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Veinte indígenas salieron libres tras anulación de proceso de la masacre de Acteal

Veinte indígenas salieron libres tras anulación de proceso de la masacre de Acteal

Un total de 20 indígenas que permanecían presos por la matanza de Acteal, salieron en libertad tras la anulación del proceso judicial.

Dictamen de la Corte

CHIAPAS, México - Veinte personas que permanecían presas desde hacía más de una década por la matanza registrada en 1997 en la comunidad mexicana de Acteal, en la que los agresores y las 45 víctimas fueron indígenas, salieron en libertad tras la anulación del proceso judicial.

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A las tres de la madrugada del jueves, abandonaron de la prisión federal de El Amate, ubicada en la ciudad de Cintalapa, a unos 250 kilómetros de Acteal y unos 65 al oeste de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado sureño de Chiapas.

Mujeres e hijos de algunos de los liberados los esperaron a su salida, que se produjo de forma intempestiva para evitar el acoso de los periodistas.

La liberación, posible gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México decidió el miércoles anular el proceso por distintas irregularidades, estuvo precedida de una confrontación verbal entre los responsables del penal y los abogados, que alegaban que la decisión del tribunal era de cumplimiento inmediato.

El grupo de diez abogados que llevó la causa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de la capital mexicana, explicó a la prensa que sus clientes "tienen derecho de ir a su casa, estar con su familia, de llorar a sus muertos", en alusión a los parientes que han fallecido durante su permanencia en prisión.

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Uno de ellos, Agustin Gomez Pérez, perdió en 2005 a su hijo de 5 años cuando el camión en el que viajaba con su madre en dirección a la prisión se accidentó, apuntó uno de los letrados.

Tras abandonar el presidio, los indígenas fueron trasladados a un hotel ubicado a 50 kilómetros del penal por representantes de organizaciones sociales que pugnaron por su excarcelación.

Luego se dirigieron a la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, citados por el gobierno del estado, dijeron sus abogados.

Reubicarán a indígenas

Los indígenas liberados aceptaron la propuesta del gobierno de Chiapas de ser reubicados para que no regresen a la comunidad de Chenalhó para evitar nuevos brotes de violencia.

El gobierno de Chiapas propuso reubicar a los 20 indígenas tzotziles que salieron del penal de "El Amate", para evitar su regreso al municipio de Chenalhó donde se registró la matanza de Acteal, por lo que fueron encarcelados y, con su presencia, dar pie a un eventual conflicto social.

Noé Castañón, secretario general de gobierno, informó del acuerdo con los indígenas y del compromiso de la administración estatal de apoyarlos con viviendas y búsqueda de empleo para que puedan rehacer su vida junto a sus familiares.

Masacre en Acteal

Mientras, en la ermita de Acteal, junto a la cual está la tumba con las 45 cruces de las víctimas, el panorama era de absoluta tranquilidad, pues los activistas, familiares y sobrevivientes de la matanza aún no han retornado de Ciudad de México, donde ayer se manifestaron frente a la SCJN.

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La tragedia conmovió a la opinión pública nacional e internacional y forzó la renuncia del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces en el poder en el país. Algunos consideran a Ruiz el autor intelectual de la masacre.

Los hechos

En los meses previos a la tragedia de 1997, en la que murieron 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos, la zona de Acteal había sido escenario de confrontaciones entre indígenas afines al gobierno del PRI y miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del "Subcomandante Marcos", que se había levantado cuatro años antes.

En los meses que siguieron a la matanza las autoridades detuvieron a un centenar de personas, de las cuales una cincuentena permanece en la cárcel y solo nueve confesaron haber cometido el crimen.

Una de las razones argumentadas el miércoles por la SCJN para anular las condenas fue que se violaron las garantías individuales de los inculpados, entre ellas el derecho a una defensa adecuada.

Además, un testigo que inicialmente sostuvo que no hablaba español pasó después una lista con nombres de los supuestos autores, al parecer coaccionado por la policía.

Amnistía Internacional reclamó este jueves al Estado mexicano una nueva investigación sobre la matanza y opinó que el caso "muestra las graves deficiencias del sistema de justicia mexicano que parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo a los responsables de violaciones de derechos humanos".

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Todavía quedan una treintena de indígenas con opciones de recuperar la libertad si prosperan sus amparos. Doce años después, víctimas y condenados siguen clamando justicia.

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