.

“Ahora, es posible consultar a través del portal de internet del IMSS no sólo los contratos y quiénes son los socios de las guarderías en operación, sino también los resultados de las verificaciones de seguridad que se han realizado en cada una de ellas”.

El portal destaca además que “está en proceso de implementación un sistema de registro biométrico (huella digital) en todas las guarderías del Instituto. De manera similar, el personal que labora en cada uno de estos centros, estará sujeto al mismo mecanismo, situación que permitirá un control electrónico sobre la relación del número de cuidadoras por niño.

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“Asimismo (…), se diseña un mecanismo de participación de los padres de los niños inscritos en las guarderías, para ser testigos ciudadanos del cumplimiento de los criterios de la seguridad integral de sus hijos”.

El IMSS destacó en el mismo apartado de la guardería ABC, que su “Consejo Técnico autorizó la entrega de diversos apoyos por solidaridad entre los que destacan aportaciones en efectivo por 155,519.20 pesos (alrededor de $13,300) a cada uno de los familiares de los menores fallecidos, y hasta 233,278.80 pesos (alrededor de $20 mil) a cada uno de quienes resultaron lesionados”.

Las vidas no tienen precio

“Nada me va a devolver a mi nieta”, ni el dinero. Pero “pido justicia”, reclama Mercedes Ibarra, abuela de Emilia, una de las 25 niñas que perdieron la vida.

Cuando los hechos tuvieron lugar, Juan Francisco Molinar Horcasitas era el titular de la dependencia.

“El deseo de justicia es comprensible. Incluso el deseo de venganza”, declaró Molinar al documental. Sin embargo, el ex funcionario pidió “no olvidar que el IMSS fue una víctima más del incendio. No el victimario, sino una víctima más”. Pero a decir del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sí hubo violaciones graves a las garantías de los menores.

El 14 de junio de 2010, Zaldívar enfatizó que hubo violaciones a los derechos de a la protección y a la vida de los niños, y señaló a Daniel Karam, quien sustituyó al frente del IMSS a Molinar Horcasitas, a éste segundo y a varios funcionarios a nivel federal, estatal y municipal.

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No obstante, “el Juez Primero de Distrito, Raúl Martínez Martínez, la muerte de 25 niñas y 24 niños y más de 75 bebés con diferentes grados de lesiones, lo sigue considerando como delitos no graves”, advierte García Quintana.

Univision.com escribió a Juan Francisco Molinar Horcasitas, con la intención de tener su versión sobre estos hechos, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Aníbal Pérez Rocha, el director general de Comunicación Social del Ayuntamiento de Hermosillo, afirmó que la actual administración municipal -meses posterior a los hechos- no tienen ninguna petición de los padres de las víctimas o denuncia en su contra.

“Lo que nosotros hemos estado muy al pendiente es de atender las peticiones de los padres de familia por el asunto del Mausoleo. Al menos 24 padres de familia quieren que los restos de sus hijos descansen ahí.

“En cuestiones legales y jurídicas no estamos involucrados. En la normatividad de Protección Civil, a nosotros nos corresponde un ámbito, que tiene que ver con el cuerpo de bomberos: capacitación, contratación, equipo nuevo. A raíz de este acontecimiento se han dado instrucciones de fortalecerlo. Por otro lado, se han endurecido las políticas de revisión de salidas de emergencia, de rampas y todo lo que tenga que ver con la seguridad de los inmuebles.

Funcionarios se lavan las manos

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Cuestionado sobre el desempeño de los policías municipales en la tragedia del 5 de junio, señalada por varios padres como insuficiente, Pérez Rocha señaló que “en ese aspecto, esta administración ya entró después. Lo que sí es que se ha instruido en los mismos cursos de capacitación. A raíz de los hechos se empezó a crear la cultura de los simulacros en las guarderías, con los bomberos, con los policías.

“Es algo que nadie esperaba y no estaban preparados. Desafortunadamente es algo que ya sucedió y lo que estamos haciendo nosotros es haciendo simulacros coordinándonos todas las fuerzas de seguridad pública estatales, municipales y federales para tener la cultura de poder salir en una de estas situaciones. Esos son los esfuerzos que se están haciendo”, agregó el funcionario.

Justo a punto de cumplirse los dos años de la tragedia que arrebató la vida a 49 niños, se anunció la inhabilitación de dos ex funcionarios y la de un funcionario, que además fue destituido. Esto mientras sigue el curso de las investigaciones.

José Ángel Calderón Piñeiro, el director general de Responsabilidades de la Secretaría General de Contraloría del Estado de Sonora, dijo en entrevista a Univision.com, que el día 24 de mayo del presente año se dio la sentencia derivada de la denuncia que se presentó administrativamente. Es decir, el procedimiento administrativo que lleva por objeto evaluar las conductas imputadas a los servidores públicos estatales.

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“Se presentó una denuncia por parte de la Dirección General de Información e Integración, otra área de la contraloría, que fue la encargada de investigar la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que pudieran haber tenido una implicación en la tragedia. Derivado de esa investigación se encontraron elementos de una presunta responsabilidad de siete servidores públicos, entre los cuales destacan los hoy sancionados con una inhabilitación de diez años para ocupar cargos públicos”, indicó Calderón Piñeiro.

“La competencia nuestra es en el ámbito administrativo. Nosotros lo que procuramos es, una vez que emitimos la resolución, el alcance de esta es impedir que un servidor público que haya fallado a los principios que consagra el servicio público vuelva a tener oportunidad "en tanto no cumpla con la condena"de volver a ocupar un cargo público en la federación, en el estado o en los municipios”, agregó.

Inhabilitaciones y destituciones, pero…

Los dos ex servidores públicos que fueron inhabilitados son el ex secretario de Hacienda, el contador público Gilberto Inda Durán y el ex coordinador de la unidad estatal de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani.

Se destituyó e inhabilitó a un servidor público actual, subdirector de control vehicular de la Secretaría de Hacienda, Jorge Luis Melchor Islas.

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Sin embargo, esta sanción administrativa no necesariamente implica otra a nivel penal.

Otro de los hechos de gravedad, de acuerdo con José Francisco García Quintana, del Movimiento 5 de Junio, es que no se han tomado las medidas necesarias para evitar que una tragedia como esta se repita.

“Por eso y desde los primeros días, una de las exigencias principales aparte de la cárcel a los responsables, es la no repetición y la protección de niños y niñas, por lo que hemos exigido e impulsado una ley para Centros de Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (‘Ley 5 de Junio’)”.

Piden cárcel para los responsables

La petición concreta de los familiares de las víctimas es “cárcel a todos los responsables que están siendo procesados y que se amplíe el ejercicio de la acción a demás responsables que ni siquiera están o se les ha abierto una investigación dentro de estos los que nombró la Suprema Corte de Justicia en el informe preliminar y en el proyecto del ministro Arturo Zaldívar.

“El ‘ABC nunca más’; es decir, en memoria de nuestros hijos e hijas, la no repetición de una tragedia similar, exigiendo e impulsando una Ley que regule las mal llamadas guarderías que deben ser centros de cuidado y desarrollo integral infantil.

“El que se construya un memorial en su memoria para honrarlos”.

García Quintana concluyó haciendo un llamado a la sociedad mexicana: “Nuestra lucha no solo es en memoria de mi hijo, si no es en beneficio y para todos sus hijos e hijas, sobrinos, sobrinas, nietas y nietos, y gracias por hacer de nuestros hijos e hijas suyos al unirse en este reclamo nacional por justicia y que no se vuelva a repetir una tragedia similar”.

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