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Una deuda social en México

Una deuda social en México

A pesar del rechazo de grupos conservadores, mujeres activistas exigieron su despenalización en México.

Un compromiso incumplido

CIUDAD DE MÉXICO - A pesar del rechazo de grupos conservadores y la Iglesia Católica; investigadoras, promotoras y activistas de los derechos humanos coincidieron en la urgencia de despenalizar el aborto en México, como una deuda de las autoridades federales hacia las mujeres más pobres y vulnerables del país.

De acuerdo con María del Mar Monroy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México no ha cumplido con los compromisos que ha firmado a nivel mundial a fin de asegurar los servicios básicos de salud sexual, reproductivos y de maternidad a todos sus pobladores.

Según la defensora, las distintas organizaciones internacionales con las que el país ha suscrito tratados y acuerdos mundiales han reclamado que el país aún no enmienda su legislación interna, entre ella las leyes que castigan el aborto, a fin de respetar los convenios pactados.

Monroy señaló que esta discusión, reanimada en México en los últimos días con la posible despenalización del aborto en la capital del país, es un debate sano para la nación y un paradigma para el resto de los estados, que verían como un ejemplo la discusión de leyes respecto a este tipo de problemas.

Conservadores e izquierdistas

Recientemente, legisladores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) propusieron en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y el Congreso federal legalizar el aborto durante las primeras 12 semanas del embarazo.

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La iniciativa ha provocado un acalorado debate entre las facciones que avalan la medida y grupos conservadores y la Iglesia Católica de México, donde las leyes permiten el proceso quirúrgico sólo si la vida de la mujer está en peligro o en casos de violación o incesto.

Los analistas esperan que la medida sea aprobada con relativa facilidad en la Ciudad de México, entidad dominada por el PRD y que recientemente certificó uniones para personas del mismo sexo en la capital, pero enfrentará un rumbo más difícil a nivel federal, donde el conservador Partido Acción Nacional (del presidente Felipe Calderón) tiene mayoría.

La tercera causa de muerte

Según Daniela Díaz responsable de la organización no gubernamental Fundar, la necesidad de legalizar el aborto en México radica en los altos índices de mortalidad materna generados a partir de la práctica de abortos clandestinos, problema que ocupa la tercera causa de muerte entre las mujeres embarazadas del país.

“En México el problema del aborto es una cuestión de justicia social, pues afecta a las mujeres pobres de todo el país”, indicó, “principalmente las jóvenes, quienes son las más vulnerables pues además de los riesgos normales del embarazo, las malas condiciones en que se practican los abortos clandestinos aumentan en gran medida el riesgo de muerte”.

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De acuerdo con Díaz, la propia administración del ex presidente Vicente Fox (2000-2006) reconoció en su informe final de gobierno que la práctica del aborto clandestino es una de las principales causas de mortalidad materna y llamó a tomar medidas al respecto.

“Es lamentable que esta nueva administración no atienda estos llamados y se niegue a tomar en cuenta este problema de salud pública en los planes federales de salud y al contrario criminalice su práctica obligando a las mujeres a practicarlo a escondidas”, indicó la investigadora.

“Las mujeres estamos muriendo”

Para Paola Caballero, activista de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos Elige, sostuvo que el empeño de las autoridades por negar los servicios necesarios de salud a sus pobladores representan una sentencia de muerte y una violación a los derechos básicos como ser humano.

Es hora que nuestra sexualidad deje de estar penalizada, indicó, no es posible que el aborto sea comparado con un asesinato o un asalto, las mujeres tenemos derechos a decidir y es imprescindible garantizar el acceso a procedimientos seguros.

“Las mujeres nos estamos muriendo”, expresó, sobre todo las más jóvenes, quienes según datos oficiales inician su vida sexual a los 15 años, pero con nulo acceso a los servicios de salud y métodos anticonceptivos que “supuestamente están asegurados por las leyes mexicanas”.

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Caballero responsabilizó de esta falta al conservadurismo de los encargados del poder político del país y señaló la intromisión de la Iglesia Católica y los grupos conservadores, como el presidido por Jorge Serrano, en las decisiones públicas del Estado.

Una ley de sangre

Serrano, presidente del católico Comité Nacional Provida, envió una misiva al alcalde de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, en la que le advierte que legalizar el aborto es una "traición" a los ciudadanos y una propuesta de "injusticia, muerte, violencia y destrucción", pues se tratará de "una ley de sangre".

Se derramará la "sangre de miles de bebes que serán brutalmente asesinados por una ley criminal" y "esas vidas serán responsabilidad del alcalde Ebrard y los asambleístas del Distrito Federal", indicó durante una conferencia de prensa en la que dio a conocer la carta.

Legalizar el aborto "es una verdadera traición, además de ser el más cobarde de los crímenes que atenta con la vida de un inocente y atenta contra la dignidad de las mujeres dañándolas irremisiblemente", aseguró Serrano en el documento.

Becas para embarazadas

Por su parte, el grupo parlamentario del conservador Partido Acción Nacional (PAN, del presidente Felipe Calderón) en la ALDF presentó una serie de iniciativas alternas, con la intención de demostrar que el aborto inducido no es la única respuesta para los embarazos no deseados en la Ciudad de México.

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En conferencia con los medios de comunicación, explicaron que intentarán establecer un sistema de becas a las mujeres embarazadas y a sus hijos, equivalente a los $55 mensuales, así como un programa para facilitar el proceso de adopción para las madres de escasos recursos que no pueden hacerse cargo de su pequeño.

Penas judiciales mayores

Las diputadas locales, comandadas por la congresista conservadora Paula Soto, anunciaron que presentarán además dos propuestas de reforma de ley. La primera para aumentar las penas contra quienes atenten contra mujeres embarazadas y la segunda con la finalidad de evitar cualquier tipo de discriminación contra este sector.

Respeto a las leyes

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud (SSA), José Ángel Córdova, en materia de salud pública exstien una gran cantidad de enfermedades que representan un riesgo mucho mayor que el aborto.

El funcionario federal indicó que la postura de la dependencia a su cargo es ser respetuosa de los acuerdos a los que lleguen los legisladores y que se aplicará la ley.

Reconoció que "el aborto es un problema de ineficiencia de los programas de planificación familiar. Alguien que llega al aborto es que no conoció o no siguió alguno de los métodos de de planificación familiar".

Córdova dijo que se deben reforzar estos programas, junto con educación en materia sexual, sobre todo para que haya disposición y difusión de todos los métodos de planificación familiar.

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Eterna discusión

Sobre esta discusión, la investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Elizabeth Maier, advirtió que el debate entre los diversos grupos sociales sobre el tema del aborto es irreconciliable.

La especialista comentó que, a pesar de las controversias que se han generado por el problema del aborto, aún no se ha dado un debate serio a nivel nacional para discutir el tema, sin que se generen visiones apasionadas de defensores y detractores del aborto.

En entrevista con los medios, aclaró que la despenalización del aborto no implica que se obligue a las mujeres a recurrir a esta práctica, sólo garantiza que se cumpla el término legal, que es garantizar la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo.

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